La pandemia de la covid-19 ha provocado un gran impacto sanitario, económico y social a nivel global. Durante el primer trimestre del año, diferentes Gobiernos del mundo se vieron forzados a tomar medidas excepcionales para frenar la crisis epidemiológica, decretando estados de alarma o imponiendo restricciones que, en algunos Estados, han provocado "al menos ocho violaciones de los derechos humanos", según denuncia Amnistía Internacional (AI) en el Día Internacional de los Derechos Humanos.

"Aunque algunas medidas de emergencia están justificadas, lamentablemente muchos Gobiernos han ido más allá y han aprovechado la pandemia como pretexto para discriminar, reprimir o censurar a las voces críticas de sus sociedades, violar los derechos de las mujeres, discriminar a la población LGBTI+ o dejar en la estacada a migrantes y solicitantes de asilo", asegura Esteban Beltrán, director de AI España. "Frente a esta situación, la movilización ciudadana y la protesta son armas clave para que nuestras sociedades sean más justas y libres y corregir la deriva de los Gobiernos", defiende.

La restricción a la libertad de circulación, asociación, expresión y reunión pública, así como el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a trabajar fueron algunas de las medidas dirigidas a frenar la curva; sin embargo, desde la organización se han analizado las reacciones de diferentes Gobiernos desde el inicio de la pandemia y se han podido identificar al menos ocho violaciones de los derechos fundamentales que han afectado sobre todo a los grupos más vulnerables.

Defensores y defensoras en el punto de mira

En muchos casos, las medidas de restricción y confinamiento debido a la crisis sanitaria han servido como pretexto para hostigar y perseguir a los defensores de los derechos humanos. En Colombia, según denuncia la organización, se han reducido las medidas de protección policial de estos últimos, "convirtiéndolos en blanco fácil de quienes quieren silenciarlos" con el objetivo es callar a las personas "consideradas opositoras" del Estado.

En el caso de países como Egipto, India, Irán y Turquía, la pandemia ha empeorado la situación de las personas que están injustamente encarceladas. Desde AI se critica la hipocresía de estos Gobiernos que "han dejado a los presos de conciencia consumirse en condiciones atroces al mismo tiempo que publicitaban ampliamente los programas de excarcelación".

De igual forma, en Marruecos, las autoridades han hecho uso de una "ley defectuosa" relativa a la emergencia sanitaria para procesar a determinados activistas de los derechos humanos, a periodistas y a las personas que critican la gestión del Gobierno sobre la crisis sanitaria.

Leyes y acciones discriminatorias

Asimismo, los Estados de Europa del este y Asia central han respondido a la crisis con "medidas represivas y abusivas" y, según denuncia AI, han visto en la pandemia "un pase gratuito para pisotear los derechos humanos", como es el caso de Kazajistán, donde las autoridades han llegado a soldar puertas para prevenir que los residentes salieran de sus hogares, o el caso de la policía chechena que agredía a las personas en la vía pública que no llevaban puesta su mascarilla.

En este sentido, la fuerza policial ha sido aplicada de forma desproporcionada sobre las minorías étnicas y los grupos marginados, que han llegado a sufrir desde controles de identidad discriminatorios hasta actos de violencia, cuarentenas forzosas y multas, que han dejado ver de forma exponencial el racismo institucional de varios países. Los Gobiernos de Bulgaria y Eslovaquia, por ejemplo, declararon cuarentenas obligatorias únicamente en los asentamientos romaníes.

Según recoge la organización, en Reino Unido, uno de los pocos países europeos en los que se recopilan datos desglosados étnicamente sobre la aplicación de la ley, "la policía de Londres registró entre marzo y abril de 2020 un incremento del 22% en las operaciones de dar el alto y registrar. En ese periodo, el porcentaje de población negra que fue sometida a operaciones de registro aumentó aproximadamente un 33%". Por otra parte, "en Sena-Saint-Denis, la zona más empobrecida de Francia y habitada mayoritariamente por personas negras o de origen norteafricano, el número de multas por incumplir el confinamiento triplicó el del resto del país, pese a que las autoridades locales manifestaron que las medidas de confinamiento se habían respetado allí igual que en otras zonas". 

En varios países americanos, Amnistía Internacional ha denunciado "el uso de la detención como primera medida para hacer cumplir el confinamiento y no como último recurso, así como el uso de fuerza innecesaria y excesiva y la imposición de cuarentenas en condiciones inhumanas". En Puerto Rico, México y República Dominicana, además, se denuncian casos de agentes de policía que han detenido a personas por dirigirse a comprar alimentos y otros artículos básicos.

El personal sanitario, amenazado

Uno de los grupos más afectados durante la crisis de la covid-19 han sido los trabajadores en primera línea que se han dedicado a curar a la población: el personal sanitario, que en muchos casos han terminado contrayendo el virus y que incluso han terminado sacrificando su vida por culpa de unas condiciones de trabajo inseguras e insuficientes. Los casos de Venezuela y Siria son exponentes dramáticos de esta situación.

En España, "la degradación del servicio de Atención Primaria ha llegado en lugares como Madrid a unos niveles tan preocupantes que provocan un riesgo en el derecho al acceso la salud en la Comunidad. También, la organización ha documentado cómo la inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Catalunya no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia. Algunas de estas violaciones de derechos humanos siguen vigentes hoy", según denuncia la organización.

