La central nuclear de Cofrentes entró en servicio el 1984 con una vida útil estimada de 25 años. Este año hará ya 37, después que en 2011 ya se le prorrogara la licencia por una década. Ahora, cuando ya tocaría su cierre, hay sobre la mesa una nueva prórroga hasta 2030, fecha a partir de la cual Iberdrola –propietaria de la central- y Enresa –empresa pública de gestión de los residuos nucleares- habrían pactado un plan de desmantelamiento. La decisión final, sin embargo, depende de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Y la fecha tope es el 20 de marzo.

Desde el Foro Nuclear, la asociación que representa la patronal del sector, se insiste en el valor "absolutamente estratégico" de la central de Cofrentes, responsable por sí sola del 3,7% de la producción eléctrica española y "sin generar gases de efecto invernadero". Además, "se trata de una fuente estable, que no depende de las variaciones climáticas, tal como se ha demostrado en la última ola de frío", asegura.

En cambio, desde la plataforma Tanquem Cofrents, que reúne la totalidad del movimiento ecologista valenciano y buena parte del tejido asociativo del país, se asegura que la producción eléctrica de las nucleares no solo es "totalmente prescindible", sino que tampoco es rentable, puesto que las renovables son actualmente mucho más competitivas. "Tenemos una potencia instalada de unos 130 Gigavatios y un consumo que ronda los 40. Las nucleares representan poco más de 7 GW, o sea que se podrían apagar mañana mismo y no pasaría nada, no habría ningún apagón", asegura la portavoz de la plataforma, Lourdes Tejedor.

"A esto hay que sumar que las eléctricas están presionando para conseguir un precio mínimo para la energía nuclear, puesto que están teniendo pérdidas", asegura la activista. Entonces, ¿cómo se explicaría esta voluntad de las empresas de mantener abiertas unas centrales deficitarias? Tejedor sospecha que "una vez renovada la licencia por diez años, en un par anuncian el cierre y exigen al Gobierno que los indemnice por el lucro cesante. Sería una situación similar a la que se ha creado con el Castor".

¿Una central segura?

El 17 de febrero, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobaba informar favorablemente a favor de la renovación de la licencia, al considerar que el funcionamiento de la central es "correcto", superándose así el principal escollo técnico para mantener Cofrentes abierta. A preguntas de este diario, desde el Foro Nuclear se remitieron a este posicionamiento del CSN en el debate sobre la seguridad.

Sobre el terreno, sin embargo, la cosa se ve diferente. Guillem Masid trabajó en la limpieza de la central durante su última parada técnica, en 2019. Fue despedido antes de acabar el trabajo por negarse a entrar en el área conocida como el pozo seco, aneja al reactor. "Cuando llegamos allí nos dijeron que el cuerpo podría absorber hasta 50 microsiervet al día, pero en aquella sala llegabas a recibir 200 por hora. Llevabas un aparato que pitaba cada vez que superabas un número de microsiervets, y depende de qué sala aquello era un festival", recuerda Masid. De su experiencia, le chocó "lo envejecida" que estaban las instalaciones: "Parecía una escena de la serie Chernóbil", explica. De hecho, las puertas de las diferentes salas están diferenciadas con diferentes colores según el nivel de radiación, del verde al rojo. "Nos dijeron que esta era la única central española que tenía puertas en naranja y rojo. Es obvio que emite un nivel alto de radiación".

Tejedor recuerda que "el riesgo cero no existe" y que "Fukushima también era segura hasta el día antes de la explosión". Aunque no esconde su desilusión con el informe del CSN, a quien acusa de ser "pro-nuclear", también recuerda que en 2009 emitió otro informe donde señalaba a Cofrentes como la central "con más incidentes y más emisiones" y "alertaba de la baja cultura de seguridad" que imperaba.

La renovación, además, incorpora un problema añadido. La piscina de residuos de Cofrentes se encuentra prácticamente llena, así que si la central alarga su funcionamiento otra década, se generarían entre 250 y 300 toneladas de residuos radioactivos que no tienen un lugar donde guardarse. La solución de la central se denomina "Almacén Temporal Individual" (ATI), que, según Tejedor, no cumple las mínimas medidas de seguridad, puesto que "se encuentra al aire libre y solo recubierto por una losa de cemento de un metro de grosor".

Oposición social

Desde principios de diciembre, Tanquem Cofrents multiplicó la presión social para conseguir la no renovación de la licencia. Además de acciones en la calle y movilizaciones como una convocatoria a subir diferentes cumbres del País Valencià con banderines de la plataforma, también consiguió que la mayoría de Les Corts representada por el PSPV, Compromís y Podem renovasen su Propuesta No de Ley del 2017 –a la cual también se añadiría ERPV- exigiendo el cierre de Cofrentes. La única declaración de este tipo aprobada en un parlamento autonómico.

"Esta declaración tendría que tener suficiente peso ante la ministra Ribera –explica el diputado de Compromís Juan Ponce-. Ya nos manifestamos hace cuatro años, pero entonces estaba Rajoy. Que ahora se haya renovado, gobernando quien gobierna en Madrid tendría que servir para que se escuche la voluntad del pueblo valenciano". La respuesta de Ribera, sin embargo, no ha sido tajante por ahora. El diputado en el Congreso Joan Baldoví le preguntó directamente durante la sesión de control del pasado 24 de febrero, pero la ministra se deshizo en evasivas.