"Se nos trata de delicuentes cuando somos unas madres que intentan proteger a

sus hijos". Juana Rivas, granadina de 35 años, es una de las madres supervivientes de violencia machista que este martes ha entregado en el Ministerio de Justicia 150.000 firmas para pedir que sus hijos, de 2 y 10 años, no tengan que regresar a Italia con su padre, el agresor de Juana, condenado en España por violencia de género.

El marco jurídico español reconoce como víctimas de la violencia machista a los hijos de las mujeres que han sufrido maltrato e impide a los maltratadores condenados poder recibir la custodia de los menores, ni siquiera de forma compartida, como una medida de protección a estos. Sin embargo, un mecanismo legal contemplado en la justicia internacional está haciendo posible que, en algunos casos, los niños se vean obligados a regresar junto al maltratador cuando este denuncia a la mujer desde un país extranjero por sustracción internacional de menores.

Esto es exactamente lo que le ha ocurrido a Juana, que en mayo de 2016 y sin permiso paterno, se llevó a sus hijos de regreso a España, huyendo de la violencia a la que le sometía su expareja en la pequeña isla italiana de Carloforte donde vivían.

También a Vanessa Skewes, una chilena de 30 años que escapó de su país para venir a España junto a sus hijos después de que un Tribunal de Chile le concediera a ella una orden de alejamiento, aunque no a los niños. Su maltratador ha denunciado la "sustracción" de los menores y reclama la restitución de sus dos hijos, de 9 y 7 años, a su país.

Hay más casos, como Soraya, aunque no se siente con fuerzas para hablar ante los medios.

La Justicia española no las ampara. En diciembre, una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granada ordenó la restitución inmediata de los hijos de Juana junto a su padre en Italia, pero ella ha recurrido. La Audiencia Provincial de Alicante y el Tribunal Supremo fallaron asimismo en contra de Vanessa, quien ahora reclama ante el Tribunal Constitucional.

Los maltratadores se acogen a un convenio internacional de protección de menores

"Es ya hora, en el marco jurídico internacional y en el español, de que se tenga claro que un padre maltratador no es un buen padre. Lo que no podemos pensar es que una madre que huye del maltrato esté pidiéndole autorización al maltratador para llevarse a los hijos", señala Paqui Granados, asesora jurídica del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena, en Granada, donde reside Juana y que este lunes aprobó una moción instando al Ministerio de Justicia y a la Comisión de Justicia del Parlamento a la elaboración de un protocolo específico para estos casos.

El mecanismo legal al que se están agarrando los maltratadores es el Convenio sobre los Apectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, un acuerdo internacional en vigor desde 1983 que se creó para proteger a los niños en casos de traslado o retención ilícitos, y que estima que es necesaria la autorización de ambos progenitores para trasladar a los menores a otro país. El convenio exige además a los países firmantes a ordenar la restitución de los menores en su país habitual de residencia en un periodo no superior a seis semanas.

Los tribunales españoles han fallado en contra de las víctimas en todos los casos 

"El convenio no es en principio ni bueno ni malo. Es un convenio cuyo espíritu es defender a los menores, pero actualmente se está utilizando de manera absolutamente espúrea, fraudulenta, porque son los maltratadores los que están amparándose en un mecanismo ultrarrápido y extraordinario para hacer uso de este tipo de medidas", explica Granados, que se queja de que, aunque el marco jurídico español reconoce a los menores como víctimas, "mucha parte del sistema judicial desconoce y no aplica esa realidad".

"Salimos de una situación de violencia extrema", ha recordado Vanessa a las puertas del Ministerio, antes de entregar las firmas recogidas a través de la plataforma Change.org

"Queremos que se cree un protocolo taransnacional para una solución definitiva. No puede ser que un maltratador pida la custodia de su hijo", ha zanjado Noel López, acalde de Maracena.