En Galicia sucede algo paradójico: en plenas crisis energética y de precios que están asfixiando a muchas familias que no saben si podrán calentar sus casas en invierno, y recién pasado el verano más caluroso de la historia a causa del cambio climático, la contestación social contra la energía eólica no para de crecer.

La comunidad es una de las principales productoras del Estado de electricidad proveniente de fuentes limpias y renovables, que deberían servir para elevar la oferta de energía, reducir su precio y, además, combatir el calentamiento de la Tierra.

Los aerogeneradores, que en otros territorios se identifican con el cuidado del medio ambiente y la conciencia ecológica, en Galicia han empezando a levantar una enorme antipatía. Hay más de 4.000, y los gallegos no parecen sentirse orgullosos de ello. Al contrario. Las manifestaciones y actos de protesta, convocadas precisamente por asociaciones ecologistas, se suceden periódicamente desde hace años. La última fue el pasado sábado en A Coruña.

¿La razón de tanto descontento? Entre la Xunta y el Gobierno central tramitan en la actualidad de 315 proyectos de parques eólicos, que afectan a más de 200 municipios. En Galicia son 315, así que son casi dos de cada tres los concellos en los que se planea instalar un parque.

Algunos afectan a zonas legalmente protegidas por su interés natural, biológico, paisajístico o patrimonial, pero es muy rara la semana en la que el Diario Oficial de Galicia no publica un acuerdo o resolución para someter a información pública una autorización o un estudio de impacto de una nueva instalación, de una línea de evacuación -el tendido necesario para transportar la electricidad- o de estaciones y subestaciones eléctricas aledañas.

"Un parque de sólo tres o cuatro ocupa hoy más de 700 hectáreas", advierte Ana Varela, abogada de la asociación Petón do Lobo, que mantiene en la actualidad ocho recursos ante la justicia de lo contencioso-administrativo contra los proyectos que tramita la Xunta.

Frente a los primeros aerogeneradores de los años ochenta y noventa y en la primera década del siglo XXI, que no levantaban más de una treintena de metros, el desarrollo de la tecnología eólica permite ahora instalar verdaderos gigantes de hasta más de 2oo metros de altura, que precisan una cimentación y una separación mucho mayor, y también mayores desmontes y movimientos de tierra.

"Dejan un paisaje fragmentado, con islas biológicas sin continuidad, y su construcción revienta los montes y los caminos de tierra que funcionan como corredores ecológicos para el tránsito de biodiversidad, convertidos en autopistas de acero", añade Varela.

"Hay proyectos para instalar molinos sobre lagunas y humedales, en zonas a menos de 500 metros de la línea de costa, en áreas de Red Natura, de protección a aves, de dominio público martítimo terrestre, de especial interés paisajístico... Muchas acabarán siendo descatalogadas porque van a perder ese valor", concluye.

Galicia produce el 14% de la electricidad eólica que se produce en España. Tiene ya más de 4.000 megavatios de potencia instalada, lo que significa capacidad suficiente para iluminar más de 1,3 millones de hogares durante el mismo tiempo en que los molinos estén en funcionamiento efectivo.

Según la vicepresidencia primera de la Xunta, que dirige Francisco Conde, también conselleiro de Economía, Industria e innovación, en la actualidad hay en trámite 250 expedientes de proyectos eólicos que dependen del Gobierno autonómico, que representan 6.500 megavatios (mw) de potencia añadida, y otros 65 por un total de 5.200 mw, cuya tramitación corresponde al Ejecutivo central, a quien compete la autorización de los de más de 50 mw, los marítimos o los que se instalan en territorio de más de una comunidad autónoma.

Si todos esos proyectos se autorizasen, Galicia acabaría teniendo el cuádruple de la potencia instalada que tiene ahora. Pero la patronal gallega del sector sostiene que no será así, y que el rechazo social a la energía eólica en Galicia se debe a la Administración, a una legislación trasnochada y a la inseguridad jurídica que ésta provoca.

