El Tribunal Supremo ha declarado al juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dirigido por la juez Carmen Lamela, competente para investigar el ataque sufrido por dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua el pasado 15 de octubre de 2016, al entender que indiciariamente se trataría de un delito de terrorismo.

De este modo, ha resuelto la cuestión de competencia planteada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, a instancia de la Audiencia Provincial de Navarra, que considera que la causa debía seguirse allí. El Supremo afirma que los hechos pueden encajarse en el artículo 573.1 del Código Penal que considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física cuando se lleva a cabo con la finalidad de provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

La Sala Segunda de lo Penal del alto tribunal explica en un auto que, en una "valoración provisional" y conforme a un informe del Ministerio Público al respecto, la competencia es de la Audiencia Nacional, ya que es la encargada de los delitos de terrorismo. Asimismo, indica que esta decisión no debe perjudicar el resultado de la investigación y de lo que se pueda decidir en el momento del enjuiciamiento.

De hecho, el alto tribunal recalca que "dada la entidad de las lesiones sufridas por uno de los agentes" de momento no se puede "excluir" la gravedad del delito. Según dice el Supremo, se puede apreciar de "modo indiciario" que los hechos tuvieron lugar "dentro del marco de conductas dirigidas a crear en los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de sus familias un estado de terror e inseguridad que los impulse a abandonar los mencionados territorios".

Además, señala que tampoco se puede descartar que la finalidad de las actuaciones fueran "provocar tal estado emocional en las personas que aparecen como víctimas de los hechos".

Lamela concluyó la instrucción en febrero

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha sido la que ha llevado la instrucción de la agresión de los dos agentes de la Guardia Civil, acompañados por sus parejas. La magistrada concluyó el sumario contra los nueve identificados como agresores el pasado 2 de febrero.

Siete de ellos fueron enviados a prisión el pasado mes de noviembre y posteriormente la magistrada decretó la excarcelación de cuatro ellos. Otros dos permanecían ya libres con la obligación de comparecer dos veces por semana.

Lamela decidió procesar unos días después de los arrestos a los nueve identificados, por lo que todos ellos presentaron sendos recursos a la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional. Hasta el momento, la Sala ha revocado uno de los procesamientos y ha confirmado otros tres.

No obstante, los procesados también interpusieron un recurso ante la Audiencia Provincial de Navarra contra el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Pamplona en el que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional al considerar que la competencia era suya.

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra estimó los recursos al considerar que la causa debía instruirse en Pamplona por lo que planteó una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo para que decidiese qué órgano judicial debe asumir la investigación.

Rutinas de "hostigamiento" a la Guardia Civil

Para Lamela, las agresiones se enmarcan en las rutinas de "hostigamiento" a los agentes del Instituto Armado que impone el colectivo Ospa Mugimendua, al que pertenecen algunos de los detenidos, y que opera en el municipio navarro. "Todos conocían con anterioridad la condición de Guardia Civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados", afirma en el auto de procesamiento.

Considera que "actualmente cuentan con el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai". De hecho, concreta que en la localidad de Alsasua a este movimiento se le conoce como Ospa Mugimendua y tuvo su origen en marzo de 2011, cuando se creó la denominada "Comisión Antirrepresiva de Alsasua" que ha venido desarrollando diferentes actividades.

El colectivo busca, según la juez, "influir en la vida de los miembros de la Guardia Civil para que se sientan objetivo de grupúsculos violentos y tengan dificultades para realizar sus actividades diarias, tales como realizar sus compras, disfrutar del tiempo libre con sus parejas o apuntar a sus hijos a actividades, instando a otros ciudadanos a evitar ningún vínculo afectivo con ellos". Quien incumple estos preceptos "es tildado de afín al Instituto Armado y puede también convertirse en objetivo".

Otro conflicto de competencias

El Tribunal Supremo además tiene pendiente de resolver otro conflicto de competencia entre los mismos órganos judiciales. En este caso se trata de los disturbios que tuvieron lugar el 11 de marzo en Pamplona, por los que detuvieron a cuatro personas.

Lamela se reafirmó el pasado mes de abril en su competencia de investigar los hechos, al considerar que se enmarcan en una presunta conducta terrorista, mientras que la Sección Primera de la Audiencia de Navarra no comparte esta percepción y revocó la decisión de la juez de la Audiencia Nacional de ordenar al Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, que fue el que inició la instrucción, que le remitiese la causa.