Dos de cada cinco profesores universitarios tienen un contrato de 544 euros al mes

"Los profesores asociados somos utilizados como argamasa, somos los que tapamos las grietas de una institución que lleva muchos años en situación de infrafinanciación. Las universidades públicas no se podrían sostener sin nosotros y aun así nos menosprecian". Son las palabras de Jesús Antonio Zamanillo, docente de economía de la Universidad de Burgos recientemente despedido tras 15 años consecutivos encadenando contratos temporales de un curso de duración.

Con más de 35 años de experiencia en la banca, Zamanillo compaginaba su trabajo como profesional de las finanzas y la contabilidad con el de profesor asociado, dando unas 30 horas semanales por 544 euros netos al mes. Una situación de precariedad con la que convive uno de cada cinco docentes universitarios en nuestro país y que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) pretende atajar. "Somos más de 35.000 personas maltratadas de forma laboral en nuestro empleo", lamenta Zamanillo.

La Ley Orgánica de Universidades (LOU) vigente contempla que "las universidades pueden contratar bajo esta modalidad a especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad principal fuera del ámbito académico universitario" con la finalidad de achicar la distancia entre el ámbito académico y profesional.

Un tipo de contrato a tiempo parcial que debería emplearse para complementar a las asignaturas troncales, pero que se ha venido manejando de manera "fraudulenta" por parte de las administraciones universitarias. Así lo constatan no sólo las estadísticas —algunas, como la Universidad de Murcia, tienen al 43% de su plantilla con este tipo de contrato—, sino también los innumerables testimonios y sentencias jurídicas en favor de aquellos que se han atrevido a denunciarlo.

Los recortes, origen de la precariedad universitaria

"Nosotros hacemos el trabajo de un profesor más. No hay absolutamente ninguna diferencia. Somos igual de responsables con los alumnos que los titulares o los catedráticos", explica Zamanillo. En muchas facultades los asociados representan el 60% de los créditos que se imparten, es decir, seis de cada diez clases. Y, sin embargo, se encuentran en la paradoja de ganar hasta seis veces menos que un docente con plaza fija, unos cinco euros por hora. Así, en la práctica terminan cubriendo una serie de ámbitos para los que no está diseñado este puesto sin recibir, por supuesto, remuneración alguna por ello. Surge lo que se ha denominado como el falso asociado.

"La figura del asociado es muy buena tal y como está en el papel descrita. El problema es cuando esta idea se empieza a pervertir, por ejemplo, cuando dejan de salir plazas de funcionarios porque hay un bloqueo de las cuentas al no crecer el presupuesto", argumenta Guillermo Fouce, profesor asociado de Psicosociología en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). "Al final, ha sido la forma que han encontrado las universidades para sobrevivir a los recortes", apunta en la misma línea César Rendueles, investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y antiguo profesor de Sociología en la UCM.

Ambos sitúan el origen del abuso de esta figura en los recortes acometidos tras la crisis de 2008 y ponen de relieve el valor de estos contratos cuando se hace un buen uso de los mismos. "Lo que ocurre es que se tienen que cubrir clases para un número de estudiantes cada vez más amplio, pero al mismo tiempo existe una limitación en la tasa de reposición", dice Rendueles. El sociólogo está convencido de que las universidades "no prefieren" esta figura porque "incluso en términos burocráticos traen muchos dolores de cabeza".

Un escollo para la calidad educativa

Desde la Plataforma Estatal de Profesores Asociados (AEPDIA-UP) llevan años denunciando esta situación. A su juicio, redunda en el deterioro de la enseñanza: en primer lugar, porque se da la circunstancia de que algunos docentes terminan impartiendo clases que no se corresponden estrictamente con su especialidad profesional.

En segundo lugar, porque estos procesos de promoción tan arduos dentro de la arquitectura universitaria "desaniman a una generación nueva, que viene muy motivada y muy preparada", opina otro profesor titular que prefiere mantenerse bajo el anonimato en diálogo con Público. "El cambio generacional es algo más que necesario porque hay que ser capaz de conectar con el alumno para poder transmitir correctamente el conocimiento", explica, haciendo hincapié en la importancia de "incorporar a los más jóvenes en las plantillas de docentes sin que ello se convierta en una carrera de fondo".

Finalmente, surge el debate sobre la libertad de cátedra. Zamanillo se cuestiona en qué medida puede afectar la temporalidad y la fiscalización anual de los contratos de los asociados a la hora de preparar el contenido de las clases: "En el aula, si frente a ti tienes un profesor sometido, pendiente todos los años de la renovación o no de su contrato, le estas alejando de ejercer la libertad sobre la materia". El profesor siente que si los asociados no se adecúan al programa de su departamento pueden llegar a perder su trabajo.

"Hay una falta reconocimiento absoluta del trabajo del asociado", reprocha Isabel de la Cruz, presidenta de la AEPDIA-UP. "A nosotros se nos paga por las horas de presencia en el aula y tutorías, pero no se paga ni se tiene en cuenta nada de la preparación de clases, preparación de prácticas, correcciones, evaluaciones, coordinación, etc. Todo ese trabajo que, además, a raíz del Plan Bolonia es obligatorio porque las evaluaciones han de ser continuas. Es una situación bastante insostenible", expresa.

