Las familias que viven en el edificio A Patiña, en el municipio de Cambre (A Coruña), llevan años luchando para evitar que las desahucien los fondos buitre que se hicieron con el inmueble, construido en los años 90 mediante un convenio con la Xunta de Galicia pensado para alquilar las viviendas en régimen de protección oficial a familias desfavorecidas. Primero fue Altamira, la inmobiliaria del Banco de Santander, la que, aseguran, las chantajeaba y presionaba para que se fueran, subiéndoles los alquileres y descuidando el mantenimiento del edificio. Después, Blackstone, el fondo de inversión estadounidense que se hizo con cientos de viviendas sociales en la comunidad de Madrid, y Haya Real State, con sede en Nueva York y cuya filial española es la mayor gestora de inmuebles del Estado . Y ahora, Nevolido, una empresa propiedad de los hermanos Pérez Patiño.

Sucede que los Pérez Patiño son primos hermanos del alcalde de la localidad, Óscar García Patiño, de Unión por Cambre. Durante la pasada legislatura y especialmente antes de las elecciones locales del 2019, García Patiño se pronunció abiertamente a favor de los inquilinos de A Patiña y se comprometió a protegerlos. De hecho, llegó a mantener reuniones en ese sentido con la dirección regional del Santander y con el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Unión por Cambre se autotodefine como "organización independiente, no sometida a devociones ideológicas ni dogmatismos religiosos, económicos o sociales". Gobierna el municipio en minoría con la aquiescencia del PSOE.

Los vecinos, que piden mantenerse en el anonimato para evitar represalias, explican que el pasado mes de abril recibieron una nota informándoles de que la propiedad de A Patiña había cambiado, y que para cualquier gestión o duda debían dirigirse a la firma Nevolido. Según el Registro Mercantil de A Coruña, Nevolido es propiedad de Areavela, una promotora cuyos propietarios son a su vez, Antonio y Javier Pérez Patiño, dueños de la constructora Grupo Malasa. Las tres empresas comparten la misma sede social en el mismo despacho de una de las avenidas principales de la localidad.

En A Patiña viven personas desfavorecidas con enormes complicaciones económicas y también físicas. Hay personas invidentes, mayores y ancianos sin recursos, personas con discapacidad, familias con los cónyuges en paro con niños pequeños que sobreviven gracias a las ayudas públicas e incluso a la caridad de sus parientes, mujeres víctimas de malos tratos en situación laboral precaria o trabajando en la economía sumergida...

Pagan rentas de entre 200 y 300 euros por pisos y áticos de entre 60 y 80 metros cuadrados en una de las carreteras de salida del pueblo. Los nuevos propietarios, que les habían prometido invertir en la reforma integral del inmueble, muy deteriorado, pero hasta ahora el único movimiento que han hecho ha sido comunicarles que van a renegociar sus contratos y subirles el alquiler a un mínimo de 400 euros. La misma cantidad que, para muchos de ellos, representa su único ingreso. "Es una vergüenza que nos tengan así y que a algunas personas les vayan a subir la renta por encima de lo que ingresan", dice un vecino.

"Esas familias llevan años padeciendo presiones de todo tipo para que se vayan", explica Olga Santos, concejala de Esquerda Unida-Son en Común, formación vinculada a Unidas Podemos. Narra cómo los vecinos del inmueble llevan años protestando porque los propietarios se niegan a arreglarles la caldera de agua, las humedades de las habitaciones, a cambiarles la nevera cuando se les estropea, a pesar de que en sus contratos figura la obligación de la propiedad de hacerse cargo de todo eso... Y mientras tanto, les dicen que van subirles el alquiler más de un 40% de media. "Es una forma habitual de los fondos buitre para dividir a los vecinos y conseguir que la gente acabe marchándose", añade la concejala.

De las alrededor de 70 familias que habitaban A Patiña en el 2017 quedan alrededor de medio centenar. Las que pudieron ser contactadas por Público afirman que, aunque unos 20 pisos han sido ya reformados, y que de hecho, se ofrecen en varios portales a 400 euros de mensualidad, no sucede lo mismo con los suyos, que tienen enormes deficiencias de habitabilidad.

