Desahucio de alto riesgo en Sevilla: aplazan la ejecución por la salud del inquilino, un jubilado con ictus

La movilización de varias decenas de personas y el estado de salud del inquilino han impedido el desahucio de un matrimonio sexagenario en una vivienda cercana al centro de Sevilla, donde una dotación de la Policía Nacional intentó entrar con una orden de lanzamiento del juzgado por impago de una hipoteca. La tensión que se vivió durante algo más de una hora en el portal del edificio dio paso a los aplausos cuando se anunció la suspensión, temporal, del desahucio.

Antonio Troncoso, quien compró la vivienda hace 30 años, antes incluso de que se empezara a construir, tuvo que ir al hospital el jueves por una crisis a causa de la gran tensión que estaba soportando a cuenta del piso, agravada en su caso porque hace cinco años sufrió un ictus que le dejó paralizado el lado izquierdo de su cuerpo. Le dijeron que tenía que quedar ingresado, pero él se dio el alta y se fue a defender su casa, antes de que llegaran los del juzgado con la Policía a ejecutar la orden de lanzamiento que había sido fijada para las 10.00 de este viernes.

Antonio, que se ha dedicado toda la vida a trabajar en las obras, tenía preparada una empalizada con tablas para tratar de impedir que entraran en su casa, si llegaban a abrir la puerta. Al lado estaba su mujer, Pilar, con los nervios destrozados por una situación que llevan arrastrando desde hace ya años, desde que su marido, cuando les faltaba sólo 6.000 euros para terminar de pagar la casa, decidió rehipotecarla por 200.000 para hacer frente a un proyecto de su empresa que luego se fue al traste con la crisis económica de la primera década de este siglo, un tremendo varapalo que le acabó provocando el ictus y, posteriormente, la jubilación por incapacidad. Como resultado, la familia se quedó con una pensión de poco más de 700 euros como único ingreso para hacer frente a una hipoteca de más de mil de cuota mensual, y no pudieron pagarla.

Antonio no puede describir cómo se vive una situación como la que él está afrontando, con una dotación de policías bien pertrechados intentando entrar en el edificio para hacer cumplir la orden del Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla de lanzamiento de su vivienda, de la que ahora es propietaria la entidad financiera Coral Homes, que se anuncia como uno de los mayores portfolios de activos del sector inmobiliario en España, con más de 70.000 inmuebles orientados tanto a particulares como a inversores.

Coral Homes surge de la decisión de Caixabank, la entidad con la que Antonio Troncoso firmó la hipoteca, de vender el 80% de su negocio inmobiliario a dos sociedades del fondo Lone Star. Y Antonio asegura que en todo este tiempo a él no le han dado en ningún momento la oportunidad de negociar la deuda que había contraído al dejar de pagar la hipoteca para, así, no perder la propiedad de su piso, situado en la calle Fray Isidoro de Sevilla, próxima al Parlamento de Andalucía y muy cercana al casco histórico de la ciudad, una ubicación que propicia que haya cada vez más viviendas de uso turístico en la zona. El valor del piso de 120 metros cuadrados que él compró por 20.000 euros hace 30 años se ha multiplicado ahora por siete o por ocho.

El segundo intento abortado

Mientras Antonio y Pilar esperan en su casa con la angustia de no saber qué va a pasar con sus vidas, abajo, en el portal, el hijo que vive con ellos, también de nombre Antonio, acompaña a las personas que han acudido para impedir el desahucio. Tiene 26 años y trabaja como mecánico a jornada parcial, por lo que percibe un sueldo que contribuye a que los ingresos familiares asciendan en total a poco más de 1.200 euros. Pero su mayor preocupación ahora es lo que le pueda ocurrir a sus padres si se ejecuta finalmente el desahucio y se quedan en la calle sin una alternativa, sin un sitio donde meterse.

Antonio señala que esta es la segunda vez que han conseguido parar el desahucio. La primera vez fue hace un mes, cuando la Policía consiguió traspasar el portal, pero no que algún vecino le abriera luego la otra puerta del patio que da acceso a la vivienda donde tenían que ejecutar el lanzamiento. En esta ocasión, no han logrado rebasar siquiera la primera puerta por la oposición de varias decenas de personas, convocadas por el Punto de Información de Vivienda y Encuentro de la Asociación de Pro Derechos Humanos y la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla, a las que se han sumado representantes de Podemos, Izquierda Unida y Adelante Andalucía.

Tras el intento de la Policía de entrar en el edificio, las organizaciones convocantes solicitaron el aplazamiento del desahucio por el estado de salud de Antonio Troncoso y la situación de vulnerabilidad de la familia, que carece actualmente de una alternativa habitacional, petición que fue finalmente atendida por el juzgado, cuyo titular acordó suspender temporalmente el lanzamiento de la vivienda.

Según ha asegurado la familia a este periódico, han mantenido contactos con el Ayuntamiento de Sevilla y con la empresa propietaria de la vivienda para que puedan facilitarles un alquiler social o algún tipo de ayuda que les permita acceder a una vivienda antes de ser desahuciados, aunque de momento carecen de cualquier alternativa para su realojo.

Toni Santamaría, de la asociación de Derechos Humanos, considera que las administraciones local y autonómica deberían poner en marcha medidas para garantizar que estas familias tengan acceso a una vivienda digna antes de que se lleve a cabo el desahucio, antes de tener que recurrir a "parches" como albergues, pensiones u otro tipo de alojamientos para trasladar a las personas que se quedan en la calle tras un lanzamiento judicial. "Es una de las obligaciones más básicas de la administración, garantizar el derecho a la vivienda", subraya a Público.

Según Santamaría, el problema es de tal magnitud que en la ciudad de Sevilla se están señalando entre dos y tres desahucios de viviendas cada día. A poco más de 200 metros de la casa de Antonio Troncoso, en el Parlamento autonómico, el grupo socialista denunció este mismo jueves que los desahucios habían aumentado un 40% en Andalucía en el último trimestre de 2022 y pidió medidas a la Junta para atajarlo. A eso respondió la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, del PP, que ya habían tomado medidas, entre las que destacó la rebaja de impuestos y la apuesta por la construcción y alquiler de vivienda protegida.

El diputado autonómico de Podemos Juan Antonio Delgado, presente en la concentración para evitar el desahucio, entiende que esta es la realidad de la calle en Andalucía, "de la que no se entera Moreno Bonilla", el presidente de la Junta, "más preocupado por quitarle los impuestos a las rentas más altas", dice.