La ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales ha sido aprobada y finalmente, después de meses de tira y afloja, los perros de caza no estarán incluidos dentro de las protecciones que garantiza la nueva normativa. Así, los canes empleados en actividades cinegéticas no se beneficiarán de los avances que presenta esta nueva ley.

En esta última sesión del pleno se han aprobado una decena de las casi 20 enmiendas incorporadas en el texto presentado por el Senado. El proyecto de ley ya se encuentra listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su correspondiente entrada en vigor. La presente normativa reformará el Código Penal en lo relativo al maltrato animal, endureciendo las sanciones y ampliando las cobertura para salvaguardar a los animales en riesgo. 

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, impulsora de la normativa, no ha estado presente en el pleno de este jueves. Sin embargo, la secretaria general de Unidas Podemos sí se ha pronunciado en la Cámara tras la ratificación del proyecto de ley. "Responde a la sensibilidad que tienen los y las ciudadanas de nuestro país con los animales, a los que quieren cuidar y proteger en su mayoría. Creo que hoy empezamos a acompañarlos por parte de las instituciones públicas, que es algo fundamental". 

La ministra ha lamentado la decisión del Partido Socialista de "darse la mano con el Partido Popular y con Vox para excluir de esta norma a los perros de caza". Un mes más después de que se aprobara el anteproyecto de la ley de bienestar animal en el Consejo de Ministros, el PSOE presentaba una enmienda para restringir a los perros de caza de las protecciones. "Lamento no haber sido capaz de reconstruir ese consenso que logramos en el Gobierno para proteger a todos los animales", ha añadido Belarra. 

La ley entiende a las mascotas como "seres sintientes"

La nueva ley de bienestar animal considera a las mascotas como "seres sintientes" y amplia un nuevo abanico de derechos para estos conforme a esta calificación. Con la aprobación de la presente normativa, se perseguirá "la impunidad de los maltratadores" endureciendo las sanciones e incrementando las obligaciones de los dueños de cara a sus mascotas. Belarra ha calificado la nueva legislación como "la primera ola de derechos de los animales en España". 

La ley de bienestar animal, que entrará en vigor una vez trascurran los seis meses desde su publicación en el BOE, busca garantizar la protección del bienestar y la dignidad de las mascotas en el territorio español, que pasan a ser consideradas como integrantes del núcleo familiar. 

Así, la presente legislación ampara a los animales domésticos y silvestres que viven en cautividad a excepción de los perros de caza o animales que se dediquen a otras actividades profesionales como salvamento, espectáculos taurinos y producción.

Para asegurar el derecho al buen trato, respeto y protección de los animales, la nueva normativa pone en el punto de mirar las altas tasas de abandono y el empleo de animales en actividades violentas o con propósitos comerciales como la cría o la venta en tienda. Para poder extraer beneficio económico de la venta de animales será necesario contar con la licencia de criador registrado. 

La nueva normativa presta especial atención a los perros. Una de las novedades principales es que para tener una mascota canina será necesario acreditar un curso de formación que será gratuito y tendrá vigencia indefinida. Las personas que ya sean titulares de la potestad de un perro, deberán realizar una prueba junto a su mascota para valorar su aptitud para desenvolverse en el ámbito social. 

Así, durante toda la vida del animal la persona titular deberá contar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal.

Aumentan las sanciones 

La horquilla de los importes a pagar variarán según la infracción cometida, oscilando entre los 500 y los 200.000 euros. Las sanciones quedan dividas en leves (multas de 500 a 10.000 euros), graves (de 10.001 a 50.000) y muy graves (de los 50.000 a los 200.000 euros). 

Entre otros comportamientos, será considerado grave el incumplimiento de las obligaciones de identificación del animal; el uso de métodos agresivos o violentos en su educación; la administración de sustancias que le perjudiquen a menos que sean prescritas por veterinarios y con un fin terapéutico, así como practicar al animal mutilaciones o modificaciones corporales no autorizadas.