La cuarta parte de la población española vive en la pobreza o está en riesgo de exclusión social, advirtió hoy el relator especial de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Olivier de Schutter.

En la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de su informe sobre la situación en este país, elaborado por su predecesor, Philip Alston, el relator indicó que pese a que España es una nación rica, afronta problemas graves, como "una enorme crisis de vivienda y paro estructural entre sus jóvenes".

Estos dos graves problemas que señala Olivier de Schutter se han agravado durante el estado de alarma. Hace una semana el Sindicato de Inquilinos celebraba que se haya establecido un índice de precios del alquiler. Además pidieron "actualizarlo a la nueva realidad", tras la crisis de la covid-19, porque "los ingresos de la población están cayendo y esto hace que muchos alquileres sean inasumibles" y añadieron: "Si queremos que la regulación sea efectiva, conviene adaptar las políticas a la coyuntura política y social en la que vivimos".

La Organización Internacional del Trabajo, organismo independiente de la Organización de las Naciones Unidas, explicó hace un mes que uno de cada seis jóvenes de 18 a 25 años ha perdido su trabajo a raíz de la emergencia del coronavirus. Además, los jóvenes que siguen trabajando han visto reducida su jornada en un 23% de media, según el informe sobre el impacto de la covid-19 en el mercado laboral, siendo las mujeres jóvenes las más perjudicadas.

De Schutter añadió que medidas como el Ingreso Mínimo Vital, recientemente aprobado en España, ayudarán a paliar estos problemas, "beneficiando a alrededor de 1,6 millones de personas que viven en la extrema pobreza".

"Hacer mucho más por las personas de bajos ingresos"

A principios de febrero, antes del inicio del estado de alarma en España, el entonces relator de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, aseguró que "España es un país muy rico y parece que estuviera prosperando económicamente; o sea que España se puede permitir hacer mucho más por las personas de bajos ingresos".

El relator señaló que hay "problemas similares" en todas las comunidades: "Hay los mismos problemas, de viviendas que son imposibles de pagar, de desempleo, de salarios y condiciones inadecuadas y mucha gente que trabaja a tiempo completo pero aún así no gana lo suficiente para vivir de ello".

Oxfam Intermón presentó un informe a mediados de febrero explicando que erradicar la pobreza severa en España no es en absoluto una quimera: se necesitarían 6.400 millones de euros al año (el 0,55% del PIB) para sacar a cuatro millones de personas de esa situación de absoluta precariedad. 

La ONG denunció que el sistema de protección social en España está no sólo infradotado de recursos económicos, sino que también es regresivo y su capacidad de reducir la pobreza es limitada. Deja desprotegidos a jóvenes o a mujeres en situación de precariedad que no han podido integrarse en el mercado laboral y "a decenas de miles de hogares".

Millones de hogares sufren pobreza energética

La prohibición de cortar los suministros básicos que el Gobierno incluyó en los decretos del 'escudo social' ha evitado que más de 200.000 hogares se quedaran sin electricidad y/o gas.

Un tercio de los asalariados y los autónomos se quedaron sin la posibilidad de trabajar por una causa de fuerza mayor, en un país en el que decenas de miles de familias no tuvieran recursos para comer en apenas una semana y en la que, según las estimaciones oficiales, más de cuatro millones de hogares padecen pobreza energética.