La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a nueve personas por supuesta corrupción en la gestión de aguas públicas dotadas de la comunidad: tres funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), cuatro gestores de los regantes del Viar y dos miembros de la Cooperativa Productores del Campo.

Los gestores de la comunidad de regantes cometían presuntamente irregularidades para obtener ingresos extra y los funcionarios actuaban en conveniencia con ellos a cambio de dádivas, según ha informado este miércoles la Guardia Civil en un comunicado. A los arrestados se les imputan un presunto delito societario, de cohecho, prevaricación, fraude a la contratación, contra la seguridad colectiva, tráfico de influencias, falsedad documental, amenazas y coacciones.

Este entramado manipulaba la contabilidad de la comunidad de regantes para ocultar el exceso en el consumo de la dotación de agua establecida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, algo que era "consentido y orquestado" por los gestores para generar ingresos extra en las cuentas, que provenían de la facturación. El consumo de agua rebasaba el límite de la CHG, ya que los gestores permitían excederse a regantes que no eran parte de su comunidad, con beneficios ocultos de unos 200.000 euros. Además, la CHG arrendó unos terrenos a la comunidad de regantes de El Viar sin proceso de licitación e incumpliendo los requisitos establecidos "de forma taxativa".

Las condiciones impuestas por la CHG exigían que dichos terrenos no podían ser explotados, no podían tener un fin lucrativo, no se podían ceder a terceros y que la finalidad que se le iba a otorgar eran una experiencia de riegos. Sin embargo, la comunidad de regantes cedió los terrenos a la cooperativa de Productores del Campo de Alcalá del Río para sembrar naranjos de una variedad de naranjas patentada y con el último fin de obtener beneficio económico de ello.

Ambas entidades falsearon informes con la intención de simular experiencias de riegos y ocultar la verdadera finalidad. Además, las balsas para riegos en la comunidad carecen de plan de emergencias y rebasan la cota de capacidad permitida, algo que puede conllevar que cualquier incidencia en las estructuras de las balsas pueda poner en riesgo a alguna población aledaña.

La dificultad de la investigación

La Guardia Civil ha constatado que los funcionarios de la CHG tenían conocimiento de estas irregularidades, pero no se tomaron medidas, no se hizo referencia a ellas en las inspecciones y recibieron "obsequios y dádivas" de la comunidad de regantes. Los agentes entraron con autorización judicial en las dependencias de la comunidad de regantes para recabar documentos.

La investigación la inició la Audiencia Provincial de Sevilla en octubre del año pasado tras una denuncia de Asaja, instada por una serie de anónimos recibidos en la organización en los que se alertaba de las irregularidades en la comunidad de regantes El Viar, situada en Alcalá del Río, con la ayuda de funcionarios de la CHG. Los investigadores se encontraron con dificultades en su investigación, según la Guardia Civil, por la "opacidad" del sector, los tecnicismos de la gestión de aguas y la gran diseminación entre los departamentos que llevan a cabo esas tareas.