Libertad de expresión reprimida

Desde el inicio de esta pandemia, los periodistas han estado en el punto de mira debido a la información que se publicaba sobre la covid-19, las autoridades chinas llegaron a censurar la información de los medios y sancionaban a quienes lo denunciaban, la libertad de expresión se vio coartada pese a la importancia de conocer una información sobre el virus que podía salvar vidas. En Turquía, los profesionales han sufrido detenciones por tuitear sobre el coronavirus y en Turkmenistán se llegó a prohibir el uso de la palabra.

Los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico —y concretamente Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos Kuwait y Omán— están usando la pandemia como pretexto para seguir aplicando restricciones al derecho a la libertad de expresión. Se hace uso de determinadas leyes para criminalizar "noticias falsas" con el fin de investigar a las personas que publican información sobre las medidas del Gobierno para frenar la expansión del coronavirus en redes sociales.

Las principales víctimas de discriminación

Las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes que viven en campos y alojamientos compartidos también han sido objeto de cuarentenas selectivas en Alemania, Chipre y Serbia, y de desalojos forzosos en Francia y Grecia. Además, en el caso del continente americano, Canadá, Estados Unidos, México, Curazao y Trinidad y Tobago detienen de forma peligrosa y discriminatoria a migrantes y solicitantes de asilo, basándose únicamente en la situación migratoria de estas personas.

Asimismo, desde Amnistía denuncian que "el nuevo pacto migratorio de la Comisión Europea está, en realidad, concebido para elevar los muros y reforzar las vallas. Este pacto no hará nada por aliviar el sufrimiento de miles de personas atrapadas en campos en las islas griegas, o en centros de detención de Libia. Tampoco proporcionará el apoyo necesario a los países a los que primero llegan las personas migrantes".

En España, AI ha denunciado la situación en las Islas Canarias, donde lamenta "que se estén tramitando órdenes de devolución sin que las personas migrantes o posibles solicitantes de asilo hubieran recibido una adecuada asistencia letrada, tal y como exige el derecho internacional de los derechos humanos". Además, la organización recuerda especialmente la situación del Centro de Estancia Temporal para Migrantes de Melilla que se encuentra "hacinado y sin reunir las condiciones adecuadas para garantizar la protección y la salud de las personas residentes".

Los derechos de las mujeres, violados

Una de cada cinco mujeres en Europa ya sufría violencia y abusos por parte de su pareja antes de la pandemia. Con las restricciones de movilidad y los confinamientos, estas mujeres vulnerables y sus hijos han quedado aisladas con su agresor y sin el apoyo de familia o amigos. Esta situación, advierte Amnistía, "podría agravar las desigualdades de género y los niveles de discriminación sin una atención específica de los Gobiernos". 

Los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, como el asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, salud materna y neonatal, violencia de género y pruebas y tratamientos de infecciones de transmisión sexual, así como los delitos sexuales se han visto invisibilizados y permanecen sin castigo, denuncia la organización. Países como Polonia, Rumanía o Eslovaquia han utilizado la pandemia como una oportunidad para restringir aún más el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Más rechazo y violencia contra el colectivo LGBTI+

La crisis también ha visibilizado la discriminación y la violencia que sufren las personas pertenecientes al colectivo LGBT+. En Hungría, por ejemplo, se han impuesto medidas para dificultar el cambio de género en el documento de identidad de las personas trans. Durante el confinamiento, en países como Colombia, Perú o Panamá, se establecieron diferentes jornadas de paseos para hombres y mujeres, y los más vulnerables a discriminación en está situación fueron las personas trans. 

Además, los procesos de transición de miles de personas trans se han visto paralizados por las restricciones a la atención médica y la centralización en la covid-19. Esto afecta a los tratamiento hormonales, la atención psicológica y las intervenciones quirúrgicas de las personas trans. 

En Corea del Sur, un rebrote del virus en una zona de locales LGBTI+, disparó la homofobia y las amenazas en las redes sociales hacia el colectivo, lo que además dificultó a las autoridades localizar a las personas que pudieran estar contagiadas y tomar medidas para frenar dicho rebrote. 

El derecho a la privacidad

Algunos Gobiernos han aumentado el uso de las tecnologías durante el inicio de la pandemia para rastrear a las personas portadoras del virus y controlar sus movimientos. Sin embargo, la vigilancia digital puede ser una amenaza a la privacidad y a la libertad de la población violando derechos fundamentales y reduciendo la confianza de las autoridades. Además, también puede perjudicar discriminadamente a las poblaciones más vulnerables y marginadas.

Bahréin, Kuwait y Noruega, han sido el ejemplo de países que han usado herramientas altamente invasivas en sus ciudadanos. Según explican desde la organización, "los sistemas que utilizan captan los datos de ubicación por medio del GPS y los suben a una base de datos central, rastreando los movimientos de los usuarios en tiempo real, lo que proporciona una información que puede ser altamente peligrosa en las manos equivocadas". Noruega, tras las denuncias de Amnistía Internacional, decidió frenar su uso.