Desde 2019 se han cerrado 23 centros concertados en Catalunya. Algunos de ellos se han reconvertido en públicos, mientras que otros han cerrado definitivamente y se han despedido de su alumnado. Es una situación provocada, principalmente, por el constante descenso de la natalidad, que ha bajado un 37% desde 2008 en esta comunidad. Pero este hecho no afecta solo a las escuelas concertadas: las públicas también se ven amenazadas por esta nueva realidad demográfica. El movimiento en defensa de la escuela pública —agrupado bajo la plataforma La Pública, l’Escola de Tothom— protestó en marzo por el cierre de 111 líneas el próximo curso, con 43 grupos menos en Infantil 3 (I3) y 68 menos en 1º de la ESO. 

La Fundació Bofill ya había alertado en febrero de que 116 centros educativos —de primaria, secundaria o que ofrecen ambas etapas— estaban en riesgo de cierre por "falta de planificación" del Departament d'Educació. En concreto, el estudio señalaba que peligraban 63 etapas de centros concertados y 57 de centros públicos, distribuidos en 45 municipios distintos. 

La entidad denunciaba que "Catalunya lleva décadas tomando decisiones de espaldas a la realidad demográfica", a pesar de que el descenso de la natalidad no es ninguna sorpresa y la llegada de alumnado recién llegado no lo compensa. El diagnóstico era claro: menos alumnos en todos los niveles el próximo curso, sobreoferta de plazas de I3 en la escuela concertada, debilitamiento del sector público, más centros con una sola línea y masificación en secundaria. 

Uno de los datos más significativos del estudio es que el 58% de los centros del país tienen un solo grupo de I3, lo que fomenta "dinámicas de competencia", propicia "grupos más homogéneos" y alimenta "la segregación escolar". Según la entidad, aunque hay centros concertados en riesgo, "la tendencia a eliminar líneas se da sobre todo en la red pública". 

"El sistema de planificación es diferente para cada red. La administración puede cerrar líneas en la pública en la oferta inicial, antes de que las familias elijan escuela. En cambio, en la concertada esto no es posible por la normativa vigente. Puede que después del proceso de matriculación se cierren líneas concertadas porque no hay suficiente alumnado, pero para entonces ya se ha debilitado la pública y se ha condicionado la elección de los padres", advierte a Público la impulsora de la estrategia contra la segregación escolar en la Fundació Bofill, María Segurola. 

Este febrero, Educació anunció la oferta inicial para el curso 2025-2026: preveían 3.004 grupos de I3, 25 menos que los actuales (23 en la escuela pública y 2 en la concertada), y 2.844 grupos de 1º de la ESO, 58 menos, todos de la pública. Planeaban mantener todas las líneas de la concertada. "No podemos seguir como hace 20 o 30 años. Los recursos económicos no son abundantes y hay que usarlos de forma inteligente, pensando en el alumnado real que hay ahora en las aulas", añade. 

El reclamo de la escuela pública 

Ante esta amenaza, las Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) impulsaron en marzo La Pública, l’Escola de Tothom, una plataforma a la que se han adherido sindicatos como USTEC, CCOO, CGT o la Intersindical y entidades como Dignitat 0-3, Escoles contra la Segregació o el Sindicat de Llogateres, entre muchas otras. "Vemos cómo en muchos municipios se mantienen intactas las líneas concertadas mientras se cierran las de la pública. Es una decisión política", lamenta Iolanda Segura, portavoz de USTEC. 

Segura defiende que habría que "hacer una radiografía del alumnado, ver cómo está la natalidad y cubrirlo prioritariamente con la pública". Lo que "quede", dice, lo puede "cubrir" la concertada, pero como "subsidiaria". La portavoz de USTEC tiene claro que el objetivo final es una red pública única, aunque es consciente de las dificultades que eso implica. Según Segurola (Fundació Bofill), un 30% del alumnado de Catalunya está escolarizado en la concertada, además de que existen "resistencias políticas y sociales a regularla". 

En este contexto tan complejo, la Fundació Bofill apuesta por la "fusión y transformación de centros", por un "nuevo decreto de conciertos" que regule la sobreoferta, por reducir las ratios en secundaria y por mejorar la atención al alumnado recién llegado. Lo que la entidad constata sin lugar a dudas es que la Generalitat tiene que "pasar a la acción" y hacer una reformulación profunda del sistema educativo para adaptarlo a la nueva realidad demográfica, con una visión a diez años vista. 

"Hay que aprovechar la renovación de conciertos que se hará en el curso 2026-2027. Normalmente se hace de forma automática, pero debería basarse en criterios claros: si el centro escolariza alumnado vulnerable, de proximidad, si contribuye al equilibrio de la red, si reduce ratios y si hay suficiente padrón. Si no se cumplen estos requisitos, quizá no haga falta renovar el concierto", explica Segurola, que advierte de que si la Generalitat "no se pone manos a la obra ahora", en los próximos años "pagaremos las consecuencias de esta falta de planificación". 

Tanto Segura (USTEC) como Segurola (Fundació Bofill) tienen claro que hay que garantizar la oferta pública y "preservarla como pilar fundamental del sistema". "Tenemos que aprovechar la oportunidad que ofrece la bajada de la natalidad para mejorar la calidad educativa, por ejemplo, reduciendo ratios. Pero eso hay que hacerlo pensando en toda la red, no solo recortando la pública", continúa la experta de la fundación. 

El Departament d'Educació, por su parte, ha denegado provisionalmente el concierto a 99 grupos por no haber alcanzado el mínimo de alumnos requeridos. En concreto, se trata de 51 grupos de infantil, 40 de primaria y 8 de ESO, según se publicó el pasado 30 de junio en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Es una primera revisión para determinar qué grupos mantienen o pierden el concierto, pero la segunda se hará en septiembre, una vez empezado el curso y cuando los centros aún puedan recibir alumnos en el marco del proceso de matrícula viva. 

Reducción de ratios y más inclusión 

La negociación de las ratios en la escuela concertada se hace centro a centro, mientras que en la pública es la administración quien fija el número en una mesa de planificación local. "Debería ser así en todas partes. Cuando en un municipio hay centros concertados que deciden no bajar la ratio y siguen saliendo con 25 alumnos por grupo, mientras que los centros públicos salen con 18 o 19, se genera un desequilibrio. Todos los centros deberían llenarse, con una ratio baja e igual para todos", defiende Segurola. 

La experta recuerda que si llegan alumnos a mitad de curso y las concertadas tienen ratios muy altas, serán las públicas las que, en su mayoría, absorban a estos estudiantes, con las complicaciones que eso supone. "La consellera Esther Niubó ha dicho que esta es la primera vez que se planifica teniendo en cuenta la matrícula viva. Ahora bien, no se puede hacer esta previsión solo con las escuelas públicas. No puede ser que se financien con dinero público y luego los centros concertados no asuman parte de la responsabilidad que les corresponde", sentencia. 

La responsable de la Fundació Bofill insta, finalmente, a la Generalitat a tener una "visión global", a "fijar unas normas claras" y a "hacer que todo el mundo juegue en beneficio colectivo". La opinión de Segura (USTEC) va en la misma línea, y anima a las familias a no dejarse llevar por los prejuicios, ya que la escuela pública es de "mucha calidad y con muy buenos profesionales". "Lo que hace falta es que toda la comunidad educativa luche para hacer crecer esa calidad, porque eso beneficia a toda la sociedad. Y es ahí donde se pueden fomentar los valores de solidaridad, justicia social e igualdad", concluye.