Natalia Duffy, Carolina González y la familia Salvetti tienen algo en común: haber sido excluidos de la sanidad pública por no tener papeles. Como ellos, más de 1.500 personas con nombres y apellidos, que han pasado a engrosar la lista negra elaborada por la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (REDER). También hay embarazadas, menores y hasta bebés, cuyo derecho a la asistencia sanitaria ha sido vulnerado entre enero de 2014 y julio de 2015.

Es el resultado de la reforma sanitaria impulsada por la exministra de Sanidad Ana Mato, que dejó fuera del sistema a quienes no tuviesen la residencia fiscal, aunque estuviesen empadronados en España. Paradójicamente, el 73% de los casos registrados por REDER han tenido lugar en regiones que crearon programas y normativas específicas para atender a estos inmigrantes, según Sagrario Martín, presidenta de Médicos del Mundo, una de las ONG que fundaron la red junto a Andalucía Acoge, Odusalud y semFYC.

Hoy son trescientas las organizaciones que integran la plataforma, que ha elaborado el listado con la información suministrada por una treintena de asociaciones, entre ellas SOS Racismo o la FELGTB, al cumplirse tres años de la reforma. Una decisión del Gobierno de Mariano Rajoy que conllevó la retirada de la tarjeta sanitaria a los ciudadanos en situación administrativa irregular, con las consecuencias señaladas, aunque REDER ha dejado claro que los 1.500 casos son la punta del iceberg, pues “seguramente son muchos más".

De hecho, pese a que la reforma del PP permitía el acceso a la sanidad a embarazadas, madres y niños, la Red documentó a 109 menores y a 78 embarazadas que vieron vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas. La excepción también se ampliaba a urgencias, donde señalaron 232 incidencias, desde no prestar atención a intentar cobrar por la asistencia. Entre los restantes afectados, hay 62 con diabetes, 38 con enfermedades cardiovasculares, 31 con cáncer y más de 28 con patologías potencialmente mortales si no reciben tratamiento.

Luego están los mayores que llegan a España gracias a la reagrupación familiar, que se ven inmersos en un “auténtico galimatías” legal provocado por una reforma con efectos “dramáticos”, como denunció la presidenta de Médicos del Mundo. El padre de Natalia es uno de las veinticinco familiares que lo han sufrido. Cuando se trasladaron de residencia por motivos laborales, se quedó sin asistencia sanitaria durante un año y medio. Aquejado de varias enfermedades crónicas y sin poder tomar la medicación, fallece. Él es una de las 1.500 víctimas de la reforma impulsada por Ana Mato. La punta del iceberg.