Hace justo cuatro años, el 7 de noviembre de 2015, una masiva manifestación recorrió el centro de la capital. Decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres, salieron de la madrileña plaza de Atocha ese reluciente sábado a mediodía para reivindicar que la violencia contra las mujeres fuera considerada una cuestión de Estado. Detrás tenían el respaldo de más de 300 organizaciones y plataformas feministas de toda España.

Fue una de las mayores demostraciones de fuerza y unidad que se habían visto hasta entonces y los partidos políticos, sindicatos, ayuntamientos y no pudieron mirar para otro lado. En su manifiesto, leído para la ocasión por Ángela González Carreño (víctima de violencia de género y entonces embarcada en una batalla de más de una década para reclamar que el Estado reconociera su responsabilidad en el asesinato de su hija a manos de su expareja), la plataforma convocante afirmaba que sólo en el verano de 2015 habían sido asesinadas 37 mujeres y 8 menores, que en lo que iba de año se habían producido 70 feminicidios, que desde 1995, 1.378 mujeres habían sido asesinadas por el terrorismo machista, y que todo esto era sólo la punta de un inmenso iceberg.

Entre las reivindicaciones, las manifestantes exigían que se implementara el Convenio de Estambul (un tratado internacional ratificado por España el año anterior), que se cumpliera con las recomendaciones que había hecho a España el Comité antidiscriminación de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés) para que se tuvieran en cuenta todas las violencias contra las mujeres, que se produjeran cambios en la educación hacia un modelo coeducativo de igualdad y que hubiera cambios legales para garantizar todo esto.

Cuatro años después el balance es descorazonador.

En un comunicado emitido este jueves, la Plataforma 7N contra las Violencias Machistas (formado por un grupo de las organizaciones convocantes de aquella protesta) afirma que "en vísperas de unas nuevas elecciones seguimos con las mismas exigencias a los partidos políticos y a las instituciones, pero siendo muchas menos. No estamos todas, faltan las asesinadas".

Cuatro años después las reivindicaciones siguen prácticamente inalterables. Ni el convenio de Estambul, ni las recomendaciones de la CEDAW han sido puestas en marcha. Las leyes siguen reconociendo como víctimas de violencia de género a las agredidas o asesinadas por sus parejas o exparejas (tal como establece la ley de 2004).

La reciente sentencia de la Audiencia de Barcelona, condenando por abusos sexuales y no por violación a cinco miembros de la conocida como manada de Manresa, demuestra hasta que punto la interpretación judicial sigue revictimizando a las víctimas de abusos sexuales.

El pacto de Estado contra la violencia de género aprobado por el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017, lleva algo más de dos años prácticamente parado y sus pocos avances permanecen en la sombra.

"Las exigencias que hacemos a los partidos políticos siguen prácticamente intactas cuatro años después y son las que hacemos año tras año", afirma Alba Pérez, portavoz de la Plataforma 7N. 

"Hace  algo más de dos años los partidos políticos se pusieron de acuerdo en un pacto de Estado de cinco años de vigencia. No era nuestro pacto, aunque las medidas eran necesarias, pero no se ha puesto en marcha aún". Lo más sorprendente para esta abogada y activista es el hecho de que "algunos de los partidos que en 2017 llegaron a ponerse de acuerdo en hacer un pacto contra la violencia de género, ahora pactan con partidos políticos que niegan la violencia, invisibilizan a las mujeres, e intentan que retrocedamos en derechos ya conquistados como el del aborto, hablan de derogar la ley de violencia de género o incluso de implantar el término de violencia intrafamilias, negando las violencias machistas", afirma Pérez. 

No todos los votos son iguales

El manifiesto hecho público este jueves es un llamamiento a la ciudadanía que sale los 7N y el 8 de marzo a reivindicar en las calles a que usen su voto y que lo hagan para garantizar el derecho de mujeres y niñas a vivir libres de violencia y evitar que el machismo siga entrando en las instituciones".

"Estamos ocupadas y preocupadas por el seguimiento del pacto de Estado y así se lo hemos hecho saber recientemente a la secretaria de Estado de Igualdad y a la delegada del Gobierno para la violencia de género, afirma Francisca Guisado, presidenta del Forum de Política Feminista, una de las organizaciones que forman parte de la Plataforma 7N. 

"Pedimos mejorar la transparencia y la eficacia en la gestión de los fondos del pacto de Estado", explica Guisado y advierte que es muy difícil hacer un seguimiento del pacto que garantice que se estén implementando medidas realmente estructurales que erradiquen y combatan la violencia. 

"Estamos muy preocupadas. Esto va muy lento. Para las víctimas no se están produciendo cambios, e incluso el título habilitante [medida que permite conceder el estatus de víctima de violencia de género sin la necesidad de interponer denuncia] que está en marcha desde agosto de 2018, está costando mucho por problemas de gestión administrativas".

"No sabemos a ciencia cierta cuánto se ha implementado del pacto de Estado, pero son  muy pocas medidas y ya estamos metidas en el tercer año de ejecución. Casi en el ecuador de la vida del pacto, la realidad nos está asaltando cada día cuando vemos que no se están reduciendo las víctimas de violencia, ni las mujeres que acuden a los servicios pidiendo ayuda", afirma esta experta.

Para Guisado hay motivos para estar preocupados y muy pendientes del próximo Gobierno que salga de las urnas y de exigir el cumplimiento de las medidas del pacto. "Si no es así, volveremos a tomar las calles".

El domingo no nos jugamos sólo el cumplimiento del pacto de Estado, sino posibles retrocesos en los derechos. Por eso es importante salir a votar. Porque estamos viendo retrocesos, no sólo en España, sino a nivel internacional", concluye Guisado.