La gestión de las pensiones no contributivas se atasca: se conceden menos, se alargan los plazos para resolver las solicitudes y aumenta la lista de espera.  Son ayudas, además, cuya cotización no garantiza una pensión que permita subsistir al retirarse -menos de 360 euros por vejez y de apenas 400 por invalidez de media- y afecta a las mujeres en dos de cada tres casos.

Se trata de otro de los síntomas de gripado de las estructuras del Estado de Bienestar en España tras la crisis, que se suma a otros como la muerte de más de cien dependientes al día en espera de atención (200.000 en seis años), el hecho de que más de un tercio de los parados no cobre prestación de desempleo o la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas mientras el Gobierno opta por el discurso del miedo en lugar de acometer el amplio abanico de recetas que expertos y oposición le ofrecen.

Ese gripado es especialmente visible en las pensiones no contributivas por invalidez, cuyo número de beneficiarios se quedó ligeramente por debajo de los 200.000 en 2016, tras cuatro años de ascenso, para caer en casi 2.000 el año pasado y seguir descendiendo en los tres primeros meses de este, en los que ha bajado a 197.669. Reciben una ayuda media de 403,84 euros que el año pasado, con una subida del 1%, requirió una partida de 1.114 millones.

Sí aumentó en 1.525 el número de jubilados que reciben ayudas no contributivas, de 359,24 euros en marzo con aumentos anuales de en torno a medio punto que sitúan el coste global en 1.288 millones, aunque su avance se ve superado por el retroceso de los anteriores en 399 beneficiarios.

La tendencia al recorte de los perceptores de pensiones no contributivas por el actual Gobierno supone retomar la línea restrictiva iniciada en 2003, cuando rondaban el medio millón, y atajar el leve repunte de casi 10.000 (de 445.278 a 455.077, un 2,2%) registrado entre 2012 y 2016.

De 91 días a 123 en jubilación y de 162 a 194 en invalidez

Ese recorte del número de beneficiarios coincide con un aumento del 18% del volumen de solicitudes pendientes de resolver, que han pasado de 19.654 a 23.273 en seis años, y del tiempo de tramitación, según las estadísticas del propio Imserso. Los 91 y los 162 días que la Administración tardaba en 2011 en resolver una petición de pensión no contributiva de jubilación y de invalidez han pasado a convertirse en 123 y 194, con prolongaciones de 12 y 25 solo en el último ejercicio.

El llamado coeficiente de cobertura ha bajado en más de seis puntos en los últimos seis años

Como consecuencia de eso, el llamado coeficiente de cobertura, que mide la relación entre solicitudes presentadas y resueltas ha bajado en más de seis puntos en los últimos seis años, al caer del 101,87% (se resolvían más de las que se presentaban al cabo del año) al 96,48%, mientras el coeficiente de reconocimiento, aunque crece ligeramente, sigue sin superar las dos terceras partes del total.

Es decir, que desciende la efectividad de la tramitación mientras se alargan sus plazos mientras el nivel de rechazo se mantiene y cae también la aceptación de reclamaciones, que el año pasado se cerró con una tasa del 38,06%, la menor desde 2011 con 15.932 de 41.250.

El grueso de las denegaciones se concentra en las pensiones de invalidez, principalmente por el requisito de acreditar un grado de minusvalía del 65%, aunque la principal causa es que la familia o la unidad de convivencia del solicitante supere los límites de ingresos, inferiores, en cualquier caso, al umbral de la pobreza.

Dos tercios de los beneficiarios son mujeres

Las pensiones no contributivas, que conceden y gestionan las comunidades autónomas y que se financian con cargo al Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) vía Presupuestos del Estado, fueron instauradas en 1990 en desarrollo del mandato constitucional de ampliar la cobertura de la Seguridad Social para garantizar “la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad” a “todos los ciudadanos”.

Tienen dos grupos principales de beneficiarios: los mayores de 65 años y las personas con más de un 65% de invalidez cuyas rentas sean inferiores a las de esas ayudas, lo que supone una media de 5.030 euros los casos de vejez y 5.653 por invalidez.

En la práctica, casi dos tercios de quienes las reciben son mujeres (65,81%), cuyas peores carreras de cotización a la Seguridad Social limitan su acceso a pensiones contributivas dignas, lo que las sitúa como las principales afectadas por los recortes en este tipo de prestaciones.

Las mujeres triplican con creces a los hombres como beneficiarias de pensiones no contributivas de jubilación (153.625 por 46.664) y también en las de retiro como consecuencia de invalidez (43.383 por 14.133), mientras que la relación se iguala en las de invalidez (101.499 por 94.286), aunque de nuevo con mayor presencia femenina en este caso.