El Defensor del Pueblo pide a la Policía que no expulse a migrantes en proceso de regularización
Esta recomendación llega después de que la institución recibiera varias quejas de ciudadanos extranjeros que, pese a haber solicitado la regularización, han sido detenidos y programada su expulsión.

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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha trasladado una recomendación a la Dirección General de la Policía (DGP) para que no se expulse a personas extranjeras que estén tramitando la regularización de su situación en España.
La institución considera que, mientras esté abierto el actual proceso extraordinario de regularización -iniciado el pasado 16 de abril y vigente hasta el 30 de junio- no deberían emitirse órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros sin antecedentes penales cuando el único motivo sea encontrarse en situación administrativa irregular.
Además, el Defensor del Pueblo ha pedido que, si una persona demuestra que ha solicitado la residencia por arraigo extraordinario, las autoridades revisen esa documentación antes de iniciar un proceso de expulsión y que, en caso de existir una solicitud en trámite, no se ejecute la expulsión hasta que la Administración resuelva el expediente.
La recomendación llega después de que el Defensor del Pueblo recibiera varias quejas de ciudadanos extranjeros que, pese a haber solicitado la regularización de su situación, fueron detenidos o informados de que podían ser expulsados del país. Público ha recogido algunos de estos casos, como los de Oussama Moumen y Mounir M., internos en el CIE de València, que cumplían los requisitos para acogerse al proceso de regularización y que, aun así, tenían fijada una fecha para su vuelo de deportación hasta que el Ministerio del Interior acabó frenando la expulsión en el último momento.
Según explica el Defensor del Pueblo, en la mayoría de los casos, se trata de personas que llevan años viviendo en España y que han construido una vida en el país, con vínculos laborales, familiares o sociales demostrables. "Siempre que estas personas carezcan de antecedentes penales y no representen una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública, se debería evitar su expulsión", sentencia la institución.

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