La Diputación de Vizcaya, imputada por impedir a una menor que viva con su madre

Irune Costumero es una madre coraje que moverá hasta dónde haga falta para que su hija, de cinco años de edad, vuelva a estar con ella en su hogar. Y es que, desde que el pasado 14 de agosto de 2017 los Servicios Sociales de la Diputación de Bizkaia le quitasen por orden foral a su pequeña a la fuerza para dar la tutela y la estancia provisional al padre, su lucha es incansable. "Mi mayor tragedia es vivir sin ella, recordar el día que me la arrancaron, despertarme en la noche echándola de menos, verla crecer lejos de mí. Esto es insoportable", cuenta a Público.

Sin embargo, Irune siente que tras tanto dolor y lucha todo acabará pronto y podrá tener de nuevo, y entre sus brazos, a su pequeña después de que la Audiencia de Bizkaia haya visto indicios delictivos en la decisión de apartar a ambas con el argumento de que había puesto a la niña contra su padre. Por tal decisión dicha institución jurídica ha imputado a los jefes de Infancia de la Diputación del daño que está causando a la menor y su madre y dicta en un auto para que se decrete y se depure la responsabilidad que corresponda a cada una de estas personas, así como a la propia institución.

Las personas imputadas por este delito, todas ellas al servicio de la Diputación Foral del Vizkaia, son la jefa de Recepción, Valoración y Orientación, Antonia Giner Cucalella, la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso Vergara, el director general de Promoción de Autonomía Personal, Sergio Murillo Corzo, y contra la trabajadora social Maika Urutxurzu Cueva. "Todas las decisiones son tomadas por una serie de funcionarios. Estos funcionarios dependen de sus respectivos jefes que son quienes firman las órdenes. Cada uno tenemos que responder por lo que firmamos, por tanto, nosotros pedimos la imputación de aquellos que intervienen y firman las órdenes", explica a Público un representante de Araurre Abogados, el despacho que defiende a esta madre.

El divorcio, el principio de todo

El calvario de esta progenitora comienza tal y como reconocen desde su bufete cuando ella toma la decisión de divorciarse. "Tras eso el padre huye con la niña a quien violentamente arrebata a los abuelos maternos que paseaban con ella y se la lleva durante dos meses. Desde ahí todo es un despropósito en este caso". Para este portavoz, "el delito de prevaricación cometido por las autoridades forales es de máxima gravedad por estar implicada una menor y por ello la Audiencia ordena imputar en dos ocasiones, a los responsables del Servicio de menores, las dos que la propia Diputación ha recurrido. Además, se ha solicitado el vídeo del día de la retirada para ver en qué condiciones se realizó y la peritación forense de la niña, que en definitiva es quien debe importarnos por encima de todo", remarca.

Resoluciones dudosas

El auto de imputación de la Audiencia Provincial de Bizkaia deja claro que el interés superior de la menor, "nunca ha de servir como excusa para emitir resoluciones más que dudosas", ni tampoco puede resolver ningún conflicto pasando por "ejercer la violencia". Además, remarca que esta situación está afectando de por vida a madre e hija. "Les deja secuelas que pasan y llevan a minusvalorar a la madre y demostrar desconfianza hacia ella", a la par que reconoce que el argumento de amparo de la menor que aporta la institución foral no tiene sentido ya que "el invocado desamparo es que la niña no quiere relacionarse con su padre, y por la vía de hecho se arrebata a niña, con el consiguiente efecto para la niña y para la madre".

Irune Costumero recalca que esta imputación además de ser pionera, pone el foco en una situación demasiado común: la del maltrato institucional. "Es de lo más extremo. El maltrato propiamente dicho empieza por la peregrinación por las instituciones. De un profesional a otro y otro, todos empeñados en desacreditar la violencia, todos amenazando a la niña con no verme más. Así transcurre nuestra vida", subraya. Por eso tiembla cuando escucha que determinados partidos quieren decretar la custodia compartida generalizada. "Siento miedo, angustia. Pienso en cómo después de estar dos meses sin saber nada de ella a cambio la obligaron a convivir con los dos. Nunca normalizamos nuestra relación porque nunca nos lo permitieron", explica.