"La responsabilidad es de las administraciones porque o bien no saben explicar lo que está pasando o bien sucede que han legislado malW2, afirma Manuel Pazos, presidente de la Asociación Eólica de Galicia (Aega), que agrupa a una cuarentena de grandes y medianas empresas, entre ellas varias de la comunidad pero otras, las grandes multinacionales del sector con sede fuera de ella, como Iberdrola, Endesa, Naturgy y Acciona.

Pazos fue uno de los pioneros de la energía eólica en Galicia, participó en la construcción de los primeros parques en los años ochenta, cuando nadie creía que los molinos podían ser la mejor alternativa para descarbonizar la economía.

"El Plan Sectorial Eólico de Galicia, que estableció las zonas donde se podían levantar aerogeneradores, tiene más de veinte años y, aunque es el único aprobado hasta ahora en todo el Estado, es evidente que se ha quedado viejo. Es verdad que se presentan centenares de proyectos por decenas de promotores que piensan en el negocio, pero la inmensa mayoría de ellos no se van a aprobar", sostiene.

Lo cierto es que fue la propia Xunta la que promovió la avalancha de peticiones, cuando en 20121 anunció con casi un año de antelación una moratoria para la tramitación de nuevas autorizaciones.

El presidente de Aega considera "terrible" el hecho de que "el principal problema de Galicia sea la energía eólica", y así como critica a la Xunta por la "parálisis y la inseguridad jurídica" a las que está sometido el sector, también lo hace con la oposición política "por inventar polémicas". "La eólica no puede ser motivo de enfrentamiento político. Critican a la Xunta, cuando la Xunta lleva tres años sin conceder ni una sóla licencia nueva", añade.

Para quienes rechazan los megaparques, en cambio, existe riesgo de que los proyectos salgan adelante, porque las evaluaciones de impacto las hacen las propias empresas, que estas los "trocean" para que no exista capacidad de medir globalmente su afectación ambiental y porque la Xunta «no hace un seguimiento que permita hacer esa evaluación correctamente», sostiene Ana Varela.

En el debate político gallego sobre la energía eólica también se ha colado el supuesto agravio con otras comunidades, especialmente Madrid, cuyo consumo energético total equivale al 97% de toda la energía eólica que se produce en España pero que es la única comunidad que no tiene un sólo molino en su territorio.

A eso se añade que, pese a la proliferación de molinos, los consumidores gallegos no sólo lo ven reflejado a la baja en sus facturas, sino al alza, porque tienen que pagar el coste de transportar la energía a la Meseta, y que, aún estando rodeadas de aerogeneradores, hay industrias que se ven abocadas al cierre o la deslocalización porque no pueden asumir los costes de la electricidad.

El caso paradigmático es el de la multinacional Alcoa, una de las que más electricidad consume en sus procesos de producción de aluminio y que ha amenazado con cerrar su planta de Xove y San Cibrao, en Lugo, por sus costes energéticos. Si fuera así, dejaría en la calle a más de 600 familias. En un radio de veinticinco kilómetros alrededor de la fábrica hay más de 1.500 molinos aerogeneradores.

Los críticos con los macroproyectos de parques eólicos sostienen también que apenas crean empleo a nivel local y que , en muchos casos, explotan un bien común para llevarse los beneficios fuera de Galicia, donde apenas dejarían ganancia alguna. Manuel Pazos lo desmiente: "Hoy estamos presentes en 105 municipios de Galicia, pagamos más de 150 millones de euros en impuestos y de ellos 23 millones de canon eólico en Galicia. La responsable de que de esa cantidad sólo lleguen 11 millones a los ayuntamientos no es nuestra, sino de la Administración", advierte.

Por su parte, la vicepresidencia de Francisco Conde sostiene que la Xunta defiende "un desarrollo eólico ordenado". "En un contexto geopolítico y socioeconómco como el actual, la implantación de energías renovables es muy importante. Sin embargo, el número de proyectos eólicos que se están tramitando no quiere decir que todos ellos se vayan a construir, porque tal y como se pudo comprobar con algún caso reciente de declaración de impacto ambiental negativa, tramitar no es autorizar".

"La Xunta está poniendo todos los medios posibles para que sólo los proyectos que cumplan con todos los requisitos necesarios y tengan viabilidad ambiental puedan ser autorizados", concluye el Ejecutivo autonómico.