Servinabar adaptó en 2019 su objeto social a la actividad que llevaba años ejecutando con Acciona

La colaboración empresarial entre la cotizada Acciona y la pequeña mercantil navarra Servinabar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha puesto bajo sospecha por las adjudicaciones públicas que obtuvo la Unión Temporal de Empresas (UTE) entre ambas por parte del Gobierno de Navarra sigue arrojando interrogantes en línea con los indicios que maneja el Tribunal Supremo, a tenor de la documentación mercantil a la que ha podido acceder Público.

¿Cómo es posible que el Ejecutivo navarro adjudicase concursos públicos para proyectos de edificación y rehabilitación de edificios a una empresa en cuyo objeto social no se encontraban precisamente esas labores? 

Servinabar, cuyo administrador único, Antxon Alonso, se encuentra investigado por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo o caso Cerdán, se constituyó el 25 de septiembre de 2015 como empresa unipersonal (Alonso era su único propietario), cuyo objeto social era la gestión de servicios para trabajos administrativos, como archivos, digitalización, lectura de contenedores, organización de congresos, servicios de portería y la conservación y mantenimiento de todo tipo de edificios, entre otros. No figuraba ni la edificación ni la construcción de edificios, ni tampoco los servicios especializados en materia de prevención de riesgos laborales. Según el exdirector gerente de Acciona en Navarra, Fernando Merino, despedido en 2021 e investigado en la causa, la labor de Servinabar en la UTE era precisamente la de coordinar los programas sobre riesgos laborales. Ni Acciona ni Antxon Alonso han querido confirmar este extremo a preguntas de Público.

Estos dos objetos sociales (la construcción y los riesgos laborales) fueron incorporados a Servinabar mediante una modificación de los estatutos de la empresa el 12 de noviembre de 2019, según consta en la documentación mercantil consultada por Público. Con esa ampliación del objeto social, la "principal actividad" de Servinabar a partir de esa fecha fue "la elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación". 

Pero antes de esa fecha, Servinabar en UTE con Acciona ganó licitaciones de obra pública. Octubre de 2017, el gobierno navarro, entonces en manos de Uxue Barkos, que presidía el Ejecutivo de coalición de Geroa Bai, EH-Bildu, IU, Podemos y Batzarre, adjudicó a dicha UTE las obras de adecuación del recinto del Pabellón Navarra Arena, por 3,7 millones de euros. Se levantaron oficinas y despachos en un ala del complejo. 

En 2018, la UTE reeditada el 1 de enero de 2017 por Acciona Infraestructuras y Servinabar se hace con el proyecto para reformar el edificio del Archivo General de Navarra. Otra UTE, este vez entre Acciona Construcción y la mercantil de Antxon Alonso, en la misma fecha, logra el contrato público para la construcción de un bloque de viviendas para el alquiler joven en Pamplona. 

Fuentes jurídicas explican a Público que la falta de capacidad de obrar o la falta de habilitación profesional, por ejemplo, cuando el objeto social no se adecúa al objeto del contrato público, es una causa de nulidad de la adjudicación pública, según recoge la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Dichas fuentes indican que la Mesa de Contratación puede observar una falta de adecuación entre la actividad de una empresa y los trabajos para los que va a ser contratada. Estas fuentes dicen que este caso suele darse en las UTEs, en las que normalmente la actividad principal de una compañía complementa la de la otra.

Pero las presuntas irregularidades no acaban ahí. Según desveló Público este martes, Servinabar ha tardado año y medio en presentar las cuentas correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023; las acaba de presentar, el 2 de julio pasado, solo dos días después de que Santos Cerdán, a la sazón amigo íntimo de Antxon Alonso, entrase en prisión provisional. Y eso parece especialmente grave cuando la mitad de la UTE, Acciona, ha mantenido una relación empresarial fructífera con Servinabar, sancionada con el cierre provisional de la hoja registral por no presentar las cuentas a tiempo, como obliga la ley. Pero Acciona se escuda en la investigación interna que ha emprendido para no responder a Público sobre su posible falta de controles. 

El Gobierno de Navarra, por su parte, ha declinado contestar a las preguntas de este diario sobre qué controles fallaron como para que una empresa como Servinabar, cuya hoja registral estaba cerrada provisionalmente, pudiera constituir una UTE y ganar una de las licitaciones más importantes de los últimos años en la comunidad foral: el desdoblamiento del Túnel de Belate, por 63 millones de euros. Una UTE formada por Acciona, en un 55% de participación; Osés, con un 35%; y Servinabar (10%) fue la adjudicataria el  17 de enero de 2024, según consta en el Portal de Contratación de Navarra. 

En aquel momento Servinabar tenía su hoja registral cerrada temporalmente, como ha podido comprobar este diario, porque no entregó las cuentas de los ejercicios 2022 y 2023. Entonces, ¿cómo pudo demostrar su solvencia económica a la Mesa de Contratación del Departamento de Cohesión Social del Gobierno de Navarra, como órgano licitador? El silencio del Ejecutivo de María Chivite no ayuda a dar transparencia al asunto. 

El artículo 87 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, indica que la empresa que licita debe acreditar su solvencia económica y eso se hace aportando varios documentos, entre ellos, una certificación bancaria y una declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. Este dato se obtiene por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, como es el caso de Servinabar. 

Por su parte, Acciona ha iniciado los trámites para la resolución de "los contratos y los acuerdos de asociación vigentes que relacionan a la compañía y eventualmente a cualquiera de sus filiales con Servinabar 2000 S.L." El motivo "general" que aduce la constructora de Entrecanales es "el incumplimiento por parte de Servinabar de los compromisos contractuales adquiridos con Acciona Construcción S.A. de respeto y sujeción a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo, transparencia y debida diligencia". 

Como las obras del Túnel de Belate siguen activas, Acciona y Osés han presentado al Gobierno de Navarra una solicitud para poder echar de la UTE a Servinabar por su imputación en una causa judicial, como es el caso Cerdán.