La regulación de las casas de apuestas para frenar los problemas que causan entre los colectivos más vulnerables (en especial los jóvenes y las clases populares) no debería quedarse de forma exclusiva en la limitación de la publicidad y el resto de medidas adoptadas por el Ministerio de Consumo. Así lo piensan en Unidas Podemos, que este viernes ha registrado una serie de propuestas en varios parlamentos autonómicos y ayuntamientos para que los territorios utilicen sus competencias con el fin de ampliar la regulación impulsada por Alberto Garzón.

En concreto, los de Pablo Iglesias solicitan la ampliación de las medidas de regulación de las casas de apuestas para proteger a la población de la desigualdad y el problema de salud pública que generan estos negocios. Las iniciativas registradas son una proposición no de ley a nivel autonómico y una moción a nivel municipal.

Estas iniciativas recogen medidas como la limitación de concesiones de nuevas autorizaciones de juego para casas de apuestas presenciales en función de la tasa de población y el establecimiento de una distancia mínima entre casas de apuestas y ciertas zonas consideradas de riesgo, como centros educativos, centros de rehabilitación y hospitales, así como el refuerzo de las inspecciones en estos establecimientos para controlar la entrada de menores.

Estas acciones recaerían en las competencias y funciones de las entidades locales y autonómicas, de ahí que la petición de Unidas Podemos se base en solicitar la ampliación de las medidas de regulación de las casas de apuestas con el objetivo de "proteger a la población de la desigualdad y el problema de salud pública que generan estos negocios".

Desde la formación destacan que, si bien el Ministerio de Consumo ya ha llevado a cabo medidas importantes en la regulación de la publicidad de las casas de apuestas, "es necesario que las comunidades autónomas y los ayuntamientos se impliquen y actualicen las normativas en el marco de sus competencias a los tiempos actuales".

La iniciativa ha sido impulsada desde las organizaciones juveniles Rebeldía y Jóvenes IU con el objetivo de "frenar la proliferación de las casas de apuestas en los barrios y sus consecuencias para la salud y la economía de los vecinos, algo que reclaman desde hace tiempo movimientos sociales y vecinales".

Implantar medidas donde Consumo no tiene competencias

Además de las medidas de control de la proliferación de las casas de apuestas, en Unidas Podemos quieren complementar la prevención con el impulso de centros sociales autogestionados por la juventud para "garantizar el derecho al ocio digno y accesible a todos los jóvenes"; Además de incentivar actividades alternativas compatibles con un ocio digno en los centros sociales, también se pide planificar actividades informativas en centros estudiantiles para informar del riesgo que suponen el juego y las apuestas.

La portavoz de Rebeldía, Diana Peinado, ha explicado que "ahora es el turno de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por eso hemos elaborado una batería de medidas que llegan más allá, donde el Ministerio de Consumo no tiene competencias". 

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó el real decreto para regular la publicidad audiovisual de las apuestas en línea y juegos de azar, que prohíbe los anuncios fuera del horario de la una a las cinco de la mañana y prevé multas para los operadores de hasta un millón de euros y la suspensión de la actividad empresarial.

La norma regula la publicidad de las casas de apuestas en todos los ámbitos, desde la televisión o la prensa escrita, hasta las redes sociales o las equipaciones deportivas, limitando sobremanera la promoción del juego y poniendo fin a lo que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, calificó como la "ley de la selva" que ha regido el sector de la publicidad audiovisual de los operadores en los últimos tiempos.

Además de la limitación horaria y de espacios publicitarios, el decreto establece que en aquellos anuncios que se emitan en el horario permitido no podrán aparecer personas o personajes, reales o ficticios, de relevancia o notoriedad pública. En el caso de campañas publicitarias con personas o personajes de relevancia que ya hayan sido contratadas, Garzón precisó que no se podrán seguir emitiendo a partir del 1 de abril de 2021. El resto de contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor se podrán mantener hasta el 30 de agosto de 2021.