Olga Santos cuenta que el pasado verano, en pleno confinamiento, dejaron durante semanas a los vecinos de A Patiña sin los servicios de limpieza de las zonas comunes, y que se quedaron sin varios ascensores, que son muy viejos y suelen estropearse con frecuencia. Con todo lo que eso supone de dificultades para las personas mayores y para los vecinos con movilidad reducida que tenían que salir a trabajar o a hacer la compra. No les hicieron caso hasta que varios de los políticos que estaban entonces en precampaña de las autonómicas gallegas se acercaron hasta A Patiña para forzar desde allí directos de la Televisión de Galicia denunciando la situación. Ahora han vuelto a lo mismo, pero ya no estamos en campaña y las instituciones les vuelven de nuevo la espalda.

Lo que se dirime en A Patiña es si el régimen de protección social del inmueble dura 30 años, como se deriva del convenio firmado en 1997 entre Fadesa, la promotora del edificio, y el IGVS, o solo 20, tal y como asegura ahora la Xunta de Galicia acogiéndose a la legislación actual. En el primer caso, los vecinos tendrían garantizado que no pueden subirles el alquiler por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) hasta el año 2027. En el segundo, esa obligación habría caducado hace cuatro años.

El alcalde de Cambre había defendido hasta ahora la primera tesis. Así lo expresó en varios plenos, y así figura en la nota de prensa que Unión por Cambre envió tras uno de ellos en noviembre del 2018, seis meses antes de las elecciones municipales. "Óscar García Patiño explica que las viviendas de A Patiña son de protección oficial hasta el 2027", dice el comunicado, que añade que "tal y como se puede ver en la documentación remitida por la entidad bancaria [el Banco Santander], el acuerdo entre la promotora y el IGVS fue firmado en 1997 y tiene una vigencia de 30 años, por lo que no termina hasta 2027". "Esta información da un giro radical a la problemática de A Patiña, ya que queda demostrado que la propietaria del edificio tiene la obligación de renovar el alquiler a los inquilinos en las mismas condiciones", añade la nota.

Los primos de García Patiño, sin embargo, no están ateniéndose a esa obligación. Y el Ayuntamiento no solo no está haciendo nada para evitarlo, sino que, al contrario, según los vecinos y la oposición, les está facilitando las cosas. La concejala de EU critica, por ejemplo, que los servicios sociales estén demorando el informe que precisa una de las inquilinas para acogerse a la prórroga de seis meses establecida por el Real Decreto aprobado por el Gobierno este año que impide que se desahucie o se le suba el alquiler durante la crisis sanitaria a las familias desfavorecidas. "El informe es fundamental para que esa persona puede acogerse a esos seis meses de prórroga, pero no sé si por desidia o por desinterés, o por otras razones, están demorándolo", denuncia Santos.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la localidad, Manuel Mena, coincide en las denuncias de los vecinos recogidas por Santos e insta al alcalde a explicar qué ha motivado el cambio de postura del Ayuntamiento sobre A Patiña, justo después de que sus primos se hicieran con la propiedad del inmueble. "García Patiño tiene que dejar claro a quién defiende: si a las familias que tienen derecho a que el Ayuntamiento las proteja, o a los intereses de la suya propia". Pardo añade además que el caso de Cambre es un ejemplo perfecto de la necesidad de regular el precio de los alquileres, como su formación defiende en el Gobierno y en el Congreso de los Diputados, para evitar que los fondos buitre hagan negocio con la demanda de un bien esencial a costa de quienes disponen de menos recursos.

Público ha intentado sin éxito obtener la versión del alcalde, pero Óscar García Patiño ha transmitido a través del departamento de prensa municipal que no tiene "nada que decir al respecto" de A Patiña y del cambio de posición del Ayuntamiento sobre el tema tras la adquisición del inmueble por parte de sus primos. Tampoco Javier y Antonio Pérez Patiño, propietarios del Grupo Malasa, han querido ofrecer la suya. En el número de teléfono de Nevolido que les facilitaron a los vecinos para contactar con la nueva propiedad responde un trabajador que asegura que el personal de la empresa "está de vacaciones". Según el Registro Mercantil de A Coruña, Nevolido solo tiene un empleado.