El desahucio al que se enfrenta una mujer de 56 años con un grado de dependencia severa en Bormujos, localidad del área metropolitana de Sevilla, es un caso realmente singular. Una cuestión particular dentro de la amplísima casuística de lanzamientos de viviendas que se han registrado en España a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y su consecuente crisis económica, origen de cientos de alzamientos por impago de hipotecas o alquileres en todo el país.

Singular es que los concejales de dos grupos políticos tan antagónicos como Podemos y Vox hubiesen coincidido en apoyar a la afectada. Que el Ayuntamiento lograse paralizar en octubre su desahucio con la emisión de un informe que acreditaba su situación de vulnerabilidad social y económica. Y que ahora el propietario de la vivienda, el Banco Sabadell, aún no haya solicitado el desalojo una vez cumplido el aplazamiento concedido por el juez para ejecutarlo en virtud de esas circunstancias.

Dolores Jiménez compró la casa, una vivienda de dos plantas, en 1999, mediante una hipoteca con la Caja del Mediterráneo, entidad que luego fue absorbida por el Banco Sabadell. Pero a mitad de camino, empezaron los problemas económicos que le impidieron, según ella, hacer frente al pago del préstamo. Una enfermedad respiratoria que le llevó a estar en coma hasta en dos ocasiones desbarató toda su vida. Tuvo que darse de baja de su trabajo como ordenanza en un instituto de Bormujos y eso redujo notablemente los ingresos familiares, que menguaron aún más cuando su marido se quedó en paro. Entraba menos dinero y los gastos aumentaban, sobre todo en el recibo de la luz para mantener enchufado toda la noche el aparato que le permite a ella respirar mientras duerme.

Con ese panorama, Dolores Jiménez asegura que no le quedó más remedio que dejar de pagar la hipoteca de su casa, que finalmente el banco se quedó en propiedad, como dación en pago, aunque la entidad le permitió seguir viviendo en ella en régimen de alquiler social con una cuota de 500 euros al mes. Sin embargo, las estrecheces económicas a causa de su baja laboral, el desempleo de su marido, los gastos de mantenimiento del hijo que vive con ellos y el recibo de la luz le impidieron también, según su relato, hacer frente al pago de un alquiler que se llevaba más de la mitad de los 800 euros que entonces percibía.

Hace unos dos años, además, esta mujer consiguió una ayuda de la Junta de Andalucía para adaptar el baño de la casa a una persona con movilidad reducida, lo que le permitió no tener que salir a asearse en una bañera que había instalado en el patio exterior de la vivienda. Sin embargo, ella sigue durmiendo en una cama que ha instalado en la cocina, porque no puede acceder al dormitorio situado en la primera planta hasta que no consiga otra ayuda para salvar esa enorme barrera arquitectónica.

Lo único que quiere ahora esta mujer es seguir disfrutando de su casa, ya medio adaptada, en cuyo patio, en un arriate, están enterradas las cenizas de su padre. Ella asegura que le han concedido la pensión de invalidez absoluta a causa de su enfermedad y que por eso ahora dispone de ingresos suficientes para afrontar el alquiler social que le ofreció el Banco Sabadell: “Yo sólo quiero eso, que me dejen seguir viviendo en mi casa, con un alquiler. No pido nada más. Que se queden con todo lo demás, si quieren, pero que me dejen mi casa, donde tengo todo lo que es mío, porque a mí, si me quitan esto, no sé lo qué haría. He pensado hasta subir a lo alto de la Giralda y tirarme”.

El Banco Sabadell no se opone, según ha manifestado una portavoz a este periódico, a que esta mujer siga disfrutando de la vivienda mediante un régimen de alquiler social. Pero le exige garantías de pago después de que haya estado más de dos años sin abonar la cuota mensual, porque, a juicio de la entidad bancaria, la propia Dolores Jiménez ha reconocido que no se encuentra ya en una situación de vulnerabilidad económica.

La decisión que tome ahora el banco es determinante para la resolución de este litigio. Y, de momento, no ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla que ejecute la orden de desahucio que suspendió en octubre a raíz de un informe de la situación de vulnerabilidad social y económica de la afectada presentado por el Ayuntamiento de Bormujos. Ese aplazamiento del lanzamiento de la vivienda terminó el pasado 11 de enero y el Sabadell aún no ha pedido al juez ninguna medida, ni en un sentido ni en otro, lo que abre las puertas a cualquier posibilidad para la resolución de este caso, que podría ser inminente.

Un abogado de Bilbao presenta seis demandas

En esta singular partida ha entrado en liza, además, un contendiente inesperado. El abogado José Montero, de un bufete de Bilbao, a casi 900 kilómetros de Sevilla, que se ha hecho cargo de la defensa de Dolores Jiménez de forma altruista a raíz de conocer su caso por un programa de televisión. La víspera de que terminase el aplazamiento del desahucio concedido por el juez, este letrado presentó seis demandas de nulidad por cláusulas abusivas en la hipoteca que suscribió con el banco esta mujer de Bormujos.

Esas demandas suponen, en el fondo, una forma de presión a la entidad bancaria para que se avenga a un acuerdo que acabe con lo que el abogado califica como “atropello” a los intereses de Dolores Jiménez. Ese acuerdo consistiría en el abono de la deuda acumulada por las cuotas de alquiler impagadas –que cifra en unos 6.000 euros– y en mantener un arrendamiento social de la casa de entre 250 y 300 euros al mes. Según Montero, mientras no se resuelvan esas demandas presentadas en otro juzgado, no se podrá ordenar el lanzamiento de la vivienda.

El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, del PSOE, acompañó al abogado y a Dolores Jiménez a la presentación de esas demandas, tras lo cual exigió al Banco de Sabadell que se aplique el lema de su publicidad institucional, “el banco de las personas”, y no derive este “doloroso caso de precariedad social a fondos buitre”. El regidor municipal se lamentó de que el papel de mediador que el Ayuntamiento había intentado desempeñar con la entidad bancaria en este asunto había resultado “negativo”, porque no había encontrado en ella un interlocutor válido, y su primer teniente de alcalde anunció la presentación de una moción en el pleno para rechazar cualquier tipo de colaboración con bancos que trabajen con fondos buitre.

Dos concejales de la corporación municipal de Bormujos ya se habían hecho populares por haber coincidido en la casa de Dolores Jiménez para mostrarle el apoyo de sus respectivos grupos, Vox y Podemos. Esa coincidencia de políticos de ideología tan dispar y su difusión fue la que, de alguna forma, aceleró la emisión del informe municipal de vulnerabilidad social y económica que determinó el aplazamiento del desahucio el pasado mes de octubre.