En el 50 aniversario de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), su actual dirigente, Andrew Wheeler, opinaba que las políticas dirigidas a luchar contra la crisis climática basadas en medidas regulatorias suponen un ataque a los intereses de los pobres y los colectivos más vulnerables. Se trata de un mantra del negacionismo que parecía olvidado y que durante el mandato de Trump ha resurgido con fuerza.

De esta forma, el administrador del organismo federal –designado por Trump en 2017– cargaba contra las políticas demócratas del mandato Obama y vinculando la desregulación ambiental con los intereses de las clases trabajadoras. "Algunos miembros de administraciones anteriores y progresistas en el Congreso han elevado la defensa de un solo tema, en muchos casos centrados solo en el cambio climático, y por encima de los intereses de las comunidades dentro de su propio país", comentaba este jueves Wheeler, haciendo ver que una hipotética reelección del presidente republicano supondrá el portazo definitivo a la lucha contra el cambio climático.

No en vano, la afirmación del dirigente de la EPA pretende difuminar las evidencias científicas que confirman que los efectos de la crisis climática son (y serán) más severos para las clases trabajadoras y los países pobres del sur global. Se trata de un mensaje tradicional de la derecha republicana que señala con el dedo a las políticas de protección ambiental por lastrar los intereses económico y las vincula con un supuesto interés de la izquierda de querer controlar las vidas cotidianas de los ciudadanos de a pie. En un ejemplo claro, Wheeler hizo referencia a la restricción de los combustibles fósiles, argumentando que no van tanto en contra de los intereses de las compañías de petróleo y las marcas de automóviles, como de las necesidades de las clases trabajadoras para moverse en automóvil. De hecho, según informa Reuters, el dirigente de la Administración Trump vinculó escenarios de apagones en California con las políticas demócratas de transición verde basadas en energías renovables como la eólica o la solar.

El rechazo de Wheeler a la regulación y protección ambiental es un fiel reflejo de la forma en la que se aborda desde la Casa Blanca el reto climático. Más allá del incremento de contaminación y el aumento de concesión de licencias para macroproyectos con impacto ambiental, el hecho de que desde la EPA se considere que la lucha contra la crisis ecológica va en detrimento de los más vulnerables va en contra del grueso de las publicaciones científicas. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC), sin ir más lejos, advirtió en su último informe que el incremento del nivel del mar como consecuencia del calentamiento global será devastador para los países más pobres y para las estados insulares, que serán engullidos por el agua. No sólo eso, sino que la absorción del océano de cerca del 30% del CO2 emitido por el ser humano desde los años ochenta del siglo XX afectará en mayor medida a las comunidades rurales que viven de la pesca debido a una gran pérdida de biodiversidad marina.

"Las personas más expuestas y vulnerables son a menudo aquellas que cuentan con menor capacidad de respuesta", dijo el presidente del IPCC, Hoesung Lee, en relación al informe y alertando de que las demandas de la ciencia ya no pueden ir destinadas a luchar contra el cambio climático, sino a mitigar en la medida de lo posible sus consecuencias sobre los colectivos más desfavorecidos.

Cómo todo fenómeno, la crisis climática está teniendo consecuencias en función de la clase social. Así lo evidencia una investigación exhaustiva realizada por The New York Times , que detalla como los barrios negros y obreros de grandes urbes norteamericanas como Nueva York, Baltimore, Richmond, Dallas o Portland sufren ya temperaturas más cálidas que los distritos blancos y con mayor nivel de renta.

El oleoducto de Keystone que pretende transportar crudo desde EEUU es un buen ejemplo de cómo la desregulación normativa afecta directamente a los intereses de determinados colectivos. Este proyecto fue bloqueado durante el mandato de Obama, después de numerosas denuncias por parte de grupos ecologistas y comunidades indígenas canadienses y estadounidenses que iban a ver como sus territorios tradicionales iban a ser atravesados por esta infraestructura destinada al transporte de combustibles fósiles. Pese a ello, la Administración Trump decidió, en el mes de abril, reactivar el plan unos días después de que la EPA emitiera un comunicado donde anunciaba que todas las normas de protección ambiental quedaban suprimidas, al menos hasta que se ponga fin a la pandemia del coronavirus. 

La desregulación, al servicio de las grandes empresas

El mandato de Trump en materia ambiental ha estado articulado por un menosprecio a la ciencia y a todo lo relacionado con la crisis climática y la protección ambiental. Tanto es así, que su llegada a la Casa Blanca supuso la salida de los EEUU del Acuerdo de París, el tratado internacional firmado por 195 países que buscaba limitar las emisiones de CO2 mundiales y evitar que la temperatura del planeta ascendiera más de dos grados centígrados antes de que finalice el siglo XXI.

Tal y como recoge la revista Climática, durante sus cuatro años de Gobierno, el presidente republicano ha reducido o eliminado más de 150 medidas relacionadas con el medioambiente, ha incrementado la perforación del Ártico y ha afirmado que el cambio climático no tiene que ver con las acciones del ser humano en la Tierra. Todo ello, lejos de ir en beneficio de las clases proletarias como afirmaba dejaba ver el pasado jueves el dirigente de la EPA, ha ido destinado a favorecer los intereses de las grandes compañías petroleras.

El fin de las restricciones a las fugas de metano, una de las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo demócrata de Obama, ha sido una de las últimas decisiones de Trump más criticadas por la oposición y los grupos ecologistas, ya que libera a las compañías de la obligación de detectar y reparar cualquier escape de este gas nocivo, según informa The New York Times. La medida, como muchas otras, producirá beneficios económicos de hasta 100 millones de dólares al año hasta 2030 y conllevará 850.000 toneladas de metano durante esa década. La EPA justifica esta reciente medida y argumenta que "las cargas regulatorias impuestas por la administración Obama-Biden recayeron en gran medida sobre las pequeñas y medianas empresas de energía".

"Las acciones del presidente Trump con frecuencia han tomado la forma de ordenes ejecutivas que describen políticas nacionales, como priorizar la producción y distribución de combustibles fósiles, enfatizar el uso económico de los recursos naturales, acelerar las revisiones ambientales federales para proyectos de infraestructuras, y disminuir las restricciones de emisiones y estándares de eficiencia en todos los ámbitos", resumen desde el Centro Sabin para la Ley de Cambio Climático de la Universidad de Columbia, que cifra en en 159 el número de medidas de desregulación climática llevadas a cabo por el Ejecutivo republicano durante los últimos cuatro años de legislatura.