El Supremo advierte al Gobierno de sanciones si no acoge a los menores solicitantes de asilo
Los magistrados insisten en que, la Administración estatal no "se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia".
Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, afirma que el Gobierno debe ser "muy exigente" para cumplir "todo el mandato" que le ha dado el Tribunal Supremo.

Madrid--Actualizado a
El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno la urgente adopción de medidas en relación al millar de menores no acompañados en Canarias que están interesados en pedir asilo y ha advertido de que, en caso de un nuevo incumplimiento de lo ordenado, podrá imponer medidas coercitivas a los responsables.
Así se ha pronunciado el Supremo tras la vista celebrada el día 29 de mayo, al entender que en ella se constató el "claro incumplimiento" de la medida cautelar acordada el 25 de marzo pasado, al no haberse evaluado a ningún menor en los dos meses transcurridos, ni elaborado una relación completa y precisa de los mismos.
Todo ello, señala, implica un total desconocimiento de los derechos que la legislación relativa a la protección internacional reconoce a los solicitantes de asilo, muy especialmente a los que se encuentran en situación de "vulnerabilidad y necesidad".
Los magistrados insisten en que, "hasta el momento, en claro incumplimiento de la medida cautelar acordada –son ya dos los requerimientos incumplidos–, la Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes, circunstancia que se erige en presupuesto de la anterior".
En el auto, para evitar dudas al respecto, se relaciona el conjunto de derechos que debe ser garantizado a estos menores y que son competencia exclusiva del Estado. Tales derechos, que no son solo los de contenido material o asistencial atendidos en este momento por la comunidad autónoma canaria, continúan sin ser efectivamente reconocidos a estos menores por parte de la Administración del Estado o no lo están siendo en su extensión debida, a pesar de tratarse de personas en evidente situación de vulnerabilidad y necesidad.
Sira Rego: el Gobierno debe cumplir el mandato
Tras conocer el auto, Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, ha afirmado que el Gobierno debe ser "muy exigente" para cumplir "todo el mandato" que le ha dado el Tribunal Supremo.
Rego ha reivindicado que este asunto exige de las Administraciones Públicas deben poner "lo mejor" para garantizar los derechos de estos niños y niñas no acompañadas que son solicitantes de asilo.
"Es imprescindible que desde el Gobierno cumplamos con la parte que nos corresponde, y en esto tenemos que ser absolutamente muy exigentes con nosotros mismos y cumplir con cada cosa que requiere el auto", ha concluido la ministra, para la que también es importante la colaboración entre Administraciones Públicas que señala el propio auto.
El papel de la comunidades autónomas
Rego ha recordado que la acogida y la tutela de los niños no acompañados que llegan a España corresponde a las comunidades autónomas, por lo que es "importantísimo también dar salida al cumplimiento del artículo 35 de la ley de Extranjería como una parte de los mecanismos que se tienen que poner en marcha", además del resto de cuestiones que señala el auto.
Preguntada por las medidas que va a adoptar el Gobierno de España, ha explicado que ya han comunicado un protocolo de colaboración con la Comunidad de Canarias y están "en pleno desarrollo" del Reglamento para la política de traslados a las comunidades autónomas, mientras que en los próximos días habrá una reunión interministerial para "un plan mucho más exigente de trabajo".
Sobre cómo afectará a las comunidades autónomas esta situación, Rego ha recordado que la semana pasada el Ministerio dio las cifras para "dimensionar" el sistema de acogida, con el mínimo de plazas que tiene que haber en cada comunidad autónoma para la acogida de niños y niñas no acompañadas, entre los que también hay solicitantes de asilo.
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