CoronavirusLa familia de una fallecida se querella contra su residencia y la Xunta

Familiares de una usuaria de la residencia DomusVi Matogrande (A Coruña) fallecida por coronavirus han presentado una nueva querella contra la responsable de la multinacional en España, Josefina Fernández.

Esta querella criminal, presentada en los juzgados de A Coruña, es la segunda presentada por familiares de usuarios de las residencias DomusVi en Galicia (la anterior estaba relacionada con el centro de Aldán, en Cangas), en la "serie" de querellas que prepara el despacho de abogados Pérez-Lema en colaboración con REDE.  

Los familiares de la fallecida denuncian que no se le prestó asistencia médica una vez le fue diagnosticado el virus y que la confinaron en una habitación "esperando su fallecimiento".

También incluyen en la querella al director general de mayores y personas con discapacidad, Ildefonso de la Campa; la jefa del servicio de inspección de mayores, discapacidad y dependencia, Berta Besada; y a la directora del mismo centro. 

No recibieron ninguna explicación

Más allá de una atención inadecuada previa a la pandemia -hablan de una "pérdida alarmante" de peso, cambios en la medicación que relacionan con un síncope y de "magulladuras y derrames" sobre los que no recibieron ninguna explicación-, los familiares de esta residente centran su acusación a partir de la declaración del estado de alarma.

En concreto, alegan que una vez les confirmaron el positivo de su madre por covid-19 les informaron que le suministrarían antibióticos debido al empeoramiento de su estado de salud y que si empezaba a tener insuficiencia respiratoria se le suministraría morfina.

Solo se derivaba a UCI a quienes el médico considerara que se podían "salvar"

Los familiares indican en su querella que solicitaron la remisión de su madre al complejo hospitalario de A Coruña y que desde la residencia les respondieron que "no es candidata a UCI" y que solo se derivaba a quienes el médico consideraba que se podían "salvar". 

En su acusación, califican los hechos descritos como susceptibles de ser encuadrados en los delitos de omisión del deber de socorro, de abandono de incapaces, de homicidio por imprudencia profesional grave y de lesiones por imprudencia profesional grave.