"Ya le saqué la cita a un cliente tuyo. Por eso tengo tu número". Es el mensaje que se encontró en su teléfono Wendy Rodríguez Garrido, abogada de Extranjería y miembro de la Asociación de Mujeres Juristas por la Inmigración, hace algunas semanas. Quien le escribía decía ser un ingeniero informático que llevaba más de tres años haciendo negocio con un derecho fundamental.

Obtenía citas en las oficinas de Extranjería y Fronteras de grandes ciudades españolas para personas migrantes que tuvieran que renovar o solicitar, entre otras cosas, su su Número de Identidad de Extranjero (NIE) o su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), un documento imprescindible sin el que un migrante en España puede ser sancionado por la Policía, tener problemas para firmar un contrato de trabajo o, simplemente, dar de alta el suministro eléctrico.

Para obtener esta tarjeta, además de tener reconocida una residencia legal en el país por un mínimo de seis meses, la persona migrante debe acudir a una comisaría u oficina de extranjería previamente para que se le tomen las huellas dactilares. Después tiene que ir a recoger la tarjeta y abonar las tasas correspondientes. Pero según los afectados, conseguir ambas citas está resultando imposible.

El proceso de obtención de cita se realiza por internet, a través de las páginas oficiales, pero la escasez de ellas hace que muchas personas migrantes no sean capaces de conseguirla y, ya desesperados por tener todos sus papeles en regla, acaben acudiendo a intermediarios que cobran por ello.

Así es como ha surgido todo un mercado negro basado en trámites gratuitos, pero casi imposibles de realizar, y cuyos precios varían desde los 50 a los 150 euros, según denuncian varias organizaciones de apoyo a migrantes y agrupaciones de abogados especialistas en Extranjería. "Es como si tuvieras que pagar cien euros a alguien cuando se te caduca el DNI y quieres una cita para renovarlo", critica Rodríguez.

Los anuncios pueden encontrarse fácilmente en portales como Mil Anuncios o, incluso, en Wallapop. Los anunciantes prometen citas en un plazo de varios días por diferentes precios en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Según ha denunciado también la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, afincada en Málaga, a varias personas a las que dan asistencia se les está llegando a cobrar entre 50 y 150 euros por cita. "Consideramos que es del todo inadmisible que la compra de citas se haya convertido en la única alternativa para las personas que tienen que realizar este trámite", denuncia Ahmed Khalifa, presidente de la asociación.

La abogada Rodríguez ya conocía la existencia de estos intermediarios que aparecen cuando escasean citas de varios trámites para extranjeros. Asegura que, en muchas ocasiones, son personas en situación irregular que se buscan la vida como pueden. "Este me ofrecía citas a 50 euros para que yo se las ofreciera a mis clientes a cien", afirma esta abogada especialista que suele trabajar en los expedientes de personas extranjeras que quieren regularizar su situación.

Ella decidió denunciar el caso, pero para Rodríguez, lo peor no es este mercado negro, sino la razón por la que se genera y el responsable último de que sea posible: el Ministerio del Interior. "No se está dotando de personal suficiente a las oficinas de Extranjería. Por eso se ofertan tan pocas citas y a horas de madrugada", explica, conocedora del trabajo de "cazar" una reserva para sus clientes.

Khalifa opina igual. "No se están destinando los medios necesarios para atender las gestiones relacionadas con la renovación de permisos de residencia y otros documentos", lamenta. Y advierte de que el gasto económico por un trámite a priori gratuito no es lo más dramático. "La toma de la huella, por ejemplo, es un trámite imprescindible para que las personas inmigrantes renueven sus tarjetas de identidad de extranjero porque, de lo contrario, una vez que expire el plazo, quedarían en situación administrativa irregular", puntualiza.

La situación se agravó aún más durante el estado de alarma iniciado el pasado marzo, aunque se prorrogaron todos los permisos de extranjería durante el confinamiento. Las citas que a muchos les había costado tiempo y dinero conseguir quedaron anuladas por el cierre presencial de las oficinas. Y la nueva normalidad, en este caso, es idéntica a la vieja: nuevas esperas interminables para trámites obligatorios fundamentales para la vida cotidiana.

Ante esta situación, numerosos colectivos de Madrid, Barcelona y Valencia han realizado protestas virtuales en redes sociales bajo el lema #CitasHuellasExtranjeriaYA. También, la abogada María Dolores García Montellón y un grupo de abogados de toda España han lanzado una campaña de recogida de firmas para que se dote de personal a las Oficinas de Extranjería, sobre todo en grandes ciudades, donde el problema en más acusado. "Es un problema muy grave. Hay casos de gente que no consigue la cita desde el 2019. Hay gente que estaba enferma y ha muerto esperando la cita para tomarse la huellas. Es inadmisible", sostiene Rodríguez, que insiste: "No son citas para conseguir papeles, sino para renovar los que ya se tienen".

Interior niega el problema

Sin embargo, desde el Ministerio del Interior reconocen que hubo "dificultades" durante el primer estado de alarma para conseguir citas de Extranjería en general, pero ahora niegan que exista el problema y remiten a la respuesta del ministro, Fernando Grande-Marlaska, a una pregunta del senador de ERC Nasih Nahar, que también hablaba de "mafias" que se lucran con las citas. Marlaska recordó que se ha ampliado el plazo de renovación del NIE hasta el próximo 21 de diciembre por ese motivo y que, además, "se ha reforzado la atención y ampliado el número de oficinas con cita previa, que han pasado de 92 a 127" en todo el país. Algo que, según el ministro, ha aumentado la expedición de los documentos el pasado septiembre en un 71% en Madrid, un 120% en Baleares, un 83,7% en Alicante y un 45% en Barcelona.

Pero según las organizaciones, sigue sin ser suficiente y sigue siendo un problema que ya viene de años y siempre con el extranjero como principal perjudicado. En 2019 ya hubo una protesta por al falta de citas de extranjería e incluso el Defensor del Pueblo alertó de la situación, siempre más complicada para personas extranjeras.