Así fue la depuración en la Universidad de Sevilla tras el golpe franquista

"Sujeto incalificable. Izquierdista contumaz". "Alardea de darwinismo. Es un pobre hombre". Con este tipo de calificativos el franquismo depuró a decenas de catedráticos, profesores y otros trabajadores de la Universidad de Sevilla y de los centros educativos que de ella dependían, tal como muestran los expedientes registrados de 1936 a 1939 que ha hecho públicos la institución hispalense.

Los expedientes eran instruidos por las llamadas Comisiones de Depuración creadas por el régimen militar golpista contra la Segunda República, que en el caso de Sevilla dirigía el teniente general Gonzalo Queipo de Llano, responsable de la ejecución de miles de personas tras haber tomado la ciudad en el comienzo de la Guerra Civil.

Esas comisiones recababan informes de los gobernadores civiles de las provincias sobre la conducta política, moral y religiosa de todo el personal de los centros del distrito universitario y luego dictaban órdenes de suspensión de empleo y sueldo, inhabilitación para el cargo o cambio de servicio, en el mejor de los casos, si eran considerados subversivos.

La depuración alcanzó en esos tres años al menos a unas 60 personas que ejercían la docencia y otras actividades en la Universidad de Sevilla y los centros que dependían de ella, donde se impartía el bachillerato, la enseñanza de artes y oficios, idiomas o música.

Únicamente se tiene constancia del fusilamiento de uno de los depurados, el profesor auxiliar de la facultad de Medicina de Cádiz Rafael Calbo Cuadrado, militante del PSOE y de UGT con un brillante currículo académico, que fue ejecutado a los 31 años en uno de los fosos exteriores de Puerta Tierra en la capital gaditana.

Otros pudieron salvar la vida porque se encontraban en Madrid ocupados en sus tareas de diputados cuando Queipo de Llano tomó la capital andaluza.

La lectura de los expedientes de depuración aporta una idea más que meridiana de la ideología y el afán que alentaban a los golpistas sublevados contra la República.

En el del catedrático de Filosofía y Letras Juan María Aguilar y Calvo, por ejemplo, se aduce como causa de suspensión de empleo y sueldo que es diputado a Cortes por Izquierda Republicana, "con intensas actividades políticas", aunque se admite que cumple con sus obligaciones docentes.

Lo mismo se alega en el expediente de otros catedráticos de Derecho o Medicina, mientras que a un profesor numerario de esta última facultad se le depura por ser "de mediana solvencia moral" y un "elemento poco útil a la enseñanza".

Al catedrático de Derecho José Quero Morales, aun reconociéndole también que cumple con las obligaciones de su cargo, se le suspende de empleo y sueldo porque perteneció al "Estat Catalá y últimamente a la Esquerra Republicana". Mientras, al profesor de esa misma facultad Francisco Javier Conde García se le reprocha que, "afiliado a partidos de extrema izquierda, se procuró un cargo en el Ministerio de Instrucción Pública, abandonando sus obligaciones docentes".

Las comisiones de depuración premiaban, por otra parte, la supuesta conversión de los docentes. Es el caso de un profesor de Derecho al que le reconocen que, aun habiendo pertenecido al Partido Socialista desde los 14 años y cotizado para el Socorro Rojo Internacional desde 1935, ha hecho méritos para seguir en su puesto.

"Es justo decir en su descargo que desde que se inició el Movimiento Nacional -se subraya en el expediente- ha hecho ante esta dirección manifestaciones de que repudia los procedimientos de socialistas y comunistas. Y que desde el primer momento se puso al servicio de las autoridades militares de Sevilla y que ahí sigue prestando servicio en la artillería antiaérea de la Base de Tablada. Su conducta ha sido correcta y entusiasta en todo momento".

"Ha blasonado de su izquierdismo con soberbia"

Los profesores considerados de derechas salían casi siempre bien parados de las purgas de estas comisiones

Los calificativos se inflaman en muchos de los expedientes depuradores, como en el del profesor encargado de curso del Instituto de Enseñanza Secundaria de Aracena (Huelva) Manuel Martín Rivero, de quien sus depuradores dicen que "ha blasonado de su izquierdismo con soberbia y altivez, ignorándose la participación que haya tomado en los imnominiosos (sic) hechos marxistas, porque a la terminación del curso se marchó a Ronda con sus familiares".

Tras ello, concluyen: "Es poco entusiasta de la enseñanza y buscó siempre su lucimiento personal por encima de todo".

De otro encargado de curso en un instituto de Carmona (Sevilla), se afirma que es un "sujeto incalificable, izquierdista contumaz" y que "está huido desde luego en colaboración con marxistas".

También se hacen inquietantes exámenes morales de la labor docente, como la de varios profesores de la Escuela de Artes y Oficios de Jerez a quienes la comisión depuradora decide suspender de empleo y sueldo por "su labor demoledora de la sociedad, formando conciencias juveniles con espíritu destructor, moderando (sic) corazones de niños con sentimientos de odio a todo lo bueno, despertando en los cerebros de esos pequeños estudiantes las ideas más perversas".

