Los directivos de Castor afirman en el juicio que nadie percibió temblores al inyectar gas

Los máximos directivos de la empresa que gestionaba la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor, Recaredo del Potro y José Luis Matínez Dalmau, han declarado durante el juicio del "caso Castor" que "nadie percibió el más leve temblor".

El juicio  ha comenzado este lunes a las 10.30 en al Audiencia Provincial de Castellón, dónde han declarado dos directivos de Escal UGS (integrada por ACS  en un 66% y Enagas, por parte española, y CLP, por parte canadiense). En este se tratará de determinar la responsabilidad de los procesados en más de 500 seísmos que causó la inyección de gas en la plataforma submarina Castor, situada frente a las cosas de Vinaròs (Castellón) y clausurada desde 2017. 

Además de los dos acusados declararán, a lo largo de once sesiones, un total de 189 testigos, 6 testigos peritos y 35 peritos.

La abogada del bufete BCV Lex, Esther Abellán, que representa a la Asociación de afectados por la plataforma Castor (Aplaca) como acusación particular, ha informado de que pedirán una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los 123 vecinos afectados por los seísmos.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos, más de 500, que notaron vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona. Algunos de ellos fueron sentidos por la población y nueve causaron "daños de consideración" en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.

Hubo 123 afectados por los temblores provocados por el proyecto Castor, en total se detectaron 552 seísmos 

Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por "la ola de pánico generalizado" consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.

La acusación popular pide siete años de prisión para los dos directivos del exconcesionario Escal UGS por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico".

"Nadie percibió el más leve temblor"

El presidente de Escal UGS y su consejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Matínez Dalmau, han declarado este lunes que durante ese proceso "nadie percibió el más leve temblor". La actividad que llevó a cabo la empresa en 2013 "no ha alterado" la peligrosidad en la falla de Amposta, han declarado en el que desde este lunes se sigue desde este lunes contra ellos en la Audiencia de Castellón.

Asimismo defendieron que la peligrosidad de esa falla sigue siendo la más baja de España, a la vez que dijeron que durante el proceso se cumplieron todos los protocolos de seguridad. Del Potro ha explicado, a preguntas de la fiscal, que se conocía la existencia de microsismicidad en la zona pero que se daba la misma en dos ejemplos en plantas que todavía funcionan.

Añadió que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) había determinado que lo mayor que podía producirse en la zona de inyección (frente a las costas de Vinaròs) era un seísmo de 4,7 grados, una cifra "lejos de suponer un riesgo real".