Un decreto de Teresa Ribera diluye la Ley de Residuos y favorece al lobby del plástico

Parte esencial de la Ley de Residuos, aprobada por el Congreso el pasado mes de abril, podría quedar diluida por un Real Decreto que el Ministerio de Transición Ecológica ha enviado al Consejo de Estado. El texto otorga a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor –siendo Ecoembes el más conocido y con más poder en España– la capacidad de autoevaluarse sus sistemas de contabilidad de reciclaje y recuperación de envases, además de utilizar dicha contabilidad como referencia para los datos estatales y autonómicos.

Este punto podría ser determinante para diluir la llegada de un sistema de devolución y retorno de envases, conocido como SDDR. El real decreto desarrolla los objetivos de reciclaje de la Ley de Residuos, que establecían que si en 2023 no se recupera el 70% del contenedor amarillo, se debería impulsar modelo SDDR, el cual consiste en aplicar una fianza asociada al recipiente que después es devuelta cuando el usuario lo devuelva al comercio para su posterior reutilización. 

Ecoembes y el resto de organizaciones empresariales de responsabilidad ampliada han hecho una oposición férrea al SDDR, algo que fue incluido en la Ley gracias a la presión de Unidas Podemos y la rama ecologista del partido, Alianza Verde.

Los colectivos ecologistas, agrupados en la Alianza Residuo Cero, temen que esté decreto eche por tierra la llegada del sistema de retorno y consideran que dar validez a los datos de Ecoembes supondrá edulcorar las cifras reales de reciclaje para alcanzar ese 70% de recuperación del contenedor amarillo marcado por la Ley de Residuos. "El lobby del plástico está jugando un papel esencial en todo esto", denuncia Carlos Arribas, miembro de Ecologistas en Acción y portavoz de la plataforma conservacionista. "Si esto sale adelante se dará marcha atrás a una ley aprobada por el propio gobierno", lamenta.

El contraste entre los datos actuales de reciclaje del Ministerio de Transición Ecológica y los datos de la industria del plástico son llamativos. Las estadísticas de la cartera dirigida por Teresa Ribera sitúan la tasa de reciclaje de envases plásticos en el 40%, muy lejos de ese objetivo del 70% marcado por la Ley de Residuos para evitar la imposición del SDRR. Si se toman como referencia los últimos informes de Ecoembes, esa tasa estaría situada en el 87,3%.

Juan López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y coordinador federal de Alianza Verde, ya ha interpelado a la vicepresidenta Ribera en el Congreso para exigir que se modifique el texto del decreto. En declaraciones a Público, el político denuncia que este movimiento podría hacer que "todo el esfuerzo político que pusimos para sacar adelante el SDDR en la Ley de Residuos se vaya por el váter".

Un paso atrás en las sustancias peligrosas

El texto del decreto también da un paso atrás y rebaja la ambición de la Ley de Residuos a la hora de limitar el uso de sustancias químicas para la fabricación de envases y recipientes plásticos. Concretamente, se abre la puerta al uso de dos sustancias prohibidas explícitamente por la legislación vigente: ftalatos y bisfenol A.

Con la norma enviada al Consejo de Estado, el uso de estas sustancias queda sujeto a las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo para la solicitud, evaluación y restricción de sustancias peligrosas. "Se va más allá de la Ley, no se entiende que un Real Decreto enmiende el texto de una ley", comenta Arribas, que reclama al Ministerio que no se modifique esta norma.