Un estudio publicado por la Universitat de València estima que por cada hora de clase que se imparte por primera vez se requieren unas cuatro horas de preparación previa. Lo que multiplica por cinco el tiempo invertido y dedicado a las asignaturas que imparten estos profesores. Un tiempo no remunerado que afecta a sus bolsillos, pero también a las arcas del Estado.

De alguna manera, tal y como explica Jesús Martínez Férez, letrado de Trium Abogados SLP, se está "ninguneando a la Seguridad Social" porque no se cotiza por todas las horas realmente trabajadas. El jurista explica que las consecuencias a largo alcance de este modelo se reflejan luego en las jubilaciones.

"Un asociado, en el mejor de los casos, necesita trabajar tres días para cotizar uno. Es decir, si obviamos su actividad laboral realizada fuera de la universidad, tiene que trabajar 45 años para alcanzar el mínimo de 15 años cotizados que le daría derecho al 50% de la pensión, dedicando el mismo tiempo a la enseñanza que un titular", advierte Férez, visibilizando una desigualdad "completamente injusta".

Desde la asociación cuentan que "las cosas siguen igual", a pesar de llevar peleando varios años y de haberse reunido con representantes de todos los niveles institucionales responsables de tomar cartas en el asunto. "Tras tres años esperando la mejora salarial prometida por el Gobierno de coalición, la gente se está planteando hacer una huelga. Si no hacen caso de ninguna manera, esa será la salida. La sensación general es de decepción y enfado", concluye De la Cruz.

Las nuevas conquistas de la LOSU

La reforma universitaria fue una de las grandes promesas del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, e incluso abrieron una cartera nueva para que las universidades pudieran tener su propio ministro. Primero fue Manuel Castells y luego Joan Subirats los encargados de afrontar una nueva ley de universidades que pusiera fin al deterioro de los estudios superiores, a la precariedad docente y estudiantil.

El pasado 21 de junio el anteproyecto de ley fue aprobado en el Consejo de Ministros y en estos momentos se encuentra en trámite parlamentario, preparando los ajustes requeridos para que pueda ser debatido y votado en el Congreso. El nuevo texto es el resultado de un largo proceso de consulta y escucha con los diferentes actores del sistema universitario. Aspira a responder a las necesidades que demandará la sociedad durante los próximos 20 años.

Fuentes del ministerio aseguran que en estos momentos se está trabajando mano a mano en las negociaciones de las enmiendas con el resto de grupos parlamentarios, así como con los sindicatos el Estatuto del PDI y la memoria económica.

Las mismas fuentes detallan que el cambio más importante que va a introducir la nueva legislación respecto a la figura del asociado es que sus contratos pasarán a tener un carácter indefinido, permanente, en la línea de la reforma laboral. "Esto hace que tengan una mayor garantía de derechos y que, por ejemplo, pueden acceder a las indemnizaciones correspondientes que establece el Estatuto del Empleado Público si se les despide", señalan.

También se reduce la temporalidad. "Actualmente estaba fijada en un 40% y ahora pasa a un 8%. Además, se ha modificado la definición en cuanto a las horas, que pasan a ser 120 horas. Un profesor que trabaja 180 horas entendemos que no cumple con la función de un asociado, por eso se limita. Y se restringe solo a aquellas materias en las que su experiencia profesional sea relevante para evitar que se haga un mal uso de esas figuras", exponen, "garantizando la dedicación a tiempo parcial".

Dentro de las novedades, también se incluye que no puedan hacer "funciones estructurales de gestión y de coordinación". "No queremos que sea una falsa vía de entrada a la carrera académica. Solo un recurso para mejorar la calidad de los grados", especifican.

Con la LOSU, aquellas universidades que superen el 20% de asociados están obligadas a hacer unos programas de promoción donde el profesor asociado con experiencia tendrá un mérito preferente para acceder a la plaza: "Si eres asociado y no tienes el doctorado, las universidades te podrán hacer un contrato predoctoral".

La prioridad del Ministerio en esta fase parlamentaria es poder recoger en el salario de los asociados las actividades como docentes que de facto ejercen, pero por las que no cobran (preparación de clases, correcciones, evaluaciones).

Sin embargo, a los más críticos les preocupa que no se especifiquen mecanismos que impidan el mal uso de la figura. Les inquieta que, en última instancia, la decisión final la tengan los campus universitarios y que perpetúen esta situación de "fraude". "¿Quién nos asegura que con este cambio no se va a seguir usando la figura como hasta ahora?", se pregunta Férez, que insiste en que "bajo su opinión es un disparate que la financiación en Defensa doble a la de la universidad".

Por parte de la AEPDIA-UP se mantienen escépticos. "El ministro ha reconocido el problema gravísimo con los asociados. Ha hablado de la existencia de profesores pobres, de la precariedad, de la ilegalidad... Toda una serie de principios que nos dan esperanzas. Pero nos preocupa que a partir de la LOSU pueda haber despidos masivos", dice De la Cruz, alertando de la doble cara de la estabilización. "En el momento en el que los hagas desaparecer ya no tienes que estabilizar nada, claro. La sensación es un poco de pensar: Bueno, ya que no vamos a acabar con la precariedad, acabemos con los precarios", termina.