El movimiento por el derecho a la vivienda se libra día a día desde latitudes urbanas, casi de calle a calle, contra los gigantes globales de la especulación inmobiliaria. Mientras uno interpela a las vecinas del balcón del lado, el otro invierte en edificios de seis husos horarios diferentes. No es de extrañar que diferentes ciudades de todo el mundo hayan reactivado la lucha durante la última década para adaptarse al nuevo marco que plantea el capitalismo globalizado: la ciudadanía tiene que hacer frente a fondos buitre que tienen tanta o más influencia política que un Estado, ante la pasividad o lentitud institucional y con una policía con el mandato de proteger la propiedad privada.

Este es el caso de Barcelona o Madrid y también de Nueva York. Aun la evidente diferencia de fuerzas, es en esta ciudad estadounidense donde se ha visto el impacto que pueden generar las redes de vecinos organizados por el derecho por la vivienda. Lo sabe la activista Cea Weaver, promotora de la campaña Housing Justice For All [justicia habitacional para todo el mundo], una alianza de más de 70 organizaciones de arrendatarios y gente sin techo unida para exigir el acceso a una vivienda digna y asequible: "El 2017 vimos que los arrendatarios teníamos suficiente fuerza para entrar en la arena política", explica la activista neoyorquina, que apenas acaba de participar telemáticamente a la Comisión de Vivienda de Barcelona.

¿Y cómo lo han hecho? Pues organizando una huelga de alquileres bajo el lema Cancel Rent donde se han sumado una gran cantidad de arrendatarios: "Miles de personas no están pagando el alquiler, pero porque no pueden. Mucha gente ha perdido su lugar de trabajo y tiene que escoger entre comer, pagar el seguro médico o la casa. La gente hace huelga por necesidad", argumenta la activista, quien explica que en los últimos años el movimiento ha conseguido ganar muchos adeptos con la acción directa, y ha recuperado el impulso desde el 2015 después de décadas donde el poder financiero había ganado peso en el mercado inmobiliario exprimiendo la capacidad adquisitiva de los vecinos. Ahora el movimiento pide una rebaja de precios que no se ha aplicado nunca en los últimos 50 años y, en el horizonte, pone como demanda la regulación del precio de los alquileres para hacerlos accesibles a la ciudadanía y aumentar el parque de vivienda pública.

La acción directa contra los fondos buitres, en el centro

Es precisamente mediante acciones como una huelga de alquileres como Weaver cree que se pueden llegar a lograr estos objetivos. Se trata de una fórmula que ya se practicó en Nueva York a principios de siglo, con la primera huelga en 1907, así como en Barcelona en 1931, organizada por la CNT, o la de este año, a pesar de que con menos éxito que en el caso neoyorquino. "Es una muy buena herramienta para presionar y para concienciar que no es lícito que mediante la vivienda haya actores que saquen un beneficio económico personal. Pero las huelgas tienen un riesgo, y las organizaciones de arrendatarios tienen que asegurarse que la gente es consciente de este riesgo y lo quiere asumir".

La influencia de Housing Justice For All también ha aumentado exponencialmente en el contexto de las protestas del Black Lives Matter como marco, que ha evidenciado todavía más las desigualdades raciales al país y que también se expresan en el mercado inmobiliario: "Otra vez, vemos como la riqueza y los recursos de la gente negra han sido robados para ofrecerlos a la gente blanca. En materia de vivienda, a la comunidad negra se les da acceso a casas donde de ninguna forma pueden lograr ningún tipo de estabilidad".

A este hecho se suma la denuncia contra la violencia policial que también topa con el derecho a la vivienda: "Vemos constantemente como la policía defiende con las uñas y los dientes la propiedad privada". A modo de ejemplo, Weaver recuerda las cargas policiales en una casa ocupada en California por mujeres embarazadas migradas: "Las desalojaron con gas lacrimógeno y cargas".

La activista también destaca la importancia de tensar los representantes políticos para que tomen partido en la dicotomía entre los grandes propietarios y los arrendatarios: "No se puede estar de los dos lados". En este sentido, destaca el apoyo de la primera representante abiertamente socialista en el Senado, Julia Salazar, escogida para representar el barrio neoyorquino de Brooklyn. Pero, sobre todo, Weaver destaca la importancia de la acción directa organizando huelgas de alquileres, parar desahucios o ir a señalar los grandes tenedores en sus barrios: "Organizamos una protesta en la casa del CEO [consejero delegado] de Blackstone, Stephen A. Schwarzman, que vive en Long Island. Esta es una muy buena forma de presión".

Y como que no siempre es fácil hacer frente a un gigante global, Weaver apuesta por estrechar las redes entre los movimientos por el derecho a la vivienda en todo el mundo: "Admiro mucho los activistas de Berlín, que han conseguido las protecciones a los arrendatarios más fuertes del mundo en solo cinco años. Creo que tejiendo vínculos internacionales podemos llegar a ser más creativos y cubrirnos mejor las espaldas".