El diputado de Acción Social de Bizkaia, Sergio Murillo, y las tres funcionarias del Servicio de Infancia acusados de haber quitado a Irune Costumero a su hija han reconocido que consideraron que la menor se encontraba en situación de riesgo y desprotección en base a una valoración que argumentaba un trastorno por alienación parental, prohibido ya por la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia por carecer de base científica.

En la primera sesión del juicio en la Audiencia de Bizkaia, los acusados han asegurado que los servicios sociales en los ayuntamientos y las Diputaciones Forales siguen aplicando el instrumento Valora elaborado en 2011 por el Gobierno Vasco y que considera un riesgo grave o muy grave para un menor la manipulación de uno de los progenitores para poner al menor en contra del otro, conocido como el síndrome alineación paternal.

Ese síndrome, negado científicamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue rechazado por el Consejo General del Poder Judicial y es ya perseguido por la Ley de Protección a la Infancia aprobada en las Cortes, al considerar que menoscaba la credibilidad de las madres y tumba testimonios de malos tratos, volviendo la sospecha hacia ellas.

Irune Costumero, la madre que ha iniciado este procedimiento con el servicio de infancia de la Diputación Foral, ha asegurado que le "arrancaron de manera violenta" a su hija sobre un "inexistente" síndrome, "sin haber preguntado a la niña por qué no quería ir con su padre".

Ha recordado que salió "huyendo" con su hija tras haber denunciado al padre por malos tratos y que, si bien el procedimiento fue sobreseído, ha respondido a la fiscal, que en este caso se ha alineado con la defensa de la Diputación y ha reiterado sus preguntas a los testigos sobre la labor de la denunciante como madre.

Costumero ha contado además que el padre "secuestró" a la niña cuando tenía 21 meses y la mantuvo "en paradero desconocido" durante meses en los que no supo "si estaba viva o muerta" y ha recordado que Osakidetza inició en tres procedimientos de malos tratos del padre contra la menor, "si bien el juez entendió que las lesiones no eran tan graves como para que no volviera con él".

Murillo y las funcionarias acusadas han defendido la legalidad de sus actuaciones y han asegurado que en agosto de 2017 firmaron al orden para retirar provisionalmente la custodia compartida que había dictado un juez en 2013 y asumirla como institución.

Entonces acordaron que la niña viviera con el padre, convencidos de que era lo mejor para la menor porque la madre no estaba dando "un trato adecuado a su hija" y que esa situación le podía causar "un daño psicológico en el futuro". Por contra, han asegurado que el padre siempre estaba dispuesto a colaborar.

Han explicado que fueron los servicios sociales de Barakaldo quienes consideraron que la niña se encontraba en grave riesgo y por lo tanto remitieron el caso al servicio foral, donde intentaron un "plan de intervención" con la familia, tras "un divorcio conflictivo".

Según han relatado, la niña rechazaba a su padre y repetía que le pegaba, y tras varios meses de visitas "difíciles" en el punto de encuentro, porque según el servicio de infancia la madre "obstaculiza" esas reuniones, resolvieron en agosto de 2017 retirar la niña a su madre para que "retomara" la relación con su padre ya que "no había evidencias de que el padre fuera un maltratador; solo lo que decía la madre", que han calificado de "muy intrusiva" y "perjudicaba su hija".

Los funcionarios han tildado de "gritos desmesurados" los que profirieron tanto la niña como su madre y abuela cuando se la llevaron definitivamente a vivir con su padre, en un momento que para la fiscal y la defensa se ha calificado de "entrega" y que para la madre fue "el arrancamiento" de su lado, de manera "ilegal". 

La funcionaria que retiró a la niña mientras se aferraba a su madre ha contado que lloraba pero que se la llevó "de las manitas" y que al dejar de ver a su progenitora, enseguida se tranquilizó y comenzó "a hablar de su vestidito y de otras cosas". Pero Costumero y la abuela materna han contado que "se la llevaron en volandas" mientras gritaba "en un ataque de ansiedad tremendo" y se le escuchaba llorar a lo lejos.

La abuela ha testificado sobre ese instante asegurando que tiraron de la niña y la cogieron "como a un monigote", tras lo que ha roto a llorar, y le ha dicho a su hija "no sé cómo has aguantado tanto" y que "no lo van a conseguir".

Costumero ha señalado que los meses que pasó sin ver a su hija fueron "una auténtica tortura" y que hasta enero de este año, solo podía ver a la niña algunas tardes y bajo supervisión. Ella siente que ha sido "como un cero a la izquierda" en la vida de su hija durante casi cuatro años.

A preguntas de la fiscal y de la defensa, ha reconocido que como mujer víctima de malos tratos recibió ayuda psicológica y también tras "el secuestro de la niña", así como necesitó tratamiento más adelante porque todo este tiempo ha sido "sumamente estresante y doloroso".

El actual diputado Foral de Acción Social ha aclarado que cuando se firmó la orden que separó a la niña de la madre él estaba como director del servicio foral en funciones, porque el titular estaba de vacaciones y ha constatado que hubo una investigación del caso.

"De no haberse adoptado, se hubiera dejado a la menor en situación de desprotección", ha asegurado.

Al comienzo del juicio, el abogado de la acusación ha pedido la recusación de la sala, al cuestionar su imparcialidad.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha expresado su apoyo a Irune Costumero y ha asegurado que "este país le debe reparación por no reconocer su lucha protegiendo a su hija frente a la violencia machista".

La acusación solicita para los acusados 5 años, ocho meses y un día de prisión, además de 15 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público.