El TSJ de Madrid avala la gestión de Ayuso en las residencias de Alcorcón y Leganés en lo peor de la pandemia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha realizado un giro de guion que beneficia a la Comunidad de Madrid en la pugna iniciada por los consistorios de Leganés y Alcorcón que denunciaron que el Gobierno regional no medicalizó las residencias en plena ola de la pandemia, en abril de 2020, contraviniendo las directrices del Ministerio de Sanidad, y provocando cientos de muertes de ancianos, que ni siquiera fueron trasladados a los centros hospitalarios. 

Ahora, en sendas sentencias dictadas a principio de julio, a las que ha tenido acceso Público, el TSJ da la razón al Gobierno de Ayuso, desestimando los recursos interpuestos por los ayuntamientos de Leganés y de Alcorcón.

Las sentencias contradicen el criterio seguido hasta ahora por los jueces, que durante el procedimiento obligaron a la Consejería de Sanidad a medicalizar los centros y a aumentar las medidas de seguridad para los residentes. Ahora el TSJ dice que las directrices del Gobierno de Pedro Sánchez en la primera ola que instaban a las comunidades a medicalizar las residencias eran en realidad meras recomendaciones, sin una "concreción" de exigencia de actuación.  

Eso fue lo que exigieron estos dos consistorios madrileños: que la Comunidad de Madrid dotara de medios a las residencias en los primeros meses de la primera ola, según la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo del Ministerio de Sanidad, que exigía que las comunidades adoptasen "medidas relativas a las residencias de mayores y centros socio-sanitarios" ante la situación de "crisis sanitaria". Según los ayuntamientos de Leganés y de Alcorcón, entre marzo y mayo de 2020 murieron 195 mayores en las residencias de Leganés y 148 en las de Alcorcón. 

"Apreciamos una falta de medidas concretas a nivel legal, que definan el contenido del derecho subjetivo cuyo cumplimiento se reclama, y que, en esencia, constituye la arquitectura jurídica de la inactividad", sostiene la sentencia. 

"No se contempla, en definitiva, que los centros de personas mayores deban ser

transformados para prestar una asistencia sanitaria" ni que "exista una concreta obligación de aportar medios personales o materiales", concluye la sentencia en relación a la orden de Sanidad antes mencionada.

El letrado de la Comunidad de Madrid llegó a alegar que los consistorios no son los titulares de las residencias, refiriéndose así a que no estaban legitimados a exigir a la Administración regional ninguna medida, afirmando que tenían "un interés ajeno", como si velar por la seguridad de los convecinos no fuera competencia de los ayuntamientos. El argumento de la Comunidad fue desestimado por el tribunal. El Ayuntamiento de Alcorcón envió cuatro cartas al Gobierno regional en abril de 2020 exigiendo que adoptara medidas para proteger a los ancianos en las residencias.

Dos votos discrepantes

Las sentencias han quedado aprobadas con los votos de tres de las cinco magistradas, lo que da idea de lo controvertido del fallo. Las magistradas María Dolores Galindo Gil y Pilar García Ruiz han emitido un voto particular en el que expresan su convencimiento de que los recursos debían haber sido admitidos, ya consideran que la orden de Sanidad exigía una actividad a las comunidades, que la de Madrid incumplió. 

Las dos magistradas han alegado que "frente al fallo desestimatorio" la sentencia debería "acogerse" a las peticiones del Ayuntamiento de Alcorcón al "declarar la inactividad de la Comunidad de Madrid en la adopción de las medidas". 

Las magistradas discrepantes han defendido que "aquellas órdenes obligan a la Comunidad de Madrid" y que, por tanto, la "prestación material" debería haber sido mayor. Además, alegan que no se actuó "en favor de los residentes y trabajadores de aquellos centros residenciales" porque deberían haber modificado "su uso para darles un uso hospitalario". 

Ambos consistorios ya han anunciado que recurrirán el fallo.