Aniversario de la masacre de Melilla: un año de mentiras e impunidad

El viernes 24 de junio de 2022, alrededor de 1.700 personas trataron de llegar a territorio español a través del puesto fronterizo del Barrio Chino, que separa Nador (Marruecos) de Melilla, y que está cerrado desde el inicio de la pandemia. A causa de la avalancha humana que se produjo en el lugar, 23 personas murieron, según datos oficiales de Marruecos, pero la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) eleva la cifra a 37

Al menos uno de ellos, Abdul Aziz Yacoub (Sudán, 27 años), conocido entre sus compañeros de viaje como Anwar, pereció en territorio español, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por Lighthouse Reports junto a El País, Le Monde, Der Spiegel, Enass y la Fundación porCausa.

Un año después de la masacre de Melilla, ni el Ministerio de Interior ni la Guardia Civil han asumido ninguna responsabilidad, a pesar de las cientos de devoluciones en caliente ilegales denunciadas por el Defensor del Pueblo y el fallecimiento de Anwar.

Tampoco ha habido repercusiones en el lado marroquí. Sí sufrieron represalias algunos de los migrantes irregulares arrestados en Nador en los días previos y posteriores a la masacre. La cifra varía según la fuente consultada. De acuerdo a las informaciones publicadas por Rabat, en julio del año pasado 33 de ellos fueron condenados a 11 meses de prisión. Por su parte, la AMDH, que ejerce como defensa de algunos de ellos, estima que al menos 300 personas (con y sin condena) fueron encarcelados en relación a estos sucesos.

Público repasa los hechos que tuvieron lugar en la frontera hipanomarroquí hace ahora un año y analiza las repercusiones de la masacre a un lado y al otro de la frontera.

Del monte Gurugú al Barrio Chino

Días antes de la tragedia, la Gendarmería del Reino de Marruecos hostigó a los migrantes que estaban resguardados en el monte Gurugú (Nador), a unos 15 km de Melilla, donde hubo enfrentamientos violentos, según los testimonios recopilados por la investigación periodística.

Mal alimentados y sin apenas agua, aquella madrugada del 24 de abril, más de mil migrantes bajaron del monte hacia el puesto fronterizo con la intención de cruzarlo. A pesar del gran despliegue policial, los testigos entrevistados aseguraron que las autoridades marroquíes no reaccionaron a la presencia de los migrantes hasta que estos subieron la valla del recinto, la hicieron caer y entraron en el puesto fronterizo.

No queda claro por qué esperaron a ese momento para actuar. "Sabemos que los agentes marroquíes estaban desplegados desde temprano en las inmediaciones de la valla pero no intervinieron para dispersar hasta que los migrantes estaban al lado", relata José Bautista, periodista de investigación de The New York Times y coordinador de porCausa.

"Algunas fuentes de la Fiscalía, Guardia Civil y CNI [Centro Nacional de Inteligencia] interpretan que Marruecos estaba tratando de mostrar su eficacia como guardián fronterizo pero que todo se le fue de las manos", agrega.

Alrededor de las 8.18 horas, la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos, al tiempo que rodeaba las instalaciones y acorralaba a los migrantes que ya estaban dentro. En el interior, un grupo intentaba forzar la puerta que conecta la parte española de la marroquí. Apenas 10 minutos después, la puerta cedió y las fuerzas marroquíes penetraron al recinto, lo que provocó una estampida en la que la entrada a España hizo de embudo.

Según Marruecos, hubo 23 muertos. Un informe del Consejo de Derechos Humanos de Marruecos señaló los aplastamientos y la caída de la alambrada como las causas de las muertes. Otras fuentes consultadas para la investigación de Lighthouse Reports apuntaron a la asfixia y las lesiones causadas por los policías. 

Anwar murió en España

Muchos de los migrantes, sofocados por los gases, tropezaron y cayeron en el mismo punto de acceso a Melilla, formando una pila de cuerpos vivos, muertos e inconscientes.

Las imágenes recopiladas por los periodistas de Lighthouse Reports y publicadas en El País muestran cómo los gendarmes marroquíes trataron de despejar la zona arrastrando y golpeando a los hacinados hacia ambos lados de la puerta que separa los dos países.

Varios cuerpos fueron llevados hacia la parte española, entre ellos el de Anwar. A pesar de la evidencia documental, el Ministerio del Interior continúa negando que esa muerte se produjera en suelo español.

