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Desahucio María Guerro Suspenden el desahucio de los 18 pisos de Carabanchel por el 'banco malo'

La Sareb ha pedido al juez el aplazamiento de los desalojos de una veintena de personas previstos para este jueves por petición de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Los afectados los celebran pero advierten de que no han podido negociar ninguna solución a su situación.

Paloma Santos en el portal de su edificio en la calle María Guerrero de Madrid.- JAIRO VARGAS
Paloma Santos, vecino de una de las viviendas de los edificios de la calle María Guerrero de Madrid amenazados por el desahucio de la Sareb.- JAIRO VARGAS

Nuevo balón de oxígeno para los vecinos de las 18 viviendas de la calle María Guerrero de Carabanchel (Madrid) cuyo desahucio estaba previsto para este jueves. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como banco malo, ha solicitado al juez la suspensión temporal del desalojo, según han confirmado a Público fuentes de la Sareb y los activistas de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, que prestan apoyo a los afectados.

Según ha explicado la Sareb, la decisión de retrasar los desahucios se ha tomado por petición del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que el pasado domingo solicitaron al banco malo que pidiera al Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid que aplazase las expulsiones.

Sin embargo, ni la Sareb ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han querido precisar a Público por el momento las razones de esta decisión que, según la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, no significa que los afectados hayan logrado su objetivo: negociar con la Sareb nuevos contratos de alquiler a precios similares a los que venían pagando. 

La Sareb se convirtió en propietaria de casi todas las viviendas de estos tres edificios de la calle María Guerrero después de que las empresas constructora y promotora —con quien los vecinos habían firmado contratos de alquiler desde hace incluso nueve años— entraran en concurso de acreedores. El pasado diciembre, un juez ordenó el desalojo de las 27 familias que todavía residían en estas casas para que la Sareb tomara posesión de ellas definitivamente, ya que los contratos firmados no tenían validez.

La presión vecinal y de los activistas por el derecho a la vivienda logró aplazar este desalojo in extremis, aunque se fijó una nueva fecha para el 6 de febrero. Desde entonces, sólo resisten los inquilinos de 18 viviendas, entre los que se encuentran personas enfermas, con familiares dependientes a cargo, cuatro menores y personas con bajos ingresos. Tras intentar sin éxito negociar con la Sareb su permanencia, los vecinos habían vuelto a hacer un llamamiento para frenar el desalojo la mañana del 6 febrero.

Mantienen la presión

Ante este nuevo escenario, los activistas de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel y los vecinos decidieron desconvocar la acción de protesta que tenían programa para la mañana de lunes en la sede de la Sareb, aunque advierten de que no se conformarán con un aplazamiento de los desalojos, sino que seguirán peleando negociar la permanencia de todos los afectados a con un alquiler asequible para combatir el alza de precios de los arrendamientos y la expeculación inmobiliaria.

"La Sareb a negociar sigue exigiendo de una intervención inmediata del Ejecutivo central que pueda resolver favorablemente el conflicto de una manera dialogada", han pedido los activistas en un comunicado en el que recuerdan que PSOE y Unidas Podemos firmaron en su programa de Gobierno que trabajarían para que la Sareb estableciera convenios con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para destinar parte de sus viviendas vacías a alquileres sociales.