Unos 875.000 años de vida son los que se han perdido en España en doce años como consecuencia de los accidentes de tráfico mortales, según el resultado de un estudio que, además, cifra en casi 66.500 millones de euros el coste social de la siniestralidad vial entre 2008 y 2019, es decir, 120 euros por habitante y año.

La mitad de esa cifra global de pérdida de años de vida se concentra en los residentes de cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Catalunya, Comunidad Valenciana y Galicia. Además, casi el 78% correspondería a los hombres.

Así lo expone un informe auspiciado por las fundaciones Mutua Madrileña y Gaspar Casal, realizado por investigadores de la Universidad de Murcia y presentado este martes en Madrid.

El estudio abarca doce años y parte de 2008, apenas dos años después de la entrada en vigor del carné por puntos, recientemente actualizado después de haber dado unos resultados que el informe también valora, porque la tasa de letalidad bajó en el periodo analizado un 50 por ciento.

Constata también, como lo atestiguan los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), que los usuarios vulnerables (motoristas, ciclistas y peatones) fallecidos en accidente superan ya a los de turismos.

Destaca, en este sentido, la evolución de los fallecidos en motocicleta desde 2014, con un incremento relativo del 45,3 por ciento hasta 2019 un ejercicio en el que uno de cada cuatro fallecidos en carretera fue un motorista.

Seis de cada diez accidentes, en las ciudades

Los investigadores han analizado todos los datos disponibles y cifran en 1.113.963 el número de accidentes de tráfico con víctimas (muertos y lesionados) entre 2008 y 2019, ambos inclusive.

Un 40,5% de ellos tuvo lugar en vías interurbanas y el 59,5% (casi seis de cada diez) en vías urbanas.

El número de fallecidos se redujo en ese periodo un 43%, pero esa disminución se concentró entre 2008 y 2013, porque después la siniestralidad vial dibujó una línea ascendente hasta 2017, para luego volver a descender.

Pero la caída no fue similar en todo el territorio. Si se tienen en cuenta los fallecidos, el descenso en el periodo analizado fue mayor en Castilla-La Mancha (-60 por ciento) y menor en Canarias (-11 por ciento).

También el número de hospitalizados a causa de un accidente de tráfico disminuyó en ese periodo en el conjunto del país, en concreto un 48%.

José María Abellán, Jorge Martínez y Fernando Sánchez son los investigadores de la universidad murciana que han realizado el estudio. Y concluyen: "El descenso en el número de víctimas mortales en la carretera evidenciado a lo largo del periodo 2008-2019 seguramente es resultado de la conjunción de varios factores, entre ellos la influencia del endurecimiento de la legislación en materia de seguridad vial, así como de las mejoras en las medidas de seguridad pasiva de los vehículos".

Más de 4.800 millones de pérdidas en productividad

Los investigadores han calculado las pérdidas en productividad debido a las víctimas mortales que causan los accidentes de tráfico y señalan que ascienden a 4.869 millones de euros, a los que habría que sumar los 2.784 millones por los lesionados.

Mientras, el informe cifra en casi 66.500 millones de euros el coste social de los accidentes en España. Por habitante y año ese coste asciende a una media de 120 euros. No obstante, subraya el informe, existen diferencias muy notables por comunidades autónomas. Solo tres se encuentran por debajo del umbral de los 100 euros por habitante y año: Canarias, Madrid y Cantabria. En el otro extremo, y por encima de los 140 euros, están Aragón, Baleares, Castilla y León y Galicia.

No obstante, en los últimos doce años se ha producido un proceso de convergencia entre autonomías respecto a los costes sociales de la siniestralidad vial, aclara el informe.

Para el conjunto de la economía nacional, el estudio asegura que los costes sociales de la accidentalidad en representan un 0,5% del PIB durante el periodo 2008-2019.

Hay grandes diferencias entre las comunidades, de tal manera que por debajo del umbral del 0,4% del PIB se encuentran País Vasco, Madrid y Canarias. Por el contrario, las cifras más elevadas se sitúan por encima del 0,6% en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.