Medio año después del inicio del mandato, se constata el giro de 180 grados de las políticas municipales bajo el nuevo Ayuntamiento de Jaume Collboni en Barcelona. A pesar de que los socialistas formaban parte del gobierno de Ada Colau, las prioridades son ahora diferentes. Seguridad, limpieza y civismo se han situado en un primer plano, y la vivienda, ámbito central de los comuns, se ha relegado a un rol secundario.

En una ciudad que sigue tensionada por la especulación, los fondos buitre y el turismo, y mientras los precios de los alquileres superan récords históricos, Collboni está dando pasos hacia desmantelar parte del legado de los comuns. Es el caso de dos de las medidas estrella de Colau en el ámbito, como la congelación de licencias turísticas y hoteleras y la reserva del 30% de nuevas promociones para vivienda social.

Movimientos sociales y vecinales, entre ellos los sindicatos de vivienda, así como la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico, acusan al PSC de retroceder varios años y "volver a la vieja política de expulsión de vecinas" para favorecer a los intereses del lobby inmobiliario y hotelero.

Todo ello contrasta con dos mandatos de los comuns en los que la vivienda fue una prioridad central y en la que los de Colau sacan pecho de haber "liderado la inversión en vivienda pública en el Estado" y haber situado al Ayuntamiento como "principal promotor" de vivienda en la ciudad.

Ampliación del parque público

Según datos de Barcelona en Comú, entre 2015 y 2022 el parque público se amplió en más de 4.000 pisos, incluyendo construcción, compras y captación de vivienda privada. En total, el parque ahora supera las 11.500 viviendas y este año se están construyendo todavía cerca de 2.500. También compraron 21 bloques afectados por mobbing inmobiliario.

"La maquinaria municipal de construcción de vivienda estaba parada en 2015", remacha un documento al que ha tenido acceso Público. Tras la movilización de 1.000 millones de euros, la previsión es que, sumando los nuevos pisos de 2023, a finales de año se haya doblado el parque que había hace ocho años, cuando accedieron al poder municipal.

Más allá de los nuevos pisos, el consistorio también impulsó "políticas innovadoras" que obtuvieron reconocimiento internacional, como los APROP, los alojamientos provisionales en contenedores marítimos. Pese a la polémica que generaron en un inicio, la Comisión Europea los premió con el galardón New European Bauhaus. Ya funcionan los dos primeros edificios, en Ciutat Vella y en Glòries, con un total de 54 alojamientos.

Medidas parciales de Collboni

Collboni ha demostrado desde el inicio que la vivienda no es su prioridad, aunque esto no significa que no haya impulsado algunas medidas en estos seis meses. Es el caso de la cesión de tres nuevos solares a entidades sin ánimo de lucro para construir pisos, y la renovación del acuerdo firmado con la Sareb en 2015 para ceder más de 150 pisos para alquiler asequible.

También se ha hecho público recientemente un plan que otorgará ayudas a los jóvenes para emanciparse, aunque no se ha concretado cómo se repartirán y eso no incide en un mercado de vivienda cada vez más tensionado.

Sin embargo, esto se aleja de la oposición que Colau ejerció durante ocho años -de forma tibia por los movimientos sociales- contra lobbies y fondos buitre, que le ha valido numerosas querellas, todas archivadas. La última, este mismo jueves, después de que la juez haya considerado que "solo buscaba efecto mediático".

Precisamente, los comuns habían hecho bandera de este freno a los fondos buitre, con la imposición de multas por mantener bloques vacíos y negarse a ofrecer alquiler social. Las sanciones ascienden a cerca de tres millones de euros, pese a las dificultades para comprobar si han sido abonadas.

Flexibilización del 30% y reapertura de licencias

En cuanto a deshacer las medidas estrella de Colau, Collboni ha mostrado ya sus intenciones respecto al 30% de reserva de nuevos pisos para vivienda protegida. Los socialistas aprobaron con Junts y PP una propuesta de los de Xavier Trias para flexibilizar esta norma. La medida ha sido duramente cuestionada por sus detractores por su ineficiencia, mientras los defensores alegan "boicot" de los operadores inmobiliarios.

Precisamente a finales de 2022, el Ayuntamiento todavía liderado por los comuns anunció el inicio de expedientes sancionadores que podían culminar en multas de hasta 1,5 millones por el incumplimiento de la medida por parte de distintos operadores, que han desplegado todo tipo de prácticas para evitarlo.

La flexibilización propuesta permitiría, entre otros, que el Ayuntamiento cobre el valor de los pisos en lugar de que éstos queden efectivamente reservados. Los movimientos sociales han denunciado la connivencia de los partidos con los "intereses" del lobby inmobiliario para tumbar una medida que persigue hacer corresponsable al sector privado de la emergencia habitacional, ampliando el parque y haciéndolo de forma equilibrada para toda la ciudad y no sólo en los barrios periféricos.

Por otro lado, también con Junts, los socialistas se abrieron a una modificación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), para permitir el alquiler de habitaciones por días y también reabrir las licencias por nuevos hoteles. Sin embargo, en este caso el PSC sólo se abstuvo, aunque eso permitió su aprobación.

El PEUAT ha sido uno de los instrumentos emblemáticos de los comuns para combatir la presión de los pisos turísticos, con las licencias congeladas y el cierre de cerca de 6.000 pisos ilegales. Con este paso, parece que Collboni sienta las bases para su modificación.