El relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano del Acceso al Agua y el Saneamiento, Pedro Arrojo, ha hecho un llamamiento para que España y el resto de gobiernos del mundo prohíban los cortes de agua a las personas vulnerables. "Vivimos tiempos duros por la pandemia de la covid-19 y sus graves consecuencias sobre la salud pública. Una de las pocas formas de prevenir el contagio consiste en practicar una adecuada higiene usando simplemente agua y jabón. Pero para ello es necesario disponer de adecuados servicios de agua y saneamiento en el marco de una vivienda digna", expone el texto de la declaración a la que ha tenido acceso Público.

El llamamiento realizado por Arrojo –que cuenta con el respaldo de otros más de veinte relatores de la ONU especializados en otras áreas– llega en un contexto de pandemia clave y con una mirada velada hacia el Ejecutivo español, que permite los cortes de suministro de agua desde septiembre, momento en el que el denominado escudo social para la covid-19 finalizó y dejó sin posibilidad de acceso al agua potable y al saneamiento a cientos de familias, empobrecidas por las consecuencias económicas de la pandemia. 

En una conversación con este medio, Arrojo manifiesta que se trata de un llamamiento global, pero reconoce que España, país al que considera "líder junto con Alemania" en el acceso al agua, debe volver a levantar el escudo social para salvaguardar que todas las personas puedan tener garantizada unas condiciones de higiene dignas por la covid-19. "El Gobierno debería, por sus obligaciones internacionales y por ese prestigio que atesora como país al que representa, plantearse esa idea de hacer de la necesidad una virtud permanente", expone, en relación a regular el fin de los cortes por impagos entre la población más empobrecida.

"Ahora se debe hacer por urgencia y con rapidez, pero se tiene que regular el asunto de manera definitiva, de modo que no se pueda cortar el agua a familia en situación de vulnerabilidad nunca", agrega, para reclamar que se sienten las bases de una nueva normativa estatal que, más allá de la pandemia, garantice este derecho humano.

Preguntado por las presiones de las empresas privadas que controlan los suministros de agua potable –las cuales ya enviaron una carta a la ministra Teresa Ribera reclamando que se permitieran aplicar cortes por impago durante la primera ola de la pandemia–, Arrojo argumenta que "obtener beneficios económicos no puede servir de pretexto para quebrantar un derecho humano". No en vano, el experto, comenta a Público que "no entendería que ningún gobierno se dejase presionar" y cediera en términos de derechos humanos.

Tras recalcar que el llamamiento va dirigido "a todo el mundo, no sólo a España", el relator advierte que la prohibición de los cortes que se reclama desde la ONU no debe ser interpretada como un falso derecho a no pagar por el agua, ni tampoco debe dar pie a "picaresca". "El que puede pagar debe pagar", afirma. "En países como España hay una estructura capaz de identificar las situaciones particulares de los ciudadanos para saber quién está o no en situación de vulnerabilidad".

Temporeros y refugiados sin agua en mitad de la pandemia

En relación a la pandemia que vive España, Arrojo pone como ejemplo las pésimas condiciones de vida de los temporeros, que han sufrido contagios masivos durante el verano en el Bajo Aragón, precisamente por la falta de acceso al agua y a una vivienda digna. También señala a los refugiados que continúan acampados en Moria (Grecia), de los que "apenas nos llegan noticias" sobre los casos de coronavirus, y quienes apenas tienen posibilidad de lavarse con agua a diario. "No podemos estar orgullosos de que esto ocurra en ámbitos europeos", denuncia, "deberíamos aprender una lección de todo este dolor". 

El relator insiste en la idea de que el derecho humano al agua y al saneamiento digno debe de trascender a la pandemia, de modo que cuando la vacuna llegue, tampoco se produzcan cortes de suministro a las personas sin recursos. En ese sentido, señala al futuro que viene marcado por el cambio climático, un fenómeno que va a "acelerar la gravedad de este problema", sobre todo en "zonas que ya están al límite de la habitabilidad como el Sahel". Sin embargo, que la accesibilidad al agua se reduzca en los próximos años "no debe ser razón para que se quebrante un derecho básico", ya que el consumo humano sólo representa, en cifras globales, el 2% del total de los acuíferos y ríos con agua potable. "Hay que dar prioridad para que nadie se quede sin ello".