El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de amparo presentados por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid en la Asamblea de Madrid contra la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, en octubre de 2020. "Pucherazo" y "atropello democrático" fueron dos de los graves calificativos que despertó la polémica votación que instó el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso para modificar la ley del suelo y liberalizar el sector urbanístico. 

El pasado 1 de octubre la Asamblea de Madrid votó por segunda vez la modificación del Proyecto de Ley del Suelo, ocho horas después de que se aprobara por esa misma mañana con los votos de PP, Cs y Vox, sin haber quorum en ambas ocasiones y por lectura única, es decir, sin dar la opción a presentar enmiendas, algo que va en contra del reglamento de la Asamblea madrileña. 

La Sección Primera del Tribunal Constitucional ha examinado los recursos de amparo y ha acordado admitirlos a trámite, apreciando que concurre en los mismos "una especial trascendencia constitucional" porque plantean un problema que afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal y "el asunto suscitado trasciende el caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales", consta en la providencia del Constitucional a la que ha tenido acceso Público. 

Aquel 1 de octubre de hace casi un año, el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano, pidió que se comprobase el quorum de la sesión en base al reglamento de la Asamblea. El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, de Ciudadanos, procedió a dar paso a la votación a pesar de las protestas de la bancada de izquierdas. Al celebrarse la votación se comprobó que tan sólo había presentes 55 de los 67 diputados necesarios para el quorum, y por lo tanto, que la votación no era válida. Por la tarde, sin previo aviso, el presidente Trinidad ordenó, cerrando las puertas del hemiciclo, repetir la votación, ante la evidente falta de mayoría necesaria, pese a lo cual la norma se dio por aprobada. 

El Constitucional ordena que se dirija una comunicación al Presidente de la Asamblea de Madrid para que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de todas las actuaciones realizadas contra los acuerdos y decisiones adoptados por los diferentes órganos de la Asamblea de Madrid relacionados con la tramitación del Proyecto de ley 1/20. El TC podría declarar nula la Ley del Suelo de Ayuso si entiende que hubo vulneración de los derechos de los diputados y diputadas de la oposición en la tramitación de dicha norma.

El grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid presentó un recurso de amparo, firmado por la hoy ministra de Justicia, Pilar Llop, contra la aprobación de aquella norma "sin el concurso de todos los diputados vulnerando de esa manera el derecho constitucional a participar en los asuntos públicos. El Tribunal Constitucional ya había admitido previamente un recurso de inconstitucionalidad presentado por cincuenta senadores socialistas. 

"Más de la mitad de los diputados y diputadas no pudieron ejercer su derecho a voto en aquella ocasión, un atropello", ha dicho este miércoles Hana Jalloul, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, que ha apuntado que la revisión por parte del Constitucional "da un toque de atención" al Gobierno regional "para que pare en sus imposiciones y en el hurto al control parlamentario". 

"Ayer en la Asamblea se produjo un doble secuestro de la legalidad y de los propios diputados. De la legalidad porque se aprobó la Ley del Suelo de Ayuso dos veces reconociendo que no había quorum. Y secuestro de los propios diputados a los que se trataron de encerrar bajo llave en el hemiciclo en el momento de la propia votación", denunció en su día el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. Más Madrid aún no ha recibido la providencia del Constitucional notificando la admisión a trámite de su recurso.

Por su parte, Unidas Podemos-IU, que ha celebrado la admisión a trámite de su recurso, calificó entonces de  "fraudulento" el carácter de la doble votación", condenando que la Asamblea de Madrid decidiera, "con nocturnidad", repetir la votación "sin previo aviso y tratase de cerrar la cámara para forzar el quórum". Finalmente, se volvió a aprobar la Ley "incluso con menos diputados presentes, siendo igualmente inválida la votación".