Unidas Podemos junto a otras formaciones han presentado al Tribunal Constitucional la Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, que denominan como la 'Ley Uber de Ayuso', ha anunciado este martes la coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, en el Debate del Estado de la Región.

De esta forma, el grupo confederal ha sumado sus firmas junto a los diputados de ERC, Bildu, la CUP, Compromís, Más País y Junts para alcanzar la cifra necesaria de 50 parlamentarios, el mínimo requerido para acudir al tribunal de garantías.

Esta nueva ley, publicada el pasado 13 de junio, debería haber cumplido con la obligación de regular las autorizaciones para realizar transportes urbanos a las VTC respetando las competencias municipales en materia de transporte urbano.

"Sin embargo, esto no ha ocurrido, ya que precisamente la 'Ley Uber de Ayuso' prescinde de los mínimos requisitos legales e invade claramente las competencias municipales en materia de transporte urbano, otorgando autorización para realizar transporte urbano a todas las VTC con autorización nacional en la Comunidad de Madrid", señalan a Europa Press desde la formación morada.

Desde Unidas Podemos consideran que este texto legal supone una "gravísima violación" de la autonomía local y de las competencias de los ayuntamientos, "afectando a una materia tan sensible como el transporte urbano y la movilidad sostenible en las localidades afectadas".

"La vulneración de la competencia municipal en materia de transporte urbano colisiona de forma inaceptable con nuestro ordenamiento constitucional para proteger los intereses de transnacionales con sede en paraíso fiscal", esgrimen.

El recurso, cuya iniciativa y elaboración ha contado con la participación del sector del taxi, señala que la ley aprobada por el Gobierno de Ayuso "es una intolerable invasión y vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local garantizada en los artículos 137 y 140, que supone una grave degradación de los servicios públicos locales de transporte urbano de viajeros, con afectación al interés general local y a sus ciudadanos".

Añade, en otro de sus puntos, que "la Comunidad de Madrid se ha excedido anticonstitucionalmente en la regulación establecida en la norma impugnada". "Con esta ley, Ayuso se sitúa del lado de las empresas transnacionales como Uber, que están vulnerando a diario la legalidad -conviene recordar que ellos mismos lo reconocían en los correos electrónicos desvelados en los 'papeles de Uber'-. Este escándalo mostró la existencia de estrategias de elusión fiscal, estrategias para influir en poderes públicos y para romper la legalidad donde se implantaba la corporación", recalcan.

Madrid es "cómplice de Uber"

Rafael Mayoral, diputado de Unidas Podemos, señala en este sentido que "necesitamos proteger nuestros servicios públicos con tarifa regulada como es el taxi frente a las multinacionales, como Uber, que vienen a controlar el transporte urbano con estrategias de monopolio".

"Es una ley que viola la autonomía municipal, se salta la legalidad y convierte a la Comunidad de Madrid en cómplice de una empresa que, como hemos visto en los 'Uber files', se declara jodidamente ilegales como declaran en sus propios correos electrónicos", ha lanzado el parlamentario.

'Tito' Álvarez pide justicia para los taxistas "desamparados"

Mientras, el coordinador de Taxi Project, 'Tito' Álvarez, ha agradecido el apoyo de Unidas Podemos y el resto de fuerzas que han interpuesto el recurso, que "hace justicia" porque los taxistas de la región están "bastante desamparados". 

Además, se ha mostrado decepcionado con el PSOE en la Comunidad por no sumarse a esta iniciativa contra una ley que "se salta la ley" e "invade todas las competencias municipales".

"Parece que cuando se habla de Isabel Díaz Ayuso todo el mundo tiene miedo y es una vergüenza. Estamos indignados", ha apuntado Álvarez para alertar que en Andalucía acudirán también a los tribunales si se elabora un decreto en la línea de Madrid.