El déficit de plazas en residencias se dispara y ya faltan más de 50.000

No hay suficientes plazas para los mayores en las residencias públicas y concertadas de España. El crecimiento de la demanda va muy por delante del ritmo de creación de plazas. En los últimos años, el país ha sumado cerca de 800.000 personas mayores, pero apenas ha creado algo más de 23.000 nuevas plazas residenciales. Así de tajante es el diagnóstico que hace la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDYGSS).  

¿Cuántas plazas hay? A comienzos del año pasado, el sistema contaba con 412.109 plazas residenciales para personas mayores, 17.044 más que el año anterior, un incremento del 4,3%. En estos centros viven actualmente 339.655 personas, lo que supone 62.634 residentes más que hace un año y una ocupación media del 82,4%.  

¿Cuántas faltan? Más de 50.000 para atender a personas con Dependencia Severa (Grado II) o Gran Dependencia (Grado III) y cerca de 100.000 para alcanzar el mínimo recomendado de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años. El déficit no deja de crecer: "Si en 2014 se calculaba una carencia de 53.103 plazas para llegar a esa ratio del 5%, hoy la cifra se ha disparado hasta las 96.916". 

A esta escasez se suma el cuello de botella de las listas de espera. Según los últimos datos oficiales del IMSERSO (Estadísticas SAAD, noviembre de 2025), 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III aguardan a ser atendidas, a las que se añaden otras 57.091 pendientes de valoración y que previsiblemente obtendrán alguno de estos grados. "Aplicando los porcentajes actuales de atención residencial —el 34% en Grado III y el 21% en Grado II—, la demanda real de una plaza residencial, ya sea concertada o mediante prestación vinculada, superaría las 32.000 personas en situación de dependencia severa o gran dependencia", auguran desde la organización.

32.842 personas con Grado II de dependencia y 15.686 con Grado III aguardan a ser atendidas, según el IMSERSO  

El atasco se completa con miles de expedientes sin ejecutar: 6.652 Programas Individuales de Atención (PIA) no efectivos para residencias y otros 12.070 pendientes en prestaciones vinculadas. Sin contar, advierte AEDYGSS, las revisiones de grado solicitadas por empeoramiento del estado de salud, "que previsiblemente engrosarán aún más la demanda de plazas residenciales".

Déficit en el sur, excedente en el norte  

Hay comunidades especialmente castigadas y otras que, sobre el papel, cuentan incluso con un excedente. De acuerdo con los datos de la AEDYGSS, Andalucía y el País Valencià concentran los mayores déficits, con 36.327 y 26.929 plazas menos de las necesarias, respectivamente. Entre ambas acumulan casi dos tercios del total del déficit estatal, el 65,3%.

En el extremo contrario, hasta siete comunidades presentan un exceso de plazas residenciales, con Castilla y León a la cabeza, donde sobran 16.712. Sin embargo, la fotografía se complica cuando se observa el nivel de ocupación. Solo cinco comunidades registran una utilización prácticamente total de sus plazas, con tasas superiores al 95%: Extremadura —que incluso declara un 100%, un dato que la propia asociación pone en cuestión—, Canarias, Castilla-La Mancha, Balears y la Comunidad de Madrid. 

Otras regiones muestran el patrón inverso, con porcentajes de ocupación muy bajos. En Asturias, Euskadi y el País Valencià, la baja utilización apunta, según el informe, a una mala distribución territorial de las plazas o a precios tan elevados que las hacen inaccesibles para una parte importante de la población que las necesita. 

Cuando la plaza existe, pero no es pública  

El análisis también pone el foco en la financiación pública. No todas las plazas son iguales: en algunas comunidades la oferta pública es insuficiente. Castilla y León y Castilla-La Mancha encabezan la cobertura de plazas con financiación pública, seguidas de Extremadura y Aragón. En el lado opuesto, Canarias, Murcia y el País Valencià son las regiones con menor proporción de plazas sostenidas con fondos públicos, lo que agrava las dificultades de acceso para las personas con menos recursos.

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Como conclusión, la organización insiste en la necesidad de cambiar el modelo de cuidados. Apuesta por avanzar hacia la desinstitucionalización, planificar la construcción de residencias donde realmente se necesitan y reforzar la atención en el domicilio. Los datos, advierten, muestran un estancamiento: "En 2023 la ayuda a domicilio apenas alcanzaba una cobertura del 5,8%, solo ocho décimas más que antes de la pandemia. Además, la intensidad del servicio sigue siendo muy limitada, con una media de 23,8 horas mensuales de atención y cuidados, apenas tres horas más que en 2012".