Su dictamen final fue que se trataba de "masones malos y cobardes, que huyeron sin que se tengan noticias de ellos". La religión, católica, es otro de los factores que tenían muy en cuenta las comisiones depuradoras de la universidad.

Así, en el expediente de un catedrático de Ceuta se resalta que en sus primeros años fue seminarista y que tiene un hermano escolapio. Por esa razón, a pesar de figurar como miembro del Partido de Acción Republicana, se le acaba reconociendo que "en realidad es un hombre de derechas", que únicamente hacía "esfuerzos por figurar como izquierdista".

Los profesores considerados de derechas salían casi siempre bien parados de las purgas de estas comisiones, que alababan su "buena conducta moral y religiosa", además de su condición apolítica, lo cual acababa con un reconocimiento de la labor docente con el siguiente latiguillo: "Cumplidor en exceso de sus obligaciones académicas".

Para definirlos, los depuradores utilizaban calificativos como "persona de orden", "leal al movimiento de salvación nacional" o, simplemente, católico.

"Presume de extranjerizado. Da clases en Gibraltar"

Otro motivo de depuración era pertenecer a una religión distinta a la católica

La autarquía, el ensalzamiento de lo puramente español, el aislacionismo que rezumaban los golpistas del régimen franquista queda patente en expedientes como el del profesor de idiomas de la Escuela Elemental de Trabajo de La Línea (Cádiz) Luis Morales, a quien se le recrimina que "presume de extranjerizado" y que da clases en Gibraltar.

"Aunque no puede precisarse su actuación política, ha permanecido en la Escuela manejado por la masonería", dice la comisión depuradora, que concluye: "Ni por el concepto social que merece ni por sus condiciones personales de aprecio a los extranjeros debe continuar ejerciendo en un centro docente español, al que no asiste ni se ha presentado a las autoridades después del movimiento salvador de España".

Los artistas tampoco gustaban a los depuradores franquistas. Valga como muestra lo que escriben del profesor de dibujo de la Escuela de La Línea Luis Díaz del Río, de quien advierten goza de un "desprestigio social más que mediano".

La narración de los hechos que figura en su expediente es muy elocuente: "Al advenimiento de la República pintó un cuadro masónico que ha merecido ser triturado. Y con motivo del actual movimiento salvador de España ha pintado otro que es una visión de la España de 1936 que le ha llevado a la cárcel".

La comisión concluye alegando que "tan concepción de artista denota una inteligencia tan rudimentaria y un sentimiento tan soez que ello solo sería bastante para destituirlo del cargo de profesor. Pero además es fácil, acomodaticio, poco serio, y se deja manejar por la masonería y ahora pretende alagar (sic) a los católicos. Es masón".

La pertenencia a una religión distinta a la católica también era motivo de depuración, tal como refleja el expediente del catedrático y director del Conservatorio de Música de Sevilla, Ernesto Halffer Escriche, en el que se acuerda su inhabilitación.

En el informe se destaca que "es de procedencia judía", que en el principio de su carrera se amparó "en el prestigio de su maestro, el señor Falla" (uno de los compositores españoles más importantes, exiliado tras la Guerra Civil), y que después "ha explotado la protección del señor Azaña" (presidente de la República). 

La destitución de la única profesora de la universidad

La profesora Rosario Montoya era calificada como "simpatizante con las izquierdas sin manifiestas actividades políticas"

El triunfo de los militares golpistas también supuso un notorio retroceso para la incorporación de las mujeres a la docencia universitaria. La única profesora que había en 1936 en la Universidad de Sevilla, Rosario Montoya Santamaría, fue cesada por la Comisión de Depuración.

"Hubo que esperar casi medio siglo para encontrar a otra profesora en las aulas", subrayó la institución hispalense cuando abrió el pasado mes de junio una exposición virtual de los expedientes de depuración.

Rosario Montoya era profesora temporal de la Facultad de Ciencias y, según recoge el libro Enseñanza, ciencia e ideología en España (1890-1950) de Manuel Castillo Martos y Juan Luis Rubio Mayoral, se le acusó de gozar de la confianza del catedrático de Mineralogía, Botánica y Zoología, Pedro Castro Barea, integrante de la Institución Libre de Enseñanza con una "notable trayectoria científica", que desempeñaba el cargo de secretario general de la Universidad de Sevilla y fue destituido tras el golpe militar.

En un primer expediente de la comisión depuradora, se califica a Rosario Montoya como "simpatizante con las izquierdas sin manifiestas actividades políticas", con "buena conducta moral y religiosa, cumplidora de sus obligaciones docentes".

Pero el hostigamiento contra ella continuó, hasta que en diciembre de 1937 se ordenó su cese, tras un requerimiento para que informase de su domicilio.

Otras profesoras sufrieron también la persecución de los inquisidores franquistas en la época de Queipo de Llano. Es el caso de María Luisa Huertas, encargada de curso en el instituto de Aracena, quien fue despedida con la acusación de que "se enorgullecía con una república de izquierdas que ella sentía".

