"Hay que recordarle a todas las mujeres de este país que lo que ha pasado en Polonia puede pasar aquí"

El Tribunal Constitucional de Polonia acaba de prohibir a las mujeres abortar en caso de malformación del feto, uno de los tres supuestos por los que hasta este momento se podía interrumpir el embarazo y prácticamente el único por el que se realizaban hasta ahora abortos legales en este país. Esta prohibición se suma a la persecución a la que viene siendo sometida la población LGTB, con la declaración de "territorios libres de ideología LGTB". Polonia no es el único país de la UE en el que se están produciendo retrocesos, y la eurodiputada Maria Eugenia R. Palop, de Unidas Podemos y vicepresidenta primera de la Comisión de Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo, alerta en esta entrevista sobre el peligro de que la pérdida de derechos adquiridos llegue hasta nuestro país: "Chicas, Polonia no está tan lejos".

Lo que está pasando en Polonia, ¿socava derechos fundamentales de la Unión Europea? ¿Qué se puede hacer?

A mi modo de ver, sí. De hecho, hemos solicitado en varias ocasiones que se le abriera un procedimiento de infracción a Polonia por violación de derechos fundamentales, ya que violan los valores y principios de la UE. Polonia tiene ya un procedimiento de infracción abierto que resolvió el Tribunal de Justicia de la UE por violar la independencia judicial. Lo que ocurrió allí es que se establecían regímenes disciplinarios para los jueces, aparte de otras barbaridades como haberse deshecho del 30% del personal del Tribunal Supremo, adelantando la edad de jubilación, o elegir a dedo a tres miembros de los que ahora mismo forman parte del Tribunal Constitucional.

Sobre la homofobia y la misoginia del Gobierno polaco se ha posicionado la Comisión, pero no se ha abierto un procedimiento de infracción por este motivo. Creo que se está minimizando este tema que tiene que ver con restringir derechos de la mujeres y de las minorías. Porque el Estado de Derecho no es solo la separación de poderes en sentido mínimo, es también la defensa y protección de los derechos civiles.

En el Parlamento sí se han dictado muchas resoluciones desde 2016, pero no existe la misma implicación en la Comisión ni en el Consejo. 

Polonia no es un caso aislado. ¿Qué otros países están frenando o recortando los derechos de las mujeres y las minorías como las LGTB?

Aquí hay varios países que no han ratificado el Convenio de Estambul [el tratado de derechos humanos contra la violencia contra las mujeres del Consejo de Europa], entre ellos Hungría, Bulgaria, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia… y en su momento Reino Unido. Estos estos países están poniendo palos en las ruedas a todo tipo de avances de los derechos de las mujeres dentro del Consejo Europeo, un órgano que, por desgracia, se mueve por reglas de unanimidad. 

¿Qué tipo de trabas están poniendo?

Para empezar, han impedido que la propia UE ratifique el Convenio de Estambul, y la llamada Directiva de Igualdad lleva parada 10 años en el Consejo. Tenemos un auténtico caballo de batalla con los derechos sexuales y reproductivos, que prácticamente no se pueden ni mencionar. No se puede usar el término "aborto legal y seguro", por ejemplo. Nosotros intentamos usar subterfugios como "autonomía reproductiva", que incluye el aborto pero también el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Pero igual nos cuesta la misma vida avanzar, porque los representantes de estos países rechazan permanentemente el uso de ese tipo de expresiones.

Tenemos enfrente a estos Gobiernos (no voy a decir Estados, porque no lo son). Ya en las dos últimas resoluciones del Parlamento Europeo se dice expresamente que se ha detectado un ataque a los derechos de las mujeres, que éste es frontal, coordinado y que tiene que ver con manipulaciones sobre el Convenio de Estambul y lo que este tratado refleja. Las resoluciones dicen, además, que dificultar o restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos es una forma de violación de los derechos humanos de mujeres y niñas y es una forma de violencia hacia ellas, en línea con lo que ya expresa el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Es decir, que el Parlamento es consciente y mayoritariamente progresista en este sentido.

¿Qué grupos son los que están impulsando esta agenda contra los derechos de mujeres y minorías? 

Tenemos delante a los grupos como Identidad y Democracia (ID), que es donde están Salvini, Le Pen y demás, que son de extrema derecha sin paliativos. Y también están los Conservadores y Reformistas (ECR), que es donde están Vox y el PiS (Ley y Justicia, el partido de Gobierno en Polonia), que decidieron no entrar en el ID porque se les hizo un cordón sanitario y ellos querían poder tener cargos.

Además está Partido Popular Europeo (EPP), que es donde se inserta nuestro Partido Popular, que tiene una relación muy ambigua con Hungría, porque ellos fueron los que impidieron que su presidente, Viktor Orbán, fuera expulsado del grupo. Es decir, tenemos a dos delegaciones españolas ligadas a la extrema derecha. Por un lado Vox, vinculada estrechamente con el PiS y con el presidente polaco, y por otro lado al Partido Popular, ligado íntimamente a Hungría y a su presidente Orbán. 

¿Qué papel están jugando PP y Vox en esos grupos?

La estrategia del Partido Popular ha sido identificar a España con Hungría, cuando llevaron a la Comisión de Peticiones esa idea loca de que el Gobierno de coalición perseguía a la libertad de prensa porque a Hungría se la acusó precisamente de eso. Y ahora para ellos España es como Polonia, porque afirman que nuestro Gobierno viola la independencia judicial. Esta ha sido la estrategia que ha seguido el Partido Popular de desprestigio del Gobierno de España en el Parlamento Europeo. Tenemos ahí unas alianzas ideológicas, tácticas y estratégicas bastante peligrosas que no se dan en otros países. No se ve a otras delegaciones de Partido Popular Europeo aliándose con Orbán o con Hungría, y son tan del PP europeo como el PP español. Y tenemos a Vox unido al PiS, que es lo más despreciable que hay en el Parlamento Europeo. Estamos en una situación grave, porque no veo ninguna delegación alemana, por más conservadora que sea (exceptuando Alternativa por Alemania que está en ID y es abiertamente de extrema derecha) que esté coqueteando con estos gobiernos; y, sin embargo, Vox y el PP sí lo hacen.

Está claro que para ellos el antifeminismo es un eje central de trabajo, no liderando, pero sí como aliados. Es tremendo ver las intervenciones de Buxadé y de Hermann Tertsch [eurodiputados de Vox] negando permanentemente la violencia de género y afirmando que los que sufren son los varones y que el peligro real de Europa son las mujeres. Y ver a Margarita de la Pisa, la nueva eurodiputada de Vox que entró con el brexit y que está en la Comisión de la Mujer para boicotearla. Es muy preocupante que en España tengamos esto. 

¿Se puede decir que los grupos ultraconservadores y ultracatólicos están ganando peso?

Están creciendo, pero no diría que están ganando, porque el Parlamento Europeo sigue siendo mayoritariamente progresista. Pero como el Consejo se mueve con la regla de unanimidad, lamentablemente estos países acaban vetando todos los progresos. Son un piedra en el zapato continua. Y es sorprendente que tienen un discurso, incluso más radicalizado y misógino que algunas delegaciones de Identidad y Democracia, de la autodenominada extrema derecha. 

Yo estoy muy en contra con la regla de unanimidad, que es la madre del cordero. Lo que habría que hacer es votar con mayorías cualificadas en el Consejo y olvidarse de esta regla. Porque no es democrática, supone que uno veta a todos. Parece que protege a los más pequeños (aunque Polonia no es pequeño, tiene un gran peso), pero puede pasar que los pequeños te dinamiten. Así lo hizo Holanda, un país escasamente representativo y que nos hace dumping fiscal, dinamitando los fondos de reconstrucción. Hay que establecer mecanismos para que las mayorías se impongan a las minorías con salvaguardas, porque la unanimidad no es buena.

¿Es esto algo que se esté debatiendo?

Es hipotético. Es un deseo. No se está debatiendo. Algo que sí se puede hacer y que se está debatiendo es condicionar los fondos al cumplimiento de los principios del Estado de Derecho, que no es solo preservar la separación de poderes, sino también garantizar y proteger los derechos y libertades fundamentales. Esta es una definición básica del Estado de Derecho. 

Sería muy peligroso que empezáramos a pensar que el pan nos llega a cambio de libertades. O sea, que el dinero llegue pasando por encima de nuestros derechos y libertades en sentido básico, porque viola toda la concepción de los derechos humanos. No hay derechos sociales sin derechos civiles. No hay políticas sociales ni servicios públicos sin libertades… ¿O vamos a asumir que nos lleguen los fondos aunque nos corten la libertad de prensa o nos impongan zonas libre de personas LGTBI, como están haciendo en Polonia? ¿Aceptaremos que nos lleguen los fondos aunque ataquen directamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Me parece que es una lógica muy peligrosa y que lanza una idea de regresividad en derechos conquistados que nos puede poner gravemente en peligro como unidad política.

Lo que está claro, viendo el ejemplo polaco y de otros países de su entorno, es que los derechos adquiridos se pueden perder fácilmente. De hecho en España, hace pocos años, el Gobierno del PP estuvo por restringir el aborto...

Bueno, está por pasar. Hay que recordarle a todas las mujeres de este país que lo que ha pasado en Polonia puede pasar aquí mañana.

Todavía está sin resolver el recurso presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional para derogar la ley de plazos para la interrupción del embarazo. Y es clave recordar que como ponente está el magistrado Andrés Ollero, que fue diputado del Partido Popular durante 17 años, es catedrático de Filosofía del derecho y numerario del Opus Dei. Una persona que tendría que haber sido ya recusada solamente por los escritos que tiene contra el aborto. Me sorprende que en todos estos años el Partido Socialista no lo haya recusado.

Una de las tres cuestiones que planteó el PP en el recurso era acabar con el aborto libre en las primeras semanas; otra era la objeción de conciencia. Y cuidado con esto, porque en España se está dando de facto una objeción de conciencia institucional. Aquí hay provincias enteras y Comunidades Autónomas que no han practicado un aborto nunca. La objeción es un derecho individual de la persona afectada que se tiene que indicar anticipadamente y por escrito. Y en España hay hospitales que están derivando a las mujeres a clínicas privadas porque no tienen ningún sanitario que lo practique.

Y la tercera cuestión en el Constitucional es el de la educación sexo-afectiva, que también está recurrida. A pesar de que el Derecho Internacional prohíbe ir hacia atrás en derechos conquistados, hay que tener en cuenta que tenemos un Tribunal Constitucional ilegítimo, que lleva sin renovarse el mismo tiempo que la cúpula del Poder Judicial, que está dictando sentencias alegremente. Y una de las que puede caer es este recurso.

A lo mejor antes de que se ejecute una renovación, esa sentencia cae. Yo sé que ese ponente está y que esa ponencia ya está hecha. Conociendo al personaje que está como ponente, irá en la dirección de recortes para impedir el aborto libre en las primeras semanas. 

El PP lo hizo a propósito. Se cargó a Gallardón con esto de la malformación fetal, pero por detrás planteó un recurso de inconstitucionalidad a la ley de plazos con la idea de que tenía controlado al Tribunal Constitucional y que esa ley de aborto, cuando les conviniera, se la iban a cargar. Y eso sigue ahí. Esa amenaza sigue ahí. Hay que dar la voz de alarma: chicas, Polonia no está tan lejos.