Mientras algunos agonizaban, otros lograban pasar a España, pero fuera de las instalaciones fronterizas cien efectivos de la Guardia Civil les esperaban con porras y gases lacrimógenos; y varios cientos de personas fueron empujadas de vuelta a territorio marroquí.

El Defensor del Pueblo cifró en 470 las devoluciones en caliente de potenciales refugiados practicadas ese día por la Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería marroquí, cuyos agentes entraron con total impunidad en territorio español para golpear y arrastrar de vuelta a muchas personas, tal y como reveló aquel día en exclusiva Público.

Algunos consiguieron pasar. La investigación periodística cifró en 133 las personas que llegaron al CETI de Melilla, algunas llevadas por la Guardia Civil. "Una profesional de enfermería nos contó que aquel día vio cosas que nunca antes había visto, como restos de algo parecido a balas de caucho o plástico incrustadas bajo la piel de los migrantes", narra Bautista. Hasta donde han podido conocer los investigadores, todos los migrantes llegados al CETI solicitaron asilo.

Deportados, encarcelados y fallecidos

Según AMDH, fueron 37 los muertos aquel día. La investigación de Lighthouse Reports advierte de que el número de fallecidos hubiera sido menor si las fuerzas policiales hubiesen usado menos violencia y los servicios de emergencia hubieran actuado antes.

En el lado marroquí, las primeras ambulancias llegaron a las 11 de la mañana, casi tres horas después del intento del salto, mientras que en Melilla la ambulancia apostada a 100 metros del puesto fronterizo nunca intervino. De acuerdo con Lighthouse Reports, la Guardia Civil les impidió acercarse.

"Nuestras fuentes, testigos e imágenes coinciden en que ese día imperó el caos y nadie pensó que se produciría una masacre de tales dimensiones", apunta Bautista, al explicar que "los agentes no conocieron la magnitud hasta varias horas después, cuando ya los marroquíes habían despejado el interior del paso fronterizo y se habían llevado todos los cuerpos, vivos o muertos o inertes".

Los supervivientes que quedaron en el lado marroquí, muchos heridos, fueron trasladados en autobuses a ciudades lejanas del interior del país. Algunos fallecieron por el camino, según informó a El País la AMDH.

Aquel día decenas de personas fueron detenidas en Nador y, de ellas, 33 condenadas a once meses de prisión por el Juzgado de Primera Instancia de esa ciudad. Les acusaron de "facilitar y organizar la entrada y salida de personas extranjeras de forma clandestina desde y hacia Marruecos", "aglomeración armada en la vía pública" y "ultraje a funcionarios públicos", entre otros cargos.

La opacidad del Estado marroquí dificulta conocer el número de personas que aún cumplen condena, así como cuántas fueron finalmente liberadas.

Tampoco se sabe cuántos migrantes pudieron ser encarcelados en los días posteriores a la masacre. Un grupo importante se había dispersado antes de llegar al puesto fronterizo y podrían haber sido arrestados o deportados después. Según la AMDH aún podría haber 87 personas encarceladas en diferentes prisiones de Marruecos por estos hechos.

Las mentiras de Interior

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, realizó varias declaraciones en relación a la tragedia de Melilla, en las que negó las devoluciones en caliente realizadas por la Guardia Civil, la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes y el fallecimiento de al menos una persona en territorio español. Incluso negó que la avalancha humana hubiera tenido lugar en jurisdicción española. Por el contrario, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad de ambos países.

Su primera declaración fue durante la sesión de control al Gobierno del 29 de junio de 2022, cuando el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, pidió a Marlaska información sobre la actuación de las fuerzas de seguridad cinco días antes. En respuesta, el ministro lamentó la pérdida de vidas humanas y pidió empatía con los agentes de seguridad españoles y marroquíes heridos.

La retórica del ministro estuvo exenta de autocrítica. Marlaska denunció que la frontera europea y las fuerzas de seguridad españolas fueron "atacadas violentamente". "Usó términos similares a los de la extrema derecha para criminalizar a las víctimas", apunta Bautista.

La segunda comparecencia fue en septiembre de 2022, cuando el ministro reconoció la entrada de los gendarmes en territorio español, pero no su actuación. También asumió que la Guardia Civil llevó a cabo la devolución en caliente de 103 personas, "de acuerdo a la ley", según sus palabras.

