La decisión del Ministerio de Sanidad de obligar a llevar mascarilla en centros sanitarios ha levantado las quejas de las once comunidades reacias a imponer su uso. Algunas han dicho que la acatarán pese a oponerse, otras estudian su legalidad.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este martes a estas comunidades -todas salvo Catalunya, País Valencià, Aragón, Murcia, Asturias y Murcia- que se sumen a su propuesta "con un poquito de normalidad" porque es de sentido común "y la gente ya la está aplicando en los centros sanitarios pese a que no hay obligación".

El Ministerio presentó su iniciativa el lunes y dio 48 horas para que las comunidades presentaran sus propias aportaciones. El plazo acaba este miércoles. Si las autonomías no lo aplican de forma voluntaria, el Gobierno está decidido a usar la declaración de actuaciones coordinadas, contemplada en el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que "obliga a todas las partes" incluidas en ella.

Si el Ejecutivo activa el mecanismo este mismo miércoles, las mascarillas volverán a ser obligatorias en los centros sanitarios de toda España a partir del jueves. Algunas comunidades ya han impuesto la medida, como el País Valencià, donde entró en vigor el pasado sábado.

Este martes, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno sigue dialogando con las comunidades sobre la propuesta de Sanidad para amortiguar el impacto del pico epidémico de la gripe y otros virus respiratorios en el sistema asistencial. Mientras, algunos dirigentes  autonómicos han criticado al Ejecutivo y le achacan falta de diálogo.

Varios presidentes del PP, como los de Andalucía, Castilla y León, Aragón o Murcia, han censurado que el Ministerio de Sanidad pretenda "imponer" el uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios, actuando "tarde y mal" tras una epidemia de gripe que se ha disparado en las fiestas navideñas y que, según los populares, ha pillado a la ministra "de vacaciones".

En la misma línea, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a la decisión de Sanidad a través de su cuenta en X (antes Twitter), en la que ha calificado de "improvisación" la imposición de mascarillas. "La obligación como la prohibición, recurso del gestor débil", ha escrito.

A sus palabras ha reaccionado el Gobierno a través de Pilar Alegría, que ha emplazado a Díaz Ayuso a tener "mayor contención y prudencia" a la hora de opinar de asuntos como la obligatoriedad de la mascarilla porque los españoles guardan "fresca" en la memoria su gestión de la pandemia de la covid, "especialmente" lo referente a las residencias.

Por su parte, la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha adelantado que los servicios jurídicos de su departamento están estudiando la legalidad de la intención del Ministerio de Sanidad, al tiempo que ha cuestionado tanto las formas como el fondo de la decisión: "Las cosas no se hacen así", ha advertido.

En tanto, Navarra aboga más por la recomendación del uso de la mascarilla en centros de salud que por su obligatoriedad, pero si finalmente se impone "analizará jurídicamente" la decisión, y "si no hay alternativa" la acatará, tal y como han apuntado a EFE fuentes del departamento de Salud.

La consellera de Salud de Balears, Manuela García, ha asegurado que acatará el mandato aunque las islas no están en situación de emergencia y ha reclamado que cada comunidad pueda actuar en función de su estado epidemiológico. "Pedimos que las comunidades puedan actuar según su realidad epidemiológica, sobre si el uso es recomendable o es obligatorio", ha reivindicado.

La de La Rioja, María Martín, ha matizado que no se opone al uso obligatorio de las mascarillas pero "sí a tomar decisiones sin el aval de los científicos y técnicos". En Extremadura, donde desde el jueves se pondrá en marcha una campaña extraordinaria de vacunación contra la gripe y la covid en horario de tarde y sin cita previa, el director gerente del SES, Jesús Vilés Piris, ha insistido en que el uso de la mascarilla para evitar los contagios debe ser "recomendable" y ha abogado por ser "más cauto" a la hora de dictar su obligatoriedad.