Suspendido de nuevo el primer juicio de los bomberos voluntarios contra la Generalitat para ser reconocidos como trabajadores
Es la segunda vez que se aplaza. En esta ocasión, la vista se ha suspendido a petición de la Generalitat, que ha alegado indefensión porque, según sostiene, no ha recibido toda la documentación
Más de 400 profesionales han judicializado su situación para reclamar el reconocimiento de su relación laboral y el alta en la Seguridad Social, con las garantías de cotización y protección frente a accidentes mientras están de servicio
Barcelona--Actualizado a
Este martes tenía que arrancar en Lleida el primer juicio de la macrocausa de los bomberos voluntarios contra la Generalitat, después de años de reivindicaciones y negociaciones para regularizar su situación. Decenas de efectivos se habían concentrado a las puertas del Palacio de Justicia de la capital leridana cuando han recibido la noticia de que la vista había quedado suspendida, después de que la Generalitat alegara indefensión por dos motivos.
Según explica a Públic el equipo jurídico de los bomberos voluntarios, por un lado, la Generalitat ha alegado "falta de documentación que acredite la sucesión procesal de los herederos de un bombero fallecido" y, por otro, "falta de tiempo para revisar el desglose de las cantidades reclamadas por los demandantes, presentado el día anterior a la vista". La defensa se ha opuesto a la suspensión y sostiene que estas cuestiones pueden resolverse posteriormente sin afectar al fondo del caso. Por el momento, no saben cuándo volverá a celebrarse el juicio.
Sin embargo, el de Lleida no tenía que ser el primero de los juicios derivados de la macrodemanda impulsada por el colectivo Bombers Precaris en Lluita, con el apoyo de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya (FBVCat) y la Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca). El primero tenía que celebrarse en Terrassa, el pasado 7 de octubre, pero también se suspendió por lo que técnicamente se denomina litispendencia impropia, es decir, para evitar sentencias contradictorias. El juzgado de Terrassa consideró que debía darse prioridad al de Lleida porque la demanda se había presentado antes y agrupaba a un centenar de afectados.
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Los demandantes reclaman que se les reconozca como trabajadores. El conflicto cuestiona el modelo mixto del cuerpo de Bomberos de Catalunya y, sobre todo, la situación de un colectivo que asegura que desarrolla tareas operativas similares a las de los bomberos funcionarios.
La batalla judicial comenzó a finales del año pasado, cuando 108 bomberos voluntarios de 22 parques presentaron varias demandas colectivas contra la Generalitat ante distintos juzgados de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. En total, las demandas afectan a unos 410 bomberos voluntarios, que representan más del 30% de los cerca de 1.400 bomberos voluntarios que hay en el cuerpo.
Dani Sitjà, portavoz de Bomberos Precarios en Lucha, señala en declaraciones a Públic que la principal reivindicación del colectivo es que la Generalitat reconozca a los bomberos voluntarios como trabajadores. Los demandantes sostienen que las obligaciones que asumen no encajan con la idea convencional de voluntariado. "Tenemos que cumplir horas de prácticas, mantener una disponibilidad determinada y participar en servicios de emergencia, y todo sin cotizar a la Seguridad Social", denuncian.
El portavoz considera que esta situación sería impensable en una empresa privada: "Cualquier empresario estaría en la cárcel si hiciera esto". Por ello, Sitjà lo califica de "relación laboral encubierta". Los bomberos voluntarios defienden que sus funciones son las mismas que las de sus compañeros funcionarios cuando intervienen en emergencias, "pero con un régimen jurídico muy diferente".
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El problema, según Sitjà, es que esta frontera entre voluntariado y trabajo asalariado se ha ido difuminando hasta el punto de que, a su juicio, "ya no es voluntario". Además, considera que la situación acaba sirviendo para cubrir necesidades estructurales del cuerpo de Bombers "con personal que no tiene reconocidos los mismos derechos laborales".
"Salimos muy baratos para la Generalitat", afirma Sitjà, que apunta al déficit estructural de efectivos del cuerpo. Según el portavoz, la Generalitat convoca oposiciones, pero las incorporaciones no siempre permiten compensar las bajas y las jubilaciones.
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El colectivo reclama, entre otras cuestiones, el alta en la Seguridad Social, el reconocimiento de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales y la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.
El modelo mixto, cuestionado
El conflicto pone sobre la mesa el modelo de Bombers de Catalunya. El cuerpo funciona con una estructura mixta en la que conviven los bomberos funcionarios y los voluntarios, una fórmula que la Generalitat mantiene regulada dentro de su sistema de Bomberos. Para los impulsores de la demanda, sin embargo, el problema es que el modelo actual no se ha adaptado a la realidad de las funciones que desarrollan estos efectivos. "La normativa aún se rige por una ley de 1994, y las emergencias han cambiado mucho desde entonces".
La reivindicación llega en un momento en que la Generalitat continúa reforzando el cuerpo profesional. En septiembre anunció una nueva convocatoria de 300 plazas de bombero, y el Departament d'Interior también informó de la primera reunión para negociar las condiciones laborales de los Bombers de la Generalitat para el periodo 2027-2030.
El apoyo de los ayuntamientos
La vía judicial no ha sido la única estrategia del colectivo. Durante los últimos meses, la plataforma Bombers Precaris en Lluita ha impulsado una campaña para que los ayuntamientos aprueben mociones de apoyo a sus reivindicaciones. Han recibido el apoyo institucional de unos 200 Consells Comarcals, municipios y diputaciones. Entre los municipios que han apoyado la reivindicación están Viladecans, Terrassa, Gelida, Batea, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Sallent, Torà, Artesa de Segre y Santa Maria de Palautordera.
Para los bomberos voluntarios, los juicios no son solo una batalla jurídica. Son también una manera de forzar a la Generalitat a abordar un problema que, según denuncian, no se ha afrontado. "Con los juicios queremos obligar a la Generalitat a sentarse y negociar", dice Sitjà, que confía en que la acumulación de procedimientos judiciales haga cambiar la posición del Govern.
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