El catalán en la Justicia: una asignatura pendiente a pesar de los avances legislativos

"Hay una tendencia atávica a considerar el castellano como el idioma de la Justicia. Lo tenemos muy arraigado en nuestra práctica", afirma a Público el abogado laboralista del Colectivo Ronda Natxo Parra. El letrado, que califica de "victoria" la nueva ley orgánica del derecho de defensa que permitirá utilizar el catalán en los juzgados del Estado español, admite que el verdadero problema radica en el escaso uso de la lengua en la Justicia en Catalunya.

"La situación es dramática. La mayoría de actuaciones judiciales en Catalunya se realizan en castellano porque la tradición ha pasado de generación en generación y porque, de manera inconsciente, terminas adoptando la lengua de la persona que está decidiendo, que es el juez", añade. Según datos publicados por el Departamento de Justicia, solo un 14,3% de los magistrados en 2022 tenían acreditado un nivel C1 de catalán. En el caso de los abogados y fiscales, el porcentaje ascendía al 28% y descendía al 9%, respectivamente.

La clave es que la acreditación del C1 no es un requisito, sino un mérito que permite obtener puntos para trasladarse a otro territorio. "Muchas veces hay jueces que vienen a Catalunya y aprenden el catalán, pero una vez lo dominan, se marchan. Entonces llega otra persona que tienes que volver a formar. Es una contradicción muy curiosa", argumenta la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana.

Superar la hegemonía del castellano en la Justicia catalana

De acuerdo con los datos publicados en julio en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en 2023 se dictaron 17.453 sentencias en catalán, es decir, un 6,8% del total emitidas (256.784). Aunque no se disponen de cifras concretas sobre los actos orales, se estima que su uso es mayor en juicios, vistas, comparecencias y declaraciones, en comparación con los escritos y decretos oficiales.

Para Parra, dictar todas las sentencias en catalán es "difícil", pero sería posible para los trámites previos, "que no dependen de un razonamiento y están muy pautados; son modelos". "Se podría establecer el catalán como lengua vehicular en la Administración de Justicia, como se hace en la Generalitat o en los ayuntamientos", añade.

Por su parte, Plana reconoce que la solución del catalán en los tribunales es "compleja", ya que los operadores jurídicos "son cuerpos estatales", es decir, que cualquier persona puede presentarse a cualquier plaza del Estado. "Tenemos muchos jueces que han venido de otras partes de España que no conocen nuestra lengua", explica Plana, consciente de la dificultad que supone establecer el conocimiento certificado del catalán como un requisito obligatorio.

El catalán en los tribunales de ámbito estatal

A pesar de que el diagnóstico en Catalunya no sea muy esperanzador, Parra aplaude el paso adelante de la nueva ley del derecho a defensa, que permite que cualquier ciudadano catalanohablante implicado en un proceso judicial que llegue al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional, pueda utilizar el catalán para comunicarse en todo momento.

Hasta ahora, el uso de las lenguas cooficiales del Estado —catalán, euskera y gallego— en los tribunales estaba restringido a los territorios donde estas tenían carácter oficial. Si un caso llegaba a un tribunal estatal, era necesario traducir toda la documentación y cambiar la comunicación al castellano, aunque el juicio se hubiera iniciado en otra lengua. "Este es un gran avance, porque el acusado no solo podrá expresarse como prefiera y tendrán la obligación de ponerle un intérprete, sino que también tendrá derecho a recibir toda la documentación oficial y comunicaciones en catalán", celebra Plana.

Hace casi seis años que los líderes del Procés se vieron obligados a defenderse en castellano en el Tribunal Supremo porque no se les permitió beneficiarse de la traducción simultánea. Solo se les ofreció la traducción consecutiva —frase a frase—, un procedimiento que rechazaron porque interrumpía su discurso y no les permitía expresarse "espontáneamente".

"En una situación de indefensión o de inquietud, ante un tribunal, es lógico que una persona quiera utilizar la herramienta de comunicación que le resulta más familiar y con la que puede expresar todos los matices", afirma Plana. Turull, Cuixart o Junqueras, entre otros, no pudieron ejercer el derecho que ha entrado en vigor este miércoles. De hecho, el secretario general de Junts y el expresidente de Òmnium incluso tuvieron que traducir ellos mismos algunas pruebas al juez Manuel Marchena o al fiscal Jaime Moreno porque estaban escritas en catalán.

Cambiar la percepción de la lengua

Según el último informeCAT de Plataforma per la Llengua, que recoge los datos de una encuesta Òmnibus del Centro de Estudios de Opinión, el 49% de los catalanohablantes piensa que expresarse en catalán en un juicio en Catalunya puede perjudicar sus intereses. Y la cifra aumenta más en el caso de presentar escritos en catalán: más de la mitad de los encuestados (un 51%) cree que no les sería favorable. Plana lamenta la percepción negativa que tiene la sociedad sobre cómo puede afectarles usar una lengua diferente al castellano, "no solo ante el mundo judicial, sino también ante cuerpos de seguridad nacional".

"Es necesario cambiar esta visión de los catalanohablantes, pero también de la otra parte. Tienen que entender que utilizar el catalán en un tribunal o ante la Policía Nacional o la Guardia Civil no es una cuestión aleatoria, un capricho o por querer llevar la contraria. Cuando una persona está sometida a una situación de tensión, es normal que lo que le salga de dentro sea su lengua propia", añade.

Es evidente que todo ayuda, pero para Plataforma per la Llengua, impulsora de las enmiendas al proyecto de ley que ahora es una realidad, es imprescindible hacer entender que el conocimiento de la lengua no es una cuestión superflua, sino que en ámbitos como la justicia o la salud, es "básico y primordial" para garantizar el derecho de la ciudadanía a defenderse o a ser atendido adecuadamente.