En su expediente se refiere que, "muy a su pesar, trata de colocarse, en contra de sus ideales, en el Ejército salvador de España". Pero los depuradores concluyen: "Es un caso de hipocresía, como cuando asistía a las festividades religiosas para luego sacar partido poco piadoso, hiriendo los sentimientos cristianos de todos los católicos. Para bien de España y de la enseñanza [...] debe prescindirse por completo de sus servicios".

La mano del rector Mariano Mota Salado

Los enfrentamientos entre asociaciones estudiantiles de derechas e izquierdas eran habituales en los claustros y en la calle

Toda esta depuración formó parte del proceso de represión que se puso en marcha nada más comenzar la Guerra Civil, con Queipo de Llano al mando en Sevilla, según explica a Público el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla Leandro Álvarez. Fue una represión que afectó no sólo a docentes, sino a todo el personal de las administraciones públicas, a médicos, abogados y otros muchos profesionales.

La persona que se encargó en la Universidad de Sevilla de ejecutar la depuración fue el rector nombrado manu militari por Queipo de Llano, José Mariano Mota Salado. Este sustituyó en el cargo a Francisco Candil, un republicano moderado que salvó la vida al huir a su pueblo, Priego de Córdoba, tras el golpe del 18 de julio, señala Leandro Álvarez.

Lo curioso, según el catedrático, es que la depuración llegó a todo el profesorado, incluido el propio Mota Salado, aunque, eso sí, aplicada con diferentes criterios.

A él y a los otros docentes afines al régimen franquista, la comisión los calificaba como un "profesor excesivamente celoso de sus obligaciones", exonerándoles de cualquier sanción. Con ese rasero, en el expediente del rector se destaca que es una "persona de derechas, de buena conducta moral y religiosa".

El golpe militar, y su posterior victoria en la Guerra Civil, supuso una ruptura absoluta entre la universidad de antes de julio de 1936 y la posterior a la sublevación, a juicio de Leandro Álvarez.

La anterior era una universidad que no llegaba a los 200 profesores en todas las facultades dependientes del rectorado hispalense -entonces en Andalucía sólo había dos universidades, la de Sevilla y la de Granada-, donde había crecido mucho el interés por la política tras la proclamación de la República y la aprobación de leyes que facilitaban la participación de los estudiantes en los claustros.

Más del 40% del profesorado universitario de España fue depurado en aquellos años

Los enfrentamientos entre asociaciones estudiantiles de derechas e izquierdas eran habituales en los claustros y también en la calle, una división que se traslucía también entre el profesorado. Esa confrontación, a juicio del catedrático de Historia Contemporánea, pudo azuzar el espíritu de revancha en las comisiones de depuración que se pusieron en marcha tras el golpe militar.

"Lo que quedó fue una universidad con profesores afines a la derecha, al régimen franquista, absolutamente, aunque luego, a partir de los años 50 y 60, la propia universidad se convirtió en uno de los focos de protesta contra el franquismo", destaca Leandro Álvarez.

Sin embargo, a juicio de este catedrático, lo que aún no se ha conocido es el alcance de la represión que se ejerció en los primeros años del franquismo contra el alumnado universitario, contra los estudiantes que formaban parte de las organizaciones de izquierdas que se enfrentaban a las de derechas, alguna de las cuales, como el Sindicato Español Universitario (SEU), estaba estrechamente vinculada a la Falange.

Se desconoce aún, señala Leandro Álvarez, cuántos de aquellos estudiantes pudieron acabar en las fosas comunes de fusilamientos ordenados por mandos militares como Queipo de Llano.

En el caso de los docentes, más del 40% del profesorado universitario de España fue depurado en aquellos años, según se recoge en el libro Depurados, represaliados y exiliados. La pérdida universitaria durante el franquismo, de Alberto Carrillo Linares, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla.

Más de 100.000 personas, entre catedráticos, profesores, auxiliares y ayudantes sufrieron la represión de las comisiones depuradoras en las universidades españolas, con una serie de sanciones que incluían la suspensión temporal de empleo y sueldo, la inhabilitación para cargos directivos y de confianza, el traslado y el cambio de servicio.

Esta depuración afectó expresamente al personal de las universidades y de los centros que dependían de ella, ya que el profesorado de magisterio, quienes daban clases en enseñanza primaria, sufrió otra represión con comisiones específicas que se ocuparon de perseguir a quienes no se consideraban leales al régimen franquista.

"Fue planificada, organizada y coordinada por el régimen franquista a través de un conjunto de normas e instituciones aprobadas con el fin de dar apariencia de legalidad. Este procedimiento sistemático de depuración fue realizado en todo el territorio nacional, a medida que las tropas franquistas avanzaban", señalan las investigadoras Ana Isabel Caballero y Loreto Pizarro en el libro La escuela amordazada, la depuración franquista del magisterio en Sevilla, publicado por el Ayuntamiento de la capital andaluza.