La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que enviará a la Fiscalía toda la documentación relacionada con el contrato de la empresa Priviet Sportive  SL con la Comunidad de Madrid, del que su hermano cobró al menos 55.000 euros, antes "de que lo solicite" el Ministerio Fiscal, adonde han llegado varias denuncias de la Izquierda madrileña.

Ayuso ha reiterado que el mencionado contrato contó con la fiscalización preceptiva de la Cámara de Cuentas y de la Intervención de la Comunidad de Madrid. "Esta situación no es nueva, ya han intentado dañar mi imagen ante distintas instancias en decenas de ocasiones, sin éxito por cierto", ha subrayado. 

En efecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido airosa de varias citas con la Justicia, algunas muy cuestionables. Empezando con el asunto de Avalmadrid, en el que participaron sus padres y también Juan Carlos Herrero Casasola. Este directivo ha saltado a la palestra por estar al frente de una empresa, Prhoinsa, S.A., de la que es el administrador único y que ha recibido varios contratos menores por valor de 130.000 euros desde que Ayuso es presidenta. Pero llama la atención el contrato del que informó Público en exclusiva sobre los 925.000 euros sin procedimiento de publicidad, con el sistema de contratación de emergencia, para la adjudicación de 25 respiradores para los hospitales madrileños.  

La empresa semipública Avalmadrid concedió en 2011 un crédito de 400.000 euros a la sociedad MC Infortécnica SL, dedicada a la distribución de equipos médicos, constituida por cuatro matrimonios, entre los que se encontraban el formado por los progenitores de la presidenta madrileña y el de Herrero Casasola. La empresa jamás devolvió el dinero, pues se declaró insolvente. Los inmuebles que avalaron el crédito fueron sacados de la mercantil. Isabel Díaz Ayuso y su hermano, Tomás, recibieron dos pisos en donación de sus padres. 

El asunto llegó a los tribunales de la mano de Más Madrid en 2019, pero la  Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia al concluir que no podía determinarse que hubiera administración desleal en los gestores de la empresa que provocaran la insolvencia de la misma. 

Dos años después, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) presentó en el Supremo una querella por el piso que recibió Ayuso de sus padres en 2011 en concepto de donación y que habría servido para evadir el pago de la deuda de MC Infortécnica SL, a la que Avalmadrid concedió el crédito de 400.000 euros. Pero el Alto Tribunal archivó la causa al no apreciar indicios contra la presidenta madrileña. 

También se libró Ayuso de la obligación de cubrir las bajas de los médicos de atención primaria y de los pediatras que le había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia que supuso un éxito para los sindicatos médicos pero que luego el Tribunal Supremo descafeinó hasta despojar de contenido la condena que recayó en la Consejería de Sanidad de Ayuso. 

El Supremo dio la razón a Ayuso

El TSJ de Madrid condenó a la Comunidad de Madrid en 2021 por la  vulneración del derecho a la salud y seguridad de los facultativos madrileños durante la primera ola pandemia. El Gobierno de Ayuso recurrió al Supremo, que aún respetando la condena, la dejó sin efecto al revocar la obligatoriedad que imponía el fallo del tribunal madrileño de fijar cupos de pacientes para cada médico de atención primaria, así como el tiempo que los  facultativos debían dedicarles. 

El Supremo adujo, en una controvertida y reciente sentencia, que los tribunales no podían imponer la obligatoriedad de cubrir las vacantes existentes en la plantilla. Todo un varapalo para los sanitarios y para la ciudadanía. 

Por el escándalo de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia también se está librando Díaz Ayuso. De momento, las querellas en su contra por los protocolos que dictó su gobierno y que impedían el traslado de los ancianos a los hospitales--lo que ocasionó miles de muertes-- la están dejando al margen, igual que a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y al de Presidencia, Enrique López. Pese a que la Audiencia Provincial de Madrid acaba de reabrir la causa por las muertes de ancianos en cuatro residencias de la localidad de Leganés, ha dejado fuera de la causa a los altos cargos del Gobierno de Madrid.  

Pendientes del Constitucional

Pendiente está que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso del PSOE y de Unidas Podemos contra la Ley del Suelo aprobada por el Ejecutivo de Ayuso. La votación en la Asamblea de Madrid, en octubre de 2020, no contó con la mayoría necesaria, vulnerando el reglamento, pese a lo cual la norma para modificar la ley del suelo y liberalizar el sector urbanístico se dio por aprobada. El Tribunal Constitucional sostiene que los recursos tienen "especial trascendencia constitucional". 

Ocurrió el 1 de octubre  de 2020. La Asamblea de Madrid votó por segunda vez la modificación del Proyecto de Ley del Suelo, ocho horas después de que se aprobara esa misma mañana con los votos de PP, Cs y Vox, sin haber quorum en ambas ocasiones y por lectura única, es decir, sin dar la opción a presentar enmiendas, algo que va en contra del reglamento de la Asamblea madrileña. 

Ahora la Fiscalía Anticorrupción deberá decidir si prosperan o se archivan las denuncias de los grupos de Izquierda madrileños sobre el contrato de las mascarillas otorgado a Priviet Sportive, una empresa de un amigo de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano. Este ha cobrado, según Ayuso, unos 55.000 euros por facilitar la compra de las mascarillas en China a esta mercantil, aunque no está claro en calidad de qué cobró Tomás Díaz Ayuso por el contrato de 1,5 millones de euros ente Priviet Sportive y el Gobierno madrileño. 

Los socialistas madrileños han pedido este lunes a la Fiscalía Anticorrupción que investigue los otros tres cobros de Tomás Díaz Ayuso recibió de Priviet Sportive, cuya suma alcanzaría los 286.000 euros que Pablo Casado alertó hace escasos días que se ha había embolsado el hermano de Ayuso de dicho contrato.