CatalunyaBruselas tiene la última palabra sobre la ampliación de El Prat, que ve con recelo por su impacto medioambiental

El Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya acaban de suscribir un acuerdo para la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Con una inversión de 1.700 millones de euros, la iniciativa no ha gustado a los grupos ecologistas, pero también levanta polvo en la Comisión Europea, que tendrá que dar su visto bueno final por sus macroimplicaciones medioambientales.

De concretarse, la tercera pista de esta ampliación aeroportuaria afectará al estanque de La Ricarda, en el Delta de Llobregat, un espacio natural altamente protegido por la red europea Natura 2000. Cualquier modificación que afecte a estos terrenos debe contar con el beneplácito de la Comisión Europea y cumplir con la Directiva de Hábitats y la de Aves.

La Generalitat evita, de momento, aclarar si la extensión alcanzará los 500 metros previstos por Aena y que incluyen La Ricarda. Previamente Aena había declarado que el proyecto solo saldría adelante con esta tercera pista. La única vía para que Bruselas autorice tal movimiento es la justificación de que no hay alternativa posible, lo que parece difícil de sostener por la gran conectividad de la región.

Los pronósticos de una luz verde no son buenos: primero, por el mal historial que la administración pública acumula en la zona; segundo, porque llega en un momento de revolución verde cuyo objetivo es reducir la contaminación aérea y; tercero, debido a la riqueza y a la fragilidad de un ecosistema que, según Bruselas, tiene "un rol crucial en las rutas migratorias de muchas especies europeas".

"Es absolutamente imposible que se respeten las Directivas de la Naturaleza de la UE si se ocupan espacios de alto valor ecológico con una infraestructura que por el mero hecho de funcionar generaría, además del impacto en el hábitat y en las especies que alberga, emisiones causantes del cambio climático, contaminación atmosférica y acústica", advierten desde la ONG ecologista Seo BirdLife.

Bruselas lleva meses dando tirones de oreja a Madrid por no tomar las medidas suficientes para proteger este paraje. De hecho, el Ejecutivo comunitario abrió en febrero un procedimiento de infracción a España por el deterioro del Delta de Llobregat y por la amenaza a su biodiversidad que supuso la anterior expansión del aeropuerto catalán. El diálogo en este ámbito de Bruselas con las autoridades españoles se remonta a 2013. Sin embargo, en nueve años, la compensación y la implementación de un plan para proteger los espacios naturales y paisajísticos del Delta de Llobregat han sido insatisfactorios, lo que deja la extensión futura en peor posición.

De momento, el Ejecutivo comunitario está analizando la situación y recuerda a España que es responsable de aplicar el acervo comunitario. "Estamos al corriente de las informaciones. Hay una legislación en marcha en materia medioambiental que debe cumplirse. Por ello, deben realizarse los correspondientes estudios de impacto medioambiental en los grandes proyectos que puedan tener un impacto sobre las aguas, la tierra o los hábitats naturales", afirma Vivian Loonela, portavoz de la Comisión Europea, preguntada por Público.

"Incoherencia climática"

Jordi Puigneró, vicepresidente del Govern, describe el nuevo proyecto como "el aeropuerto más verde de Europa". "Ningún aeropuerto es verde. El sector aéreo depende al completo de combustibles fósiles y su descarbonización a corto y medio plazo", responden desde Greenpeace. Las asociaciones ecologistas han denunciado el doble rasero del Gobierno español ante esta iniciativa. El país destinará el 40% de los 69.500 millones de euros que le corresponden de los fondos europeos a proyectos que impulsen la transición ecológica, con un especial énfasis en la movilidad sostenible. Por ello, los críticos le acusan de "incoherencia climática" con el que ha sido uno de los primeros acuerdos de entendimiento con la Generalitat.

Algunas de las medidas que contempla la Comisión Europea para hacer frente a la emergencia climática a través de su revolución verde –bajo el nombre de ‘Fit for 55’- es la progresiva desaparición de los vehículos de gasolina o la creación de tasas a los transportes aéreos que utilicen combustibles fósiles. El objetivo es impulsar una movilidad más verde y sostenible. Algo para muchos incompatible con este proyecto.

El avión es el modo de transporte más contaminante por persona: emite hasta 20 veces más emisiones que el tren. Por ello, organizaciones como Greenpeace denuncian "a falta de compromiso del Gobierno de Sánchez en el desarrollo de un modelo de transporte limpio y eficiente". "La aviación no solo tiene un grave impacto sobre el clima, también perjudica a la población local con más ruido y más contaminación atmosférica y arrasa espacios protegidos por su biodiversidad, como sucede en El Prat", denuncia Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, a través de un comunicado.

La promoción de los vuelos en tiempos de emergencia climática también ha desatado choques entre los partidos políticos y amenaza con enfrentar al Gobierno de coalición. En Comú Podem, la rama catalana de Podemos, se ha mostrado en contra. Su presidenta Jéssica Albiach lo ha descrito como "un acuerdo cocinado en secreto y pensado para los accionistas de Aena". También crítica ha sido María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Podemos. "Más aeropuertos para un mundo con menos aviones. Un desborde de creatividad y una apuesta inteligente. La megalomanía, el nuevorriquismo y la ideología de la rotonda siguen operando en el ADN de este país", ha señalado a través de Twitter.