La Comisión Europea vuelve a la carga contra la epidemia digital de la desinformación, especialmente la que beneficia a Rusia. Ahora propone la creación de un nuevo centro para coordinar las acciones de la propia Unión Europea y de los países miembros que deseen colaborar. No obstante, no habla de plazos o presupuesto, y reconoce que muchas de tales medidas ya se están implementando.   

Con el llamado "Centro Europeo para la Resiliencia Democrática", Bruselas aspira a coordinar la labor que ya están haciendo en este ámbito los Estados miembros y los países candidatos a ingresar en la UE, y su participación en él será voluntaria. 

La iniciativa forma parte de una propuesta más amplia que presentó recientemente el Ejecutivo comunitario bajo el nombre de "Escudo Democrático Europeo" (EDS por sus siglas en inglés), con una serie de hipotéticas soluciones para combatir la manipulación informativa de terceros, principalmente en internet.

Estos anuncios incluyen medidas que ya están en vigor como la ley de servicios digitales (DSA por sus siglas en inglés), que obliga a grandes plataformas como Meta, X o TikTok a combatir la desinformación. O bien la ley de inteligencia artificial, que impone a modelos de inteligencia artificial generativa una cierta transparencia.

Quizá como única novedad, Bruselas también pide más responsabilidad a los influencers cuando participen en campañas electorales. No se trata de "controlar su contenido" sino de "tener más claridad sobre su papel en campañas políticas", dijeron las fuentes europeas que cita la agencia EFE, sin dar más detalles al respecto.

'Humo y autoritarismo'

Desde la sociedad civil existe un clamor para intentar que la Unión Europea no caiga bajo el influjo de las grandes multinacionales y los intereses de terceros países en el desarrollo de sus políticas digitales. 

Para Simona Levi, reconocida activista por los derechos digitales y portavoz de la plataforma cívica Xnet, estos anuncios siguen siendo "una mezcla de humo y autoritarismo tras mucha retórica sobre democracia". Porque existe una fina línea que separan los dos grandes principios que están ahora mismo en juego: la seguridad de los ciudadanos y su privacidad. 

"Pretenden fortalecer sistemas de verificación de la información supervisados por los gobiernos con la excusa de que los males no son internos sino culpa de rusos y chinos", alega Levi, que celebra algunas victorias de la sociedad civil en la configuración del mencionado "Escudo Digital Europeo".

Bruselas, por ejemplo, "quería implementar el sistema húngaro de control de las financiaciones de las ONG para que no sean 'politizadas' y esto, por suerte, lo hemos tumbado". "Una cosa es que no puedan estar vinculadas a partidos", comenta, y añade: "Otra es que no podamos hacer política, es decir, luchar para que las políticas cambien".

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Seguridad y privacidad

Desde hace años, existe una discusión acerca de cómo luchar contra la desinformación, un asunto tan preocupante que muchos países, entre ellos España, incluyen esta actividad como una amenaza para la seguridad nacional. 

Así, frente a quienes piden sanciones para los actores relevantes que se beneficien de los bulos —o sea, en los casos en los que alguien paga y alguien cobra para que una información se amplifique—, ciertas normativas planean sobre los ciudadanos europeos y amenazan seriamente su derecho fundamental a la privacidad. 

Ejercer un control digital total sobre los ciudadanos —cosa que, por otro lado, ya hacen las grandes plataformas digitales privadas— es una tentación demasiado grande para ciertos Estados, y las excusas que se plantean para ello son siempre las mismas: la lucha contra el crimen (específicamente terrorismo y pederastia), la desinformación en internet y la defensa de los derechos de autor.

El caso más reciente y polémico, detenido hace apenas un mes gracias a la retirada de Alemania, es el reglamento que pretendía luchar contra la pedofilia (Reglamento CSAR, por sus siglas en ingles) consistente en detectar la difusión de material de abuso sexual infantil en mensajes instantáneos como WhatsApp o Telegram, o a través de correo electrónico. Una suerte de "vigilancia masiva" a todos los ciudadanos de la UE, sin control judicial, que contó desde el principio con el entusiasta voto a favor de España.

Pero parece que con la UE  nunca hay que bajar la guardia. El ex eurodiputado verde Patrick Breyer, experto en derechos digitales, alerta de una nueva propuesta de compromiso [PDF] también sobre el mismo asunto (la lucha contra los abusos a menores) que incluye las medidas más duras "por la puerta de atrás".

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Por ejemplo, exige a proveedores de servicios de mensajería como WhatsApp "todas las medidas de mitigación de riesgo apropiadas", sin especificar más, lo que abre la puerta a una vigilancia masiva y prospectiva.

También plantea el escaneo masivo de textos en chats privados con inteligencia artificial para buscar "palabras clave y señales sospechosas"; el problema es que, según Breyer, "ninguna IA puede distinguir de forma fiable entre un flirteo, un sarcasmo y un 'grooming' criminal".

Por último, busca eliminar el anonimato digital —el 'sueño húmedo' de cualquier régimen totalitario— al exigir identificación para abrir cuentas de mensajería. Breyer llama al veto de los países que anteriormente se habían opuesto a estas medidas, como Alemania, Países Bajos, Polonia o la República Checa, entre otros.