La UCO cree que el socio de Aldama destinó un millón a comprar la "voluntad" de Ábalos en la trama de los hidrocarburos
Los investigadores sostienen que también se vieron implicadas las cúpulas de los ministerios de Maroto y Ribera.
Madrid--Actualizado a
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el presunto socio del empresario Víctor de Aldama en la trama de fraude de hidrocarburos destinó "un millón de euros a comprar la voluntad" del exministro José Luis Ábalos para que intercediese a su favor en la obtención de una licencia que finalmente no consiguió.
En un nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional, los investigadores exponen cómo Claudio Rivas, presunto "máximo dirigente" de la trama, pidió a Aldama que intercediese para "obtener la influencia" de Ábalos, ahora en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo.
Buscaba -prosigue la UCO- que Aldama mediase con Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, para que "ejerciera su influencia" aprovechando sus cargos, "en distintas instancias ministeriales conocedoras o vinculadas" a la tramitación del expediente de concesión de la licencia como operador de la empresa Villafuel, sobre la que pivota la trama.
"Todo ello a cambio de una contraprestación económica acordada previamente", sostiene la UCO, que cree que el "pago" al exministro fue la entrega y disfrute, "bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento", de un chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz), que una sociedad de Claudio Rivas adquirió por 585.000 euros.
La adquisición del inmueble "se produjo tras un proceso de búsqueda y selección de una propiedad que se adecuara a las preferencias personales del ministro, proceso en el que intervino activamente su asesor Koldo García", que había intercambiado previamente diversos anuncios de propiedades con Ábalos.
Fue en una fecha coincidente con la segunda reunión mantenida por los presuntos líderes de la trama en el Ministerio de Industria y Turismo "cuando Koldo reenvió a Aldama el enlace a la oferta de venta de La Alcaidesa, evidenciando que fue la que eligió el ministro".
El empresario, según la UCO, actuó "como intermediario entre el ministro y la organización criminal", iniciando "las gestiones necesarias para la adquisición" de la vivienda. "El 17 de junio de 2021, Claudio Rivas, estando convencido de que obtendrían la autorización de operador mayorista, puso a disposición del ministro la referida propiedad", indican los agentes.
Además, la UCO señala que Ábalos disfrutó del chalet de julio a noviembre de 2021. Dos meses después del cese del ministro, y "ante la falta de concesión de la autorización pretendida, Claudio Rivas ordenó a su abogado la redacción de una demanda de resolución de contrato de arrendamiento, de desahucio y de reclamación de rentas".
Parte del mencionado millón de euros también fue a parar al bolsillo de Aldama, que "percibió 292.416,66 euros procedentes de la mercantil Have Got Time", la misma que oficializó la compra del chalet de Ábalos y que era propiedad de Rivas. Se trató, en concreto, de un "pago por su intermediación con el ministro en favor de los intereses de la presunta organización criminal, de la cual acabaría formando parte".
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La UCO sostiene que la trama no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.
El Instituto Armado explica que "se trata de un sector cuya regulación y supervisión implica la participación de diversos ministerios y organismos públicos", entre ellos Transición Ecológica, porque es quien otorga o deniega el inicio de actividad para operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos; e Industria porque "las empresas autorizadas tienen la obligación de remitir periódicamente información sobre precios, descuentos y volúmenes de comercialización".
La dinámica detallado por la UCO refleja que el objetivo de la presunta trama era que Aldama llegara a "un acuerdo" con Ábalos y "su entorno" para que "el ministro ejerciera su influencia en los órganos competentes del MITECO y del MINCOTUR".
De acuerdo con la UCO, el propio Aldama ofreció "sus contactos en el Gobierno" para ayudar a Rivas y sus socios, entre ellos Carmen Pano y su hija Leonor González. Esta última tenía una "relación estrecha de amistad" con el empresario, por lo que fue quien le avisó.
"Tú tienes tu reunión y ya ves si puedes hacer lo que te van a proponer. Porque si aceptas, te pagarán", le dijo el 19 de diciembre de 2020. "¿Puedes adelantarme algo?", pidió él. "Sí, pero no te he dicho nada. Es para las licencias de los gasocentros. Agilizar los trámites con Industria", contestó ella. Aldama avanzó que lo tenía "muy fácil" y que la cuestión era saber "cuánto pagan" para ver si le interesaba "mover todo". "Te pagan muy, muy, muy bien", aseveró González.
Según recoge el informe, "los contactos iniciales que dieron lugar a las primeras reuniones fueron dinamizados a través de Koldo García, quien facilitó las gestiones con Juan Ignacio Díaz Bidart", entonces director de gabinete de Maroto, del que la UCO dice que "podría haber sido designado por Ábalos para mantener la interlocución institucional con los miembros de la organización criminal".
No obstante, la propia Benemérita cree que se debió a una equivocación, "al atribuir erróneamente al citado Ministerio la competencia sobre la gestión que requerían".
La Guardia Civil asegura que esta circunstancia quedó "evidenciada" en un mensaje de WhatsApp que Aldama envió a González tras "la primera reunión". "Anda que decirme que era Industria y luego ser Energía. Menos mal que el padrino manda", dijo, en lo que la UCO entiende como una alusión a Ábalos.
La Guardia Civil recoge una "reunión informal" a las 21.00 en el restaurante madrileño La Tragantía, "al menos", entre Díaz Bidart, Aldama, el entonces asesor de Ábalos, Koldo García, y "una cuarta persona cuya identidad se desconoce".
La "primera reunión" oficial con Industria se produjo poco después, ese 28 de diciembre. "Me ha llamado mi madre para contarme la reunión de hoy con Industria. Está todo hecho, que no nos preocupemos por los permisos, que está ya hecho", escribió la hija de Pano a su entonces pareja, Natán González.
De ello, la UCO deduce que "finalizó de modo bastante satisfactoria para los intereses de la organización criminal", que asegura que "era plenamente consciente de que no cumplían" los requisitos legales.
El Instituto Armado plasma que "el principal obstáculo que la organización criminal pretendía sortear" era la obligación de disponer de los tres millones de euros que necesitaban acreditar ante el MITECO.
Los agentes también recalcan que fue García quien contactó con Marc Pons, director de gabinete de Ribera, durante la tramitación del expediente de Villafuel, y tras diversos requerimientos para subsanar "las deficiencias advertidas".
La UCO sostiene que el 8 de abril de 2021 Koldo reenvió a Pons una imagen con los datos de registro de la documentación sobre Villafuel. Dicha fotografía se la había reenviado Aldama a Koldo dos días antes, cuando ambos mantuvieron una reunión en el Ministerio junto a Rivas para "tratar temas relacionados con la validación del contenido de la declaración responsable que otorgar a la autorización de operador mayorista de hidrocarburos a Villafuel".
Los agentes aseguran que el hecho de que Koldo le enviara la imagen a Pons, "sin que mediara comentario alguno, sugiere que dicho envío obedeció al resultado de una conversación previamente sostenida entre ambos".
Según la Guardia Civil, el 8 de julio de ese año Koldo volvió a contactar con Pons para solicitar una reunión para entregarle unos documentos relacionados con una solicitud.
El Instituto Armado ve "llamativa" esta reunión al considerar que no parecía necesario el encuentro para recibir "papeles" porque ya sabía de la existencia del expediente y tenía "capacidad para disponer y tener acceso al mismo por los cauces ordinarios de su Ministerio". Dos días después, Ábalos fue cesado como ministro de Transportes.
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