Ayuso privatiza parte del servicio de rastreadores y lo adjudica a Indra y Telefónica

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha privatizado parte del servicio de rastreadores. La Comunidad de Madrid adjudicó por la vía de emergencia y sin publicidad un contrato a Indra y Telefónica por 421.080 euros con impuestos. Como ha adelantado El Boletín y ha conformado este medio, se hizo en el mes de mayo, pero no se ha hecho público en el Portal de la Contratación Pública del Gobierno regional hasta ahora. 

Según alegan en el contrato, Indra y Telefónica se ocupaban ya del servicio de mantenimiento y gestión integral del Centro de Atención Personalizada (CAP). Por ello que el Ejecutivo regional consideró que tenían la "infraestructura necesaria" para realizar el seguimiento de contactos y el estudio seroprevalencia de la Comunidad de Madrid. 

El contrato con la UTE Indra BPO-Indra-Telefónica se hizo a fecha de 29 de mayo y tiene duración de 30 días. Según ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, esta privatización afecta a las nuevas contrataciones (42) que se encargan de llamar por teléfono y realizar una encuesta epidemiológica a los contactos, mientras que no afecta a los trabajadores de Salud Pública de la Comunidad de Madrid (142).

El presupuesto del contrato estima que se realizarían una 4.000 llamadas diarias y el coste individual sería de 2,90 euros. Según el consejero de Sanidad, ahora en la región se realizan 8.000 llamadas diarias. Escudero, sin embargo, no ha explicado las condiciones en las que sigue vigente esta adjudicación por, según dijo, desconocer los términos del acuerdo.

El estudio de contactos en la Comunidad de Madrid no está funcionando como debería. Escudero afirmó este jueves que no hay motivos para alarmarse, pero lo cierto es que profesionales de Salud Pública y de Atención Primaria están preocupados por la situación. El estudio de contactos se retrasa en ocasiones hasta cinco días desde la notificación del caso y la mayoría de contactos que se detectan son del entorno familiar. Trabajadores reconocen que no se puede hacer un amplio estudio sobre los ámbitos laborales y de ocio por la falta de personal y la acumulación de trabajo.