Puntos de encuentro, el infierno en la tierra

Mientras que esta madre espera fecha del juicio por esta prevaricación, así como otra para determinar si de nuevo puede volver a vivir con su hija, ve a su pequeña dos veces por semana en un punto de encuentro. Y lo hace vigilada. "Allí todo es juzgado y vigilado, cualquier cosa vale para estigmatizarme, si la abrazo, si no lo hago, si la niña se demora en la despedida o si se va deprisa. Todo es válido para realizar informes demoledores contra mí", reconoce apesadumbrada.

Unos informes que para Costumero son fiel reflejo de instituciones crueles con miles de casos como el suyo que, en lugar de velar por el bien máximo de los menores, hace todo lo contrario. "Estamos en manos de asociaciones llamadas sin ánimo de lucro, de profesionales que lejos de dar apoyo, de empatizar, nos diagnostican y nos juzgan. Emiten informes demoledores de consecuencias terribles. El daño está hecho y es irreparable, tanto mi hija como yo estamos marcadas para siempre", añade. "Esta violencia institucional no es solo hacia mí, también es hacia mi familia, mis padres son mayores, adoran a su nieta y no pueden estar con ella. Sus primas crecen viéndola apenas media hora. Nos tratan como a delincuentes y no somos dos, somos muchas madres las que pasamos por esto. Esto tiene que terminar", añade.

Por otro lado, esta madre urge a revisar protocolos y mirar con lupa las concesiones externas a empresas "que potencian y fomentan la mayor arma de destrucción contra las mujeres y la infancia" como es el Síndrome de Alienación Parental o SAP. "Este síndrome nos está matando. Somos miles en esta situación. En cuanto denunciamos nos lo colocan, a veces no con su nombre real sino con sus seudónimos, pero la doctrina es la misma, no colaboras, obstaculizas, no se permite una palabra sobre el padre que no sea un halago, si hacemos crítica de su forma de tratar a nuestros hijos nos los arrancan", dice.

Además de los encuentros de ambas en dicho lugar, los martes y viernes la recoge del colegio para entregarla por la tarde en la casa paterna y los domingos habla con ella por teléfono diez minutos. "Los encuentros con ella son maravillosos para las dos, insufribles en el momento de despedirnos, pasa el tiempo volando", cuenta.

Un maltratador nunca es un buen padre

Por otro lado, esta madre señala otra realidad dolorosa. Es la de no poder apuntar al máximo responsable de su situación que es su expareja como "padre" maltratador por no tener sentencia condenatoria. "Está claro que los padres aprovechan el sistema en su máximo exponente para seguir controlando, dominando. Ver un padre llorar frente a uno de estos profesionales en los puntos de encuentro es algo muy habitual. Si lloramos nosotras somos manipuladoras, pero si lloran ellos provocan una total empatía. El sistema que nos condena, que nos atosiga, nos cuestiona, la poca credibilidad que se le da a mi hija no es protegerla, es imponerle un modo de vida, a quien querer y a quien no", dice.

Aunque Irune Costumero tiene claro que ni a ella se le va a poder "devolver nunca la dignidad robada" ni a su pequeña "la infancia robada", alberga todas las esperanzas de que por fin su historia acabe de forma feliz. "Nunca nos podrán devolver nada de lo que nos quitaron. Como te digo ya estamos dañadas, es como un jarrón de porcelana que se cae, se deshace en mil pedazos, lo puedes pegar, pero ya no será el mismo. Eso nos pasa a mi hija y a mí, ya nunca seremos las mismas. Sin embargo, albergo todas las esperanzas, sino sería imposible vivir. Voy a luchar hasta el final. Hasta mi último aliento. Hasta que no tenga fuerzas. Es mi hija lo más valioso que tengo, maravillosa, le quitaron todo de la noche a la mañana, y aun así siempre tiene una sonrisa para mí y un abrazo para sus abuelos, para sus primas", finaliza.