Becerreá (Lugo), la residencia sin residentes

A las puertas de Os Ancares, en Lugo, se encuentra uno de los grandes símbolos de los problemas del rural gallego. Todo comenzó con un alcalde del PSOE haciendo presidenta a una diputada del PP, y obteniendo a cambio una magna inversión. Ahora el concello de Becerreá tiene una de las mayores residencias de mayores de Galicia, pero sin ocupantes, pues ninguna Administración puede asumir la carga económica de abrirla. A falta de soluciones, quedan los análisis y la indignación del vecindario. 

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"Allí éramos como una gran familia. Entre 40 y 50 niños. Al principio no se pasaba bien, pero, después, estábamos muy felices". Ana Belén Díaz trabaja en la cafetería y levanta la vista con morriña por los tiempos de la juventud. "Allí" es el adverbio con el que se refiere, porque sabe que su interlocutor conoce bien el lugar, a la Escola Fogar de Becerreá, donde su familia la envió con solo 13 años desde la aldea de Navallos, en Ribeira de Piquín (Lugo). En los años 80 y 90 la Escola Fogar era la única opción viable de estudios para docenas de niños y niñas de la montaña lucense, pues la alternativa era un transporte escolar de más de una hora de duración en cada trayecto por carreteras por las que apenas podía circular un coche, o un todoterreno, vehículo usado con mucha frecuencia en aquellos viajes.

La chavalada, sin embargo, desapareció poco a poco. Como si Becerreá fuera la Comala de Juan Rulfo, comedores, cuartos y salas de estudio pasaron a estar poblados solo por las fantasmas de los estudiantes ausentes. El IES de Becerreá pasó de acoger a casi 500 alumnos a superar por poco los cien, y hubo que comenzar a pensar qué hacer con aquel estafermo acostado en la parte baja de la villa. No fue difícil –supongo, aunque la mente de un político siempre me fue ajena– resolver el problema: en perfecta metáfora de los Ancares, en veinte años, el edificio pasaría de albergar niños a alojar ancianos. De la cuna a la sepultura, que diría Francisco de Quevedo.

"No nos tome el pelo, Tomé"

Salida número 456 de la A-6, la autovía que une Galicia con Madrid. Después de tres kilómetros de descenso, una pancarta recibe a quién visita Becerreá: "No nos tome el pelo. Apertura de la residencia YA". La villa ha dado conocidos políticos –Antonio Rosón, presidente de la Xunta preautonómica–, ilustradores –como David Ouro– o escritoras –nombradamente, Helena Villar Janeiro–, pero ningún humorista de importancia: el juego de palabras entre el imperativo "tome" y el apellido del presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, es francamente mejorable. Por si fuera poco se repite en el centro mismo de la villa, en una pancarta colgada en las rejas del atrio de la iglesia.

Las pancartas con la broma tienen que ver con el conflicto abierto entre el Ayuntamiento de Becerreá y la Diputación de Lugo por la construcción y apertura de una residencia de ancianos para la comarca de Os Ancares, de la que la villa es capital. La reyerta lleva años abierta, con declaraciones altisonantes, publicidad institucional del Ayuntamiento contra el ente provincial y protestas vecinales durante los plenos de la Diputación que incluso llevaron, recientemente, a que se prohibiera su acceso al edificio de San Marcos, sede de la institución. Se trata de una situación labieríntica en la que se mezclan factores políticos, demográficos, sociales y pasionales.

Si hay una "Galicia vaciada" es, desde luego, aunque no la única, la montaña de Lugo. Dada esta situación, la Diputación lanzó hace ya más de una década un programa de microrresidencias que venía, por lo menos, a poner un vendaje a la herida. Se trataba de proyectos en colaboración con los ayuntamientos que en muchas ocasiones aprovechaban instalaciones ya existentes que tenían capacidad para unas 40 personas. La demanda era, y sigue siendo, mucho mayor, pero ni los ayuntamientos ni el ente provincial podían afrontar unas infraestructuras más complejas.