En octubre de 2022, el Defensor del Pueblo contradijo la cifra de devoluciones en las conclusiones preliminares de su investigación y la elevó a 470. La Guardia Civil ratificó esta cifra ante el Congreso de los Diputados un mes después.

El 30 de noviembre, un día después de la publicación de la investigación de Lighthouse Reports –que certificó la muerte de Anwar en suelo español–, Marlaska compareció ante el Congreso de los Diputados y volvió a negar que hubiera habido víctimas mortales bajo jurisprudencia española.

Las (no) consecuencias de la masacre

Ante la gravedad de la tragedia, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía abrieron sendas investigaciones y solicitaron al Ministerio del Interior las imágenes que el dron y el helicóptero de la Guardia Civil tomó aquel día, así como los vídeos grabados por las cámaras del perímetro fronterizo.

Interior entregó el material solicitado a excepción de 20 minutos de grabación correspondientes a los hechos ocurridos entre las siete y las once de la mañana aproximadamente. A pesar de las reiteradas peticiones por parte del Defensor del Pueblo, Marlaska aseguró que no existían vídeos en esa franja horaria.

Por su parte, la fiscal de Extranjería, Beatriz Sánchez, pidió la comparecencia del teniente coronel Arturo Ortega Navas, jefe accidental de la Comandancia de Melilla cuando ocurrieron los hechos, y de otros agentes. Sus pesquisas terminaron considerando legales las devoluciones de la Guardia Civil.

En diciembre de 2022, la fiscal archivó la investigación, al no apreciar indicios de delitos en la actuación de los agentes españoles. En cambio, la investigación del Defensor del Pueblo, finalizada en marzo de 2023, concluyó que hubo 470 devoluciones ilegales.

La Comisión de Interior del Congreso también visualizó los vídeos entregados por la Guardia Civil y se reunió con un mando y un técnico del cuerpo policial. Los diputados presentes acusaron después a Marlaska de mentir.

Algunos de los grupos parlamentarios promovieron la creación de una comisión de investigación que terminó siendo vetada por el PSOE y el PP. En última instancia, ninguna autoridad española han asumido alguna responsabilidad sobre los hechos ocurridos en el paso fronterizo del Barrio Chino hace ahora un año.

Cambios en la Guardia Civil de Melilla

De cara a la galería, "la versión oficial estuvo monopolizada por el Ministerio del Interior", explica José Bautista. Pero de puertas para adentro, "el resto de los actores implicados sí reconocen que pudo haber muertos en suelo español y son conscientes de que el trato de Marruecos hacia las víctimas fue escandaloso", aclara.

En el momento de los hechos, la Comandancia de Melilla estaba dirigida por Arturo Ortega Navas, que ocupaba el mando temporalmente tras la marcha del coronel Antonio Sierra Sánchez, al frente de la Comandancia desde 2016. Días antes de la masacre, Sierra había sido nombrado consejero de Interior de la Embajada Española en Israel.

En noviembre, Interior nombró jefe de la Guardia Civil de Melilla al coronel Jesús Vicente Torresano Muñoz, quien duró en el cargo apenas tres meses. En enero de 2023 fue reubicado en la Jefatura de Enseñanzas. Este movimiento evidenció las fracturas entre Interior y la Comandancia.

Una de las hipótesis de su traslado, publicada en El País, fue la supuesta solicitud de protocolos de actuación realizada por el coronel para hacer frente a episodios como los ocurridos el 24 de junio y el envío de un escrito a la Fiscalía en el que lamentaba que no se hubieran producido imputaciones por atentados contra la autoridad de algunos de los migrantes.

Incógnitas por resolver

Nada ha cambiado un año después. Las autoridades a ambos lados de la frontera han dificultado conocer cuántas personas perecieron realmente aquel día. Tampoco ha trascendido el paradero de los supervivientes o "cómo España y Marruecos se coordinaron para ocultar lo sucedido y evitar una escalada retórica", explica José Bautista.

Las mentiras de Interior, la opacidad con la que las autoridades españolas y marroquíes operaron para silenciar el episodio y la falta de autocrítica del Gobierno a las políticas migratorias que promovieron la masacre, han tratado de enterrar los hechos.

El único anuncio que el Gobierno ha hecho en referencia a la tragedia es que pretende reformar y modernizar el puesto fronterizo del Barrio Chino, que permanece cerrado. Como consecuencia, advierte Bautista, "lo que casi todas las partes implicadas tienen muy claro es que esta masacre podría repetirse en cualquier momento".