El Gobierno ha anunciado este martes un nuevo decreto que permitirá a las comunidades autónomas recurrir ante el Tribunal Supremo los autos de los tribunales superiores de Justicia que tumben restricciones como el toque de queda o los cierres perimetrales. El futuro de la gestión de la pandemia estará igualmente en manos de los tribunales porque las comunidades seguirán necesitando los avales judiciales para imponer restricciones que afecten a derechos fundamentales. La diferencia es que el objetivo ahora es que el Alto Tribunal pueda dictar jurisprudencia y exista un criterio unificado sobre las medidas para todas las autonomía. Sin embargo, esta fórmula no convence a todas las comunidades ni a los epidemiólogos que temen que, con el levantamiento del estado de alarma, la proximidad al verano y los avances en la vacunación, se "baje la guardia".

Según el Real Decreto del estado de alarma, las restricciones generales que determinó este texto se acaban a las 00.00 horas del 9 de mayo, es decir, la noche del sábado a domingo, por lo que el domingo ya no deberían aplicarse. Esto no significa que se acaben las restricciones porque cada comunidad está desarrollando su propio plan, aunque varias de ellas no intentarán imponer ni el cierre perimetral autonómico ni el toque de queda. Esto se debe a que, según al menos de la mitad de las autonomías consultadas por Público, creen que la fórmula del Gobierno no resuelve el conflicto jurídico. Euskadi, sin embargo, sí intentará imponer el cierre perimetral. El Gobierno Vasco tiene muy avanzado un decreto que, según aseguran, permitirán que se mantengan las restricciones como el cierre autonómico.

 "No lo sabíamos y seguiremos dependiendo de los tribunales", critica un portavoz del PP. "Con el estado de alarma todo sería más fácil. Habrá que esperar a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud para decidir qué medidas aplicar a partir de la semana que viene", comenta a este medio otro consejero socialista.

El texto aprobado por el Consejo de Ministros este martes incluye la posibilidad de que las comunidades puedan imponer restricciones que afectan a los derechos fundamentales como el toque de queda o el cierre perimetral de la comunidad. Pero igualmente tendrán que contar con autorización judicial. En el verano pasado, los tribunales se posicionaron de forma muy diferente sobre las mismas medidas: mientras que fueron aceptadas en Cantabria, por ejemplo, fueron rechazadas en Euskadi. 

Ante esta disparidad, el Gobierno permite ahora que las comunidades puedan acudir en casación al Supremo si los tribunales superiores las rechazan. El Alto Tribunal tendrá cinco días para responder y, así, se puede dar el caso de que el Supremo unifique doctrina de forma rápida y en un plazo breve de tiempo se cuente con jurisprudencia para todo el país.

Desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) apuntan a este medio que la nueva medida del Gobierno no cambia su posicionamiento y el temor a que más movilidad y más contactos sociales conlleven un aumento de los contagios. "La pandemia todavía está lejos de ser controlada con incidencias acumuladas estancadas por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes", argumentan en un comunicado difundido ante la nueva fase de la pandemia que empieza la semana que viene.

A la incertidumbre sobre el fin del estado de alarma se suma la proximidad al verano y a que aún no se ha alcanzado el nivel de inmunidad suficiente como para frenar los contagios de forma significativa. Esto, según los expertos de inmunología, se calcula que llegue cuando el 70% de la población esté inmunizada. 

De momento, la vacunación en España ha frenado la mortalidad y los ingresos hospitalarios. Sin embargo, la situación realmente aún es grave porque se han normalizado números que corresponden a la fase de riesgos extremo. Más aún porque, como señala la SEE, se está produciendo un "estancamiento" de la evolución de la curva epidémica. Según los datos de este lunes del Ministerio de Sanidad, hasta 11 comunidades tienen una incidencia en los últimos 14 días superior a los 150 casos por cada 100.000 habitantes, cifras que corresponden a los niveles de riesgo alto o extremo. 

Sin embargo, más allá de las restricciones que pueden caerse con el fin del estado de alarma, la SEE también pide que las Administraciones impulsen otras medidas como realizar estudios de contactos exhaustivos tanto en convivientes como en no convivientes, monitorizando el cumplimiento de aislamientos y cuarentenas y recogiendo los antecedentes epidemiológicos de los positivos para conocer cómo se han contagiado y poder controlar posibles casos no detectados de la misma cadena de transmisión. El rastreo de contactos es la gran clave para controlar las enfermedades transmisibles. Durante la primera ola fue uno de los principales focos pero las Administraciones nunca llegaron a contratar los rastreadores recomendados por los organismos internacionales. Ha pasado más de un año y aún no ha habido un impulso y en muchas regiones, como en la Comunidad de Madrid, prácticamente no hay estudio de contactos. 

A todo esto, se suma la preocupación por las nuevas variantes. Sobre todo, tras la situación en la India y la los casos ya confirmados de esta variante en España y otros países de Europa. Se teme que, con el aumento de desplazamientos y con la llegada de turistas por la época estival, las nuevas cepas se propaguen de forma comunitaria y se produzca un aumento de la transmisión. "Hay que asegurar el control en fronteras y aeropuertos. Sobre todo, de aquellas personas que proceden de países de riesgo, donde las nuevas variantes de SARS-CoV-2 están causando una situación muy preocupante. Para quienes llegan desde estas zonas, se recomiendan cuarentenas de 10 días. De lo contrario, existe el riesgo de que estas nuevas cepas se propaguen de forma comunitaria y de que alguna de estas variantes provoque una enfermedad más graves o más resistentes a las vacunas", argumenta la sociedad de epidemiólogos.

En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se tratará la situación epidemiológica, el avance de la vacunación y las restricciones que podrán aplicar las comunidades tras el estado de alarma. La mayoría de las comunidades esperan a este debate para reunir a sus expertos autonómicos y anunciar lo que podrán hacer sus ciudadanos a partir del 9 de mayo. Aunque hay algunas que ya han avanzado parte de sus planes que muestran cómo la movilidad aumentará: Castilla-La Mancha y Catalunya prevén levantar el cierre perimetral pero no el toque de queda mientras que Aragón y Asturias plantearán confinamientos perimetrales de zonas concretas. Otras regiones como Andalucía mantienen que pedirán la aplicación del estado de alarma en su región.