 Con el programa en marcha se produjo un terremoto político cuyas ondas llegan hasta nuestros días: mientras sus vecinos celebraban las fiestas de San Xoán, el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, rompió la disciplina de voto del partido en el que militaba por esas fechas, el PSOE, y entregó la presidencia de la Diputación de Lugo a Elena Candia, la candidata del PP. En el breve lapso de tiempo en el que Candia fue presidenta, Martínez consiguió, por fin, que se aprobara la construcción de la residencia que él deseaba: un proyecto faraónico con 120 plazas, un tamaño reservado a las residencias de las grandes villas y ciudades gallegas, muy por encima del límite anterior establecido por el ente del que él seguía siendo diputado.

Derechos

Pablo Rivera es el actual diputado encargado de Políticas Sociales en la Diputación de Lugo. Sin embargo, su participación en el asunto político no es relevante para esta historia: Rivera es en origen profesor universitario y ha publicado artículos científicos en los que aborda la complejidad de la prestación de servicios en el entorno rural. Nos reciben en su gabinete, y desde una estantería que se encuentra a su izquierda nos observa el proyecto de la residencia de Becerreá, con sus más de 300 páginas de informes técnicos. La conversación que mantenemos durante casi una hora con él, paradójicamente, podría resumirse en una de sus últimas frases: "Los derechos de cualquiera persona están por encima de los déficits que el cumplimiento de esos derechos pueda ocasionar".

No es sencillo encontrar salida al laberinto social y demográfico de Becerreá. Y donde se escribe Becerreá podrían figurar Abadín, Xermade, Sober u otra docena de municipios lugueses. El índice de envejecimiento de la provincia de Lugo, según el Instituto Galego de Estatística (IGE), supera con mucho la media del resto de la Galicia, y lo mismo ocurre con el índice de sobreenvejecimiento, esto es, la relación entre las personas que tienen 84 años y las que tienen 64 –comparando juventudes, ya ven–. La densidad de población es casi un tercio de la del resto del país y la tasa de natalidad va cuesta abajo sin frenos.

"Los derechos de cualquiera persona están por encima de los déficits que el cumplimiento de esos derechos pueda ocasionar"

El asunto no se detiene aquí, por desgracia. Las personas mayores no solo son muchas, sino que no viven en el mejor de los contextos. La relación entre la población anciana y la potencialmente activa –la que tiene entre 15 y 64 años– es desastrosa; la provincia tiene una dispersión geográfica muy característica; y existe una gran cantidad de hogares unipersonales en zonas rurales: el mismo IGE calcula que alrededor de 30.000 personas mayores de 75 años viven solas en la provincia de Lugo.

Los derechos de las personas mayores forman parte del cuerpo fundamental de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de 1948 reconoce el derecho a un "seguro de vejez"; de manera más concreta, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho de los mayores a llevar una vida digna e independiente y mismo a participar de la vida social y cultural; la Constitución Española, que no ha envejecido demasiado bien ni en este ni en otros aspectos, se limita a señalar que las instituciones deben garantizar mediante las pensiones la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.

Costes

Con todos estos datos encima de la mesa podemos regresar a la contundente afirmación de Rivera y explorar sus límites. ¿Cuánto cuesta mantener una residencia con un centro de día? Según datos del propio departamento que él dirige, un complejo con 30 plazas de residencia y 20 de centro de día supone un gasto anual de unos 700.000 euros; un complejo exclusivamente residencial de unas 50 plazas, sin centro de día, sitúa el presupuesto por encima del millón de euros. 

En Becerreá, por ejemplo, viven 642 personas mayores de 75 años: si solo el 30 por ciento –un porcentaje relativamente bajo– hiciera uso de un servicio de residencia o centro de día, el presupuesto de éste, bajo cualquier cálculo que se haga, superaría el del mismo Ayuntamiento en 2024 (unos 2,8 millones de euros). "Más de 1,2 millones de euros", sentencia Pablo Rivera sobre una apertura en las condiciones actuales, y se detiene durante unos momentos para finalizar, con un tono entre lapidario, inquietante y comprensivo: "Imposible". 

Un pequeño manojo de residencias que cubrieran la demanda de media docena de municipios, en estas condiciones, agotaría al mismo tiempo el presupuesto para Asuntos Sociales de la Diputación de Lugo, explica en los siguientes minutos. Como se puede comprobar, la audaz afirmación del diputado tiene como límite la dura realidad.

Y la realidad no es el único límite. Justo en el día en que se cumplía una década desde la decisión de Martínez, tres diputados provinciales del PSOE decidían no presentarse al pleno en el que se iba a aprobar, justamente, el plan económico para la apertura de la residencia de Becerreá, dejando al Gobierno provincial en minoría y con una compleja situación a desarrollar en el futuro. ¿Casualidad? Podría ser. También podría serlo el hecho de que enseguida se filtrara que una de las quejas de los ausentes es el despido de una asesora con muy fuertes conexiones con la comarca y sus asuntos políticos. También la política interna de los partidos pone lindes a las decisiones.

Un problema de país

Todo lo visto los conducen a una conclusión inevitable: la atención a los mayores es un problema de país. Así, suponemos, lo ve también Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Y decimos que se supone porque no hay datos que lo avalen. En el pasado debate sobre el estado de la autonomía, Rueda anunciaba la habilitación de 1.800 plazas en 24 nuevas residencias a construir en los próximos tres años en municipios de menos de 50.000 habitantes. Los altavoces cotidianos olvidaron señalar que la medida es, en esencia, poner un apósito sobre una hemorragia mortal.

En el mismo anuncio el presidente Rueda señaló que trabajaría "mano a mano con el sector". No se sabe si eso significa que las plazas serán públicas o, como en tantos otros centros, concertadas o incluso privadas. Ocurre que la colaboración público-privada, base de ciertas ideologías liberales –las que aprovechan los beneficios y socializan las pérdidas, para ser más precisos–, funciona para los cuidados al igual que, por ejemplo, para la enseñanza: de igual manera 1ue no existe enseñanza concertada en el rural porque no es rentable, difícilmente puede haber residencias privadas en municipios como Becerreá, porque los vecinos no pueden pagarlas.

Una visita a cualquier pequeño municipio de Galicia y una conversación en la primera taberna disponible lleva enseguida a hablar de las pensiones. El país es uno de los grandes perceptores de rentas mínimas, la famosa renta de inserción social de Galicia (Risga), las pagas a las personas que trabajaron sin cotización... En cualquier caso, y según datos del Ministerio de Inclusión, la pensión media en la Galicia en abril de 2024 se situó en unos 1.124 euros por persona. El coste mensual medio de una residencia pública para el usuario se sitúa, por los cálculos de la misma Diputación de Lugo, alrededor de los 1.300 euros. La solución de las plazas concertadas, también mencionada por Rivera en nuestra conversación, parece tan inevitable cómo incómoda para todas las partes.

Galicia es uno de los grandes perceptores de rentas mínimas del Estado, especialmente pensiones.

Para hablar de la posición de los vecinos hay que esquivar la demagogia inherente al tema y los exabruptos de los bandos de la alcaldía –que se refiere al gobierno de la Diputación de Lugo como "gobierno nacional-socialista"–. Liderados por Manuel Martínez, su posición no difiere demasiado de la del diputado Rivera: derechos por encima de dinero. Por eso exigen que la residencia sea pública, en cumplimiento de un convenio firmado en el 2016 que los mismos técnicos del ente provincial consideran de imposible cumplimiento.

Ironía no les falta. Entretanto, bajo por la pronunciada cuesta del colegio –oficialmente, Rúa Bolaño Mendo– y recuerdo mis tiempos de estudiante, y vislumbro una figura en el horizonte. Es un burrito joven, de color castaño. Me mira con el hocico satisfecho: alguien lo ha puesto a desbrozar las zonas de jardín del edificio cerrado llenas de montones de hierba alta y maleza. A este Platero parece darle igual: está allí para almorzar y por la metáfora evidente, aunque el observador imparcial podría reinterpretala. La mejor a solución del problema está en que todos dejen de preocuparse de lo suyo sin mirar al de al lado, como haría el precioso asno si, en vez de pacer libre, estuviera unido a un de esos viejos e icónicos carros ancareses.