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Violencia en la infancia El borrador de la Ley contra la violencia en la infancia se olvida de la perspectiva de género

El borrador de la ley al que ha tenido acceso Público no incluye ninguna medida concreta ni mención hacia las violencias específicas que sufren las niñas. Las ONG de infancia afirman que "las cifras no muestran que haya un sesgo de género en las víctimas". Por el contrario, el presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas considera imprescindible incluir la perspectiva de género y por discapacidad en la tramitación de la ley.

Abuso sexual infancia
El Gobierno aprueba este martes un anterpoyecto de ley contra la violencia en la infancia (foto archivo) / EFE

Marisa kohan

La ley contra la violencia hacia la infancia que tiene previsto aprobar el Gobierno en el Consejo de Ministros este martes incluye numerosas menciones a "los niños, las niñas y los adolescentes". Sin embargo, una lectura el profundidad del borrador al que ha tenido acceso este diario pone en evidencia que carece de una verdadera perspectiva de género, al no analizar ni abordar las violencias que sufren las niñas de manera específica por el hecho de serlo.

Una carencia tan notoria que el propio presidente de la Comisión de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Luis Pedernera, afirma que será imprescindible abordarla durante el periodo de tramitación parlamentaria de la norma. "Si hay cosas a mejorar en el proyecto de ley, la cuestión de género es una de ellas, porque indudablemente la forma en la que viven la violencia niños y niñas varía y ellas son particularmente vulnerables. El género tiene mucho que ver con el abordaje [que de las violencias] se haga en la ley y es importante que el proyecto recoja esta perspectiva. Otra cuestión que tiene que tener una consideración especial son los niños con discapacidad que también suelen ser los grandes olvidados en estos proyectos de ley ".

Pedernera hizo estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa en la que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan con la infancia estaban presentando la que califican como una "ley pionera en el mundo".

A preguntas de este diario sobre la falta de perspectiva de género de la nueva ley, el presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), Carles López, afirmó que "Actualmente las cifras de casos de delitos de violencia contra la infancia nos muestran que no hay un sesgo de género claro en las víctimas". Esta plataforma agrupa a las principales organizaciones de infancia y ha sido muy activa la elaboración de la ley.

Esta afirmación choca con el análisis de diversas expertas y organismos internacionales, que alertan de la necesidad de valorar las violencias que sufren las mujeres y niñas de forma diferenciada al de los niños varones, y que están recogidos en tratados internacionales firmados por España, como la convención de la ONU contra la discriminación contra mujeres y niñas (CEDAW por sus siglas en inglés) o el Convenio de Estambul del consejo de Europa, que es uno de los instrumentos más avanzados en materia de derechos humanos de mujeres y niñas. 

Conocer la violencia específica que sufren las niñas no es sencillo porque no existen datos oficiales desagregados por sexo que arrojen un panorama claro. Pero la mayor incidencia de los delitos contra la libertad sexual, la especificidad de otros como la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos o la trata con fines de explotación sexual, entre otros, son delitos de afectan en exclusiva o de forma desproporcionada a las niñas, según denuncian organizaciones que trabajan en la infancia como Plan International

La organización de Naciones Unidas, Unicef, explica en una de sus guías que "los proyectos que tengan como objetivo la protección de derechos de niños y niñas contra la violencia, explotación y abuso, no pueden prescindir de una análisis de género para comprender de que manera la construcción cultural y social de los roles de género impacta en la vida de niños y niñas. "El enfoque de género en la protección de la infancia parte del reconocimiento de que las normas de género dan lugar a riesgos y vulnerabilidades diferentes para los niños y las niñas" afirma esta organización. 

De hecho desde hace años diversas expertas en infancia están reclamando la necesidad de hacer una base de datos con información desagregada de las violencias en la infancia para poder conocer el problema e implementar políticas públicas eficaces para acabar con ellas. 

La experta y también víctima de violencia sexual, Vicky Bernadet, presenta de la fundación que lleva su nombre y que también participó en la rueda de prensa, afirmó a Público que si bien es verdad que algunos estudios afirman que en el tema específico de la violencia sexual hacia la infancia las cifras tienden a acercarse entre los dos sexos, "se hace necesaria una lectura de género más amplia en la ley, teniendo en cuenta que se trata de una norma que aborda de forma integral estas violencias y que tiene en cuenta la multiplicidad de violencias que sufren niños y niñas de forma diferenciada". "Ojalá que en la fase de tramitación se incluya una mirada de género".

La punta de un enorme iceberg

Andrés Conde, director general de Save the Children, reconoció en la rueda de prensa que lo que conocemos sobre la violencia en la infancia es tan solo "la punta de un enorme iceberg" y que los datos  "no recogen las manifestaciones más prevalentes de la violencia hacia la infancia que se da en el ámbito intrafamiliar", porque la mayoría estos delitos nunca llegan a denunciarse. "Solo vemos la punta de algo cuya base es más amplia y desconocida".

Según los últimos datos sobre violencia recogidos por el Ministerio del Interior, durante 2018 (último año sobre el que hay datos) se denunciaron 24.809 delitos violentos contra menores de edad. Y del total de delitos violentos en nuestro país durante ese mismo año, el 43% tuvo a un menor de edad como víctima.

Diversos estudios llevados a cabo por instituciones como el Consejo de Europa, expertos y asociaciones de defensa de los derechos de los menores calculan que en el ámbito internacional, entre el 15% y el 20% de los niños y niñas sufren algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años, sólo por nombrar una de las violencias que más se dan en el entorno de la familia. En España las cifras son similares. Se estima que uno de cada cinco menores sufren este tipo de violencias sexuales intrafamiliares. De estas sólo se denuncia un 15 % y el 70% de ese porcentaje se archivan por falta de pruebas.

Si esta es la pobreza de los datos de una de las violencias contra la infancia que está más estudiada, da una dimensión del enorme agujero que existe en el conocimiento del resto de violencias y cómo afecta de forma diferenciada a niñas y niños. 

A mejorar en la ley

No sólo la perspectiva de género y  la protección especial hacia los menores con discapacidad son mejorables en la ley. Las organizaciones especializadas en infancia reconocen que, si bien la ley integral es una gran noticia largamente esperada, hay otros ámbitos con capacidad de mejoras. Entre ellos, una posible ampliación de la edad en la que comienza a contar el plazo de prescripción de los delitos. El borrador actual incrementa esa edad de los 18 a los 30 años. Es decir que los 5 a 15 años que la ley estipula como prescripción, comenzarían a contar a partir de que la víctima cumpliera la treintena y no la mayoría de edad como ahora. Esta medida es clave porque muchas víctimas sólo han sido capaces de hablar o denunciar las violencias que vivieron de niños después de muchos años. 

Con la reforma que propone el Gobierno los delitos más graves podrán ser denunciados hasta los 45 años. Sin embargo, las ONG piden que se amplíe el plazo de prescripción otros diez años más o simplemente que este tipo de delitos no prescriban.

Otro punto de mejora para el responsable de Save the Children, es el derecho del niño y la niña a ser escuchados. "Esto es clave porque en lo que se refiere a la violencia hacia la infancia uno de los principales problemas es que a los niños y las niñas no se los cree."

Por último, Conde recalca que es imprescindible la especialización de jueces y fiscales y la realización de la prueba reconstituida, una declaración única por la que debe pasa el menor para evitar la revictimicazión en el sistema de justicia. "Los últimos borradores de la ley recogían la necesidad de implementar juzgados específicos para la infancia, pero no es seguro que eso se mantenga en la borrador final, aunque sería